La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no da a México pruebas de lavado de instituciones financieras, su Gobierno no reconocerá el delito, pero lo hizo con un tono que mas parece tener la intención de exculpar que de castigar.
El contexto
Como se sabe,el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres instituciones financieras mexicanas (CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa) por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo y otros opioides, señalando su papel en la cadena de financiamiento de cárteles mexicanos, peroy en uno de los casos, el de Vector Casa de Bolsa,su propietario Alfonso Romo,esta ligado al ex-presidenete López Obrador y al actual Secretario de hacienda.
#cdmx,#reynosafollow,#mtyfollow,#slp,#guadalajara,#tijuana,#verfollow,#culiacan,#cdjuarez,#queretaro “AHORA que DECIMOS SHEINBAUM”: “EE.UU ACUSA a VECTOR CASA de BOLSA de OPERAR SOBORNOS del CARTEL de SINALOA a GARCIA LUNA y DUEÑO FUE JEFE de la PRESIDENCIA y le HABLA al OIDO a… pic.twitter.com/ph2amKdp2d
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) June 26, 2025
¿Las declaraciones buscan castigar o exculpar delitos?
1. Exigencia de pruebas: estándar judicial básico
Sheinbaum enfatiza que “si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar como en cualquier delito» y la Secretaría de Hacienda señala que sólo se encontraron faltas administrativas, ya sancionadas, y que hasta ahora no se ha recibido evidencia contundente de actividades ilícitas
¿Qué revelan realmente estas declaraciones?
A. ¿Defensa institucional o protección de intereses?
- El discurso de Sheinbaum se apega a la legalidad, pero también puede percibirse como una defensa institucional ante acusaciones que afectan la reputación del sistema financiero mexicano y de figuras cercanas al poder (como Alfonso Romo, exjefe de gabinete de AMLO y vinculado a Vector).
- La insistencia en que “no hay pruebas” y que las transferencias observadas son operaciones comerciales habituales puede interpretarse como un intento de minimizar la gravedad de las acusaciones, sobre todo cuando el Departamento del Tesoro sí publicó un desglose de transacciones sospechosas.
B. ¿Postura de colaboración o de bloqueo?
- México y EE.UU. mantienen mecanismos de cooperación en inteligencia financiera y combate al lavado de dinero. Sin embargo, la exigencia de pruebas “contundentes” antes de cualquier acción puede ser vista como una barrera burocrática si se percibe que el estándar de prueba requerido es excesivamente alto o si hay reticencia política a investigar a personajes influyentes.
C. ¿Mensaje político interno y externo?
- Internamente, la postura refuerza la imagen de un gobierno que no se deja presionar por EE.UU. y que defiende la soberanía nacional, lo cual es políticamente rentable.
- Externamente, puede ser interpretada como una señal de que México no actuará con base en presiones externas, pero también puede alimentar la percepción de falta de voluntad para combatir el lavado de dinero si no se actúa ante indicios razonables.
Conclusión
Las declaraciones de Claudia Sheinbaum, aunque se fundamentan en el principio jurídico de presunción de inocencia y exigencia de pruebas, también pueden ser vistas como una defensa institucional que busca proteger la reputación del sistema financiero mexicano y de figuras cercanas al poder.
Si bien ella ve una ausencia de evidencia, esto no necesariamente es evidencia de esa ausencia, pero lo esta aprovechando como resquicio para exculpar delitos de manera deliberada, el tono y la insistencia en la falta de pruebas pueden interpretarse como una postura más inclinada a la protección que al castigo, especialmente en un contexto donde las acusaciones afectan a actores relevantes del ámbito político y financiero mexicano.
La clave estará en observar si, ante la eventual presentación de pruebas más detalladas por parte de EE.UU., el gobierno mexicano actúa con esa transparencia y rigor que presume o si va continúar argumentando insuficiencia probatoria para evitar sanciones penales de fondo. Por ahora, la narrativa oficial prioriza la defensa ante acusaciones externas y la exigencia de pruebas, lo que puede interpretarse tanto como una postura de Estado de derecho como una estrategia de blindaje político.
Con informacion: ELNORTE/
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