La Suprema Corte de Justicia del acordeón —esa que estrenó ministros hace un año, empujados por Morena con la pedagogía electoral del papelito doblado— empieza a parecerse menos a un tribunal constitucional y más a una oficialía de partes del poder. El vaticinio, por desgracia, va camino de cumplirse: arruinaron a la Corte, es decir, la capa de protección jurídica que todavía podía frenar al Ejecutivo y a su mayoría parlamentaria.
No se trata sólo de que la Corte haya perdido músculo político o prestigio institucional. El problema es más grave: está perdiendo, en los hechos, uno de sus principales instrumentos de control constitucional. La acción de inconstitucionalidad —la vía diseñada desde la reforma judicial de 1995 para impugnar leyes contrarias a la Constitución— casi ha desaparecido de la conversación legislativa.
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— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) May 25, 2026
«CATERVA de TALEGONES: SUPREMA CORTE de JUSTICIA de los ACORDEONES RESUELVE 10% MENOS CASOS que la ANTERIOR»…bajo transparencia estilo cortina de baño.https://t.co/Jdc8Gww78c pic.twitter.com/7fTEvM0YiC
Durante 2025 y lo que va de 2026, el máximo tribunal apenas recibió tres acciones de inconstitucionalidad contra normas federales. Dos terminaron desechadas; la única que sigue viva fue promovida en julio por el PRI, contra la reforma sobre integridad de candidaturas. Tres intentos, dos cadáveres procesales y un expediente todavía respirando: ése es el saldo de una justicia que antes servía, al menos, para ponerle un alto a las ocurrencias constitucionales del poder.
La consecuencia es evidente. La agenda legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum ha transitado prácticamente sin pasar por ese filtro. Las reformas avanzan por el Congreso, donde Morena y sus aliados dominan ambas Cámaras, y llegan al Diario Oficial sin que exista una oposición institucional con capacidad real —o voluntad política— de activar el control constitucional.
En el sexenio anterior, el escenario era otro. Las reformas relevantes de Andrés Manuel López Obrador solían terminar frente a la Corte: el llamado Plan B electoral, la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena y otras piezas centrales del proyecto obradorista fueron combatidas mediante acciones de inconstitucionalidad. Varias acabaron invalidadas por la anterior integración del tribunal, que todavía ejercía como contrapeso y no como acompañamiento.
Hoy el mecanismo luce desactivado. Y no únicamente porque varios ministros llegaron respaldados por la maquinaria política de Morena, sino porque quienes pueden promover estas controversias —minorías legislativas, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— operan dentro de un ecosistema donde el oficialismo domina el Congreso y las instituciones llamadas a cuestionarlo parecen haber perdido el apetito por hacerlo.
La tragedia jurídica no es que la Corte ya no invalide leyes. La tragedia es que cada vez llegan menos leyes para ser revisadas. Cuando no hay quien impugne, no hace falta tribunal independiente: basta con una mayoría, un acordeón y la obediencia suficiente para convertir la Constitución en mero decorado.
Con información: ELNORTE/
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