Morelos presume pacificación mientras sus cifras parecen el parte cotidiano de un territorio abandonado: entre enero y septiembre, 70 mujeres fueron asesinadas, una cada cuatro días. No es una metáfora de guerra; es el saldo de un estado de menos de 2 millones de habitantes donde la violencia contra las mujeres avanza con la puntualidad de un reloj y la autoridad responde con el habitual lenguaje de oficina: carpetas, clasificaciones y condolencias.

El asesinato en Cuautla de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), no sólo expuso otro feminicidio: volvió imposible ignorar el tamaño de la barbarie.

Tacoronte, de 21 años, había llegado desde la Universidad de Granada hacía menos de un mes para cursar un semestre. El sábado fue atacada con arma blanca; su muerte se investiga como feminicidio. En un estado que presume paz, una joven que cruzó el Atlántico para estudiar terminó atrapada en una geografía donde ser mujer parece implicar una sentencia cuya ejecución puede llegar en cualquier esquina.

De las 70 mujeres asesinadas en Morelos durante los primeros nueve meses de 2026, 22 casos fueron registrados como feminicidio y 48 como homicidio doloso, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La diferencia no es menor: en México, la burocracia suele convertir la violencia machista en un problema de etiquetas. Si la víctima no encaja con precisión quirúrgica en el expediente, su asesinato se archiva bajo otra categoría, como si cambiarle el nombre a la atrocidad redujera la atrocidad.

Cuatro alumnas, siete meses

Tacoronte fue la cuarta estudiante vinculada con la UAEM asesinada o localizada sin vida en apenas siete meses. La secuencia no admite eufemismos ni discursos de gobierno:

  • Kimberly Joselín Ramos, de 18 años, fue localizada sin vida el 2 de marzo en Cuernavaca.
  • Tres días después, fue encontrado el cuerpo de Karol Toledo, también de 18 años y estudiante de la UAEM.
  • El 2 de junio fue localizada sin vida Michelle Itzayana Fuentes, de 15 años, quien había desaparecido nueve días antes en Yautepec.
  • Claudia Tacoronte, de 21 años, fue asesinada el sábado en Cuautla, menos de un mes después de llegar a México.

Cuatro jóvenes. Dos de ellas apenas 18 años; una tenía 15. No son “hechos aislados”, esa expresión que los gobiernos usan como cinta adhesiva sobre una hemorragia. Son víctimas de un patrón: desapariciones que se prolongan días, cuerpos localizados sin vida, ataques con arma blanca y autoridades que parecen llegar siempre después, cuando ya no hay nada que proteger salvo la estadística.

La paz de propaganda

Bajo el gobierno de la morenista Margarita González, Morelos se mantiene entre los primeros lugares nacionales en feminicidio, violación y otros delitos cometidos contra mujeres. La pacificación de la que se presume no se parece a la seguridad: se parece más a una campaña publicitaria instalada encima de una fosa.

La comparación con Sinaloa desarma cualquier intento de minimizar el problema. Sinaloa, con cerca de 3 millones de habitantes y una guerra abierta entre facciones del Cártel de Sinaloa —con homicidios, desapariciones y ataques armados como paisaje diario— acumuló 64 homicidios dolosos de mujeres. Morelos, con casi 2 millones de habitantes, registró 70.

Dicho de otro modo: Morelos superó en asesinatos de mujeres a un estado más poblado y atravesado por una confrontación criminal abierta. No necesita convoyes con armas largas recorriendo avenidas para exhibir el colapso; le basta con permitir que las mujeres sigan cayendo una por una, cada cuatro días, bajo una normalidad que resulta más siniestra que cualquier balacera.

Un Estado ausente

Hay lugares del mundo donde la ausencia de gobierno se mide por la presencia de milicias: zonas de Somalia donde mandan grupos armados, regiones de Haití donde las pandillas sustituyen al Estado, o territorios de guerra donde una persona aprende que la policía no llegará. Morelos ofrece una versión administrativamente más pulcra del mismo abandono: oficinas abiertas, discursos oficiales, patrullas, conferencias y, sin embargo, mujeres asesinadas con una regularidad que debería activar todas las alarmas.

Allá, la ausencia del Estado se reconoce porque no hay Estado. Aquí la crueldad es más sofisticada: hay gobierno, pero no alcanza; hay instituciones, pero no protegen; hay cifras, pero no consecuencias. La autoridad existe para contabilizar cadáveres, clasificar expedientes y administrar el escándalo hasta que llegue la siguiente víctima.

La pregunta, entonces, no es si Claudia Tacoronte habría estado más segura en la jungla del Amazonas. La pregunta es por qué, en Morelos, una estudiante extranjera que vino a aprender, una adolescente que desapareció durante nueve días y dos jóvenes de 18 años encontraron menos resguardo que el que se espera de cualquier lugar donde todavía exista una mínima idea de gobierno.

Con información: ELNORTE/

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