La 4T ya no disimula: ahora tampoco le interesa. El Instituto Nacional Electoral (INE), ese que durante años fue incómodo por su relativa autonomía, acaba de ser domesticado por la vía más burda pero efectiva: mayoría legislativa, disciplina partidista y perfiles a modo. No fue una reforma constitucional estruendosa; fue algo más quirúrgico: cambiar a las personas correctas.

Con 334 votos a favor —y el rechazo testimonial de una oposición que grita pero no impide— Morena y sus aliados colocaron a tres nuevos consejeros electorales que sustituyen a perfiles incómodos por otros funcionales. Arturo Manuel Chávez, operador con historial en la estructura gubernamental de la 4T; Blanca Yassahara Cruz y Frida Denisse Gómez Puga, ambas con trayectorias que difícilmente pueden presumir distancia del oficialismo. No son ciudadanos incómodos para el poder: son piezas previsibles.

El resultado es matemático y político: de 11 consejeros, al menos 8 alineados con el proyecto gobernante. Es decir, mayoría calificada dentro del árbitro electoral. Traducido al castellano simple: el gobierno ya no solo compite en la cancha, también tiene control sobre quien marca las faltas.

Y aquí es donde el discurso oficial se vuelve irrelevante. Porque mientras Morena insiste en que todo fue “legal”, el problema nunca ha sido la legalidad formal. También las democracias en retroceso votan, legislan y cumplen procedimientos. Lo que se erosiona no es la norma escrita, sino la independencia real.

El panista Germán Martínez lo dijo sin maquillaje: consejeros fabricados con “filias, fobias, venganzas y premios”. Puede sonar estridente, pero describe con precisión el método político: lealtad antes que capacidad, afinidad antes que autonomía. Un INE “genuflexo con el poderoso y riguroso con la oposición”, en sus palabras. La frase clave, sin embargo, fue otra: “una elección con el ladrón detrás del juez”. No es metáfora exagerada; es advertencia institucional.

Del lado oficial, la defensa fue la de siempre: legalidad, institucionalidad y llamados abstractos a la imparcialidad. Pero pedir independencia a perfiles construidos desde el poder es como pedirle neutralidad a un empleado del patrón. No es una expectativa realista, es propaganda.

Y si alguien piensa que esto es un exceso retórico doméstico, basta mirar el Informe V-Dem 2026. El instituto sueco no habla en caliente ni en tribuna: mide tendencias. Y lo que encuentra en México no es una anécdota, sino un patrón consistente de deterioro democrático. El diagnóstico es claro: el país atraviesa un proceso de desmantelamiento institucional impulsado desde el poder electo. No un golpe de Estado clásico, sino algo más sofisticado y peligroso: el autoritarismo por goteo, legitimado en las urnas.

V-Dem coloca a México en una trayectoria donde las instituciones que deberían contener al poder —tribunales, órganos autónomos, árbitros electorales— son gradualmente subordinadas. No desaparecen; se transforman en extensiones funcionales del Ejecutivo. Justo lo que hoy ocurre con el INE.

La concatenación es evidente: primero se desacredita al árbitro, luego se coloniza, finalmente se utiliza. El ciclo está casi completo.

Porque cuando el órgano encargado de garantizar elecciones libres deja de ser creíblemente independiente, la democracia no muere de inmediato. Sigue votándose, siguen existiendo partidos, siguen contando los votos. Pero el terreno ya está inclinado. Y en política, inclinar la cancha es mucho más eficaz que cerrarla.

Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados no es un episodio aislado. Es la confirmación de una estrategia más amplia: concentrar poder sin romper formalmente las reglas. Un autoritarismo que no necesita tanques, porque le basta con mayorías legislativas disciplinadas y oposiciones fragmentadas.

El problema no es que Morena gane elecciones. El problema es que ahora también diseña las condiciones en las que se ganan.

Y eso, como advierte V-Dem, ya no es una democracia funcional. Es otra cosa.

Con informacion: ELNORTE/

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