Lo que seguramente el gobierno de Morena y Americo Villarreal en Tamaulipas, venderán como “incidente aislado” contra un taller mecánico, propiedad del diputado de Morena,Marco Gallegos,que ayer fue incendiado por el Cartel del Golfo en Reynosa,no solo exhibe la violencia que tiene a ciudadanos con percepción de altísima de inseguridad (86.1%) en la mas reciente medición del miedo del INEGI, exhibe tambien la falta de pulcritud de un gobierno que le entregó sin rubor al legislador el mantenimiento y reparación de patrullas de la Guardia Estatal,pero ademas una estrategia criminal que tiene amenazados talleres mecánicos que se atrevan a reparar el parque vehicular policial.

De la detención al incendio

Reynosa tuvo ayer una madrugada violenta tras la captura de Alexander Benavides Flores ,alias “R9”, asi señalado en el Registro Nacional de Detenciones,aunque en redes se le reconoce como «M9/Metro-9», un operador de medio pelo de la facción del Cártel del Golfo que acababa de asumir funciónes operativas, lo que desató bloqueos, balaceras, quema de vehículos y ataques que se prolongaron a la frontera chica.

Fue en este mismo contexto que se reportó la quema de un taller mecánico donde había unidades de la Guardia Estatal, mientras el gobierno vendía el parte oficial como “situación bajo control” a las pocas horas.

En paralelo, en redes y prensa local se colocó el dato incómodo: el taller incendiado es de Marco Gallegos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Tamaulipas, con negocios en el ramo de servicios y contratos ligados a seguridad.

Es decir, los que legislan y reciben contratos de seguridad están recibiendo en carne propia el mensaje del grupo que realmente manda la “seguridad” en Reynosa.

El mensaje al diputado (y al Estado)

Un hilo de X resume la narrativa que todos repiten en corto: no fue solo fuego, fue un memorándum criminal.

Ahí se habla de rencillas entre delincuencia, pleito por contratos y señalamientos contra gente cercana al diputado, incluyendo a un tal Alejandro López, mencionado en redes como presunto prestanombres.

Cuando le prenden fuego a un negocio vinculado al diputado que preside Seguridad, el recado no es “te odiamos, Marco”, es “controlamos el tablero completo, del Congreso a los talleres”.

El incendio se da exactamente en la misma madrugada de represalias por la captura del Metro 9 que recien habia desafiado al gobierno con el derribo de videocámaras de vigilancia, mostrando que el Cártel del Golfo ya integra en una sola jugada: presión política, castigo económico, demostración territorial , no solo complicidad con el gobernador.

Guerra al paquete vehicular

Hay otro nivel de cinismo: el fuego no solo va contra el patrimonio del legislador, sino contra el paquete vehicular que sostiene el aparente “Estado de derecho”.

Desde hace semanas, incluso meses, circulan la versiones del asedio criminal del CDG a mecánicos de Reynosa que están amenazados si reparan patrullas de la Guardia Estatal, convirtiendo la logística de mantenimiento en blanco de guerra. Lo mismo pasa con el arreglo de llantas tras el uso de ponchallantas que ha obligado a la propia policias a adquirir equipos para «parcharlas» ellos mismo,aunque el estado de derecho se dificulte repararlo.

Aqui no se trata solo de quemar cámaras del C5 o bloquear carreteras, sino de estrangular la operatividad: sin talleres, sin refacciones, sin mecánicos, la “seguridad pública” se queda en comunicados de WhatsApp y fotos de operativos simulados.

El incendio del taller de Gallegos, donde se retiraron también unidades afectadas, embona perfecto con esa estrategia de sabotaje a la infraestructura móvil del Estado.

Otra vez la sombra de “La Chispa”

En este tablero aparece otra pieza, la misma de siempre: Mario Guitian Rosas, alias “La Chispa”, señalado en reportes de inteligencia y crónicas locales como operador del Cártel del Golfo en Reynosa y hombre con vínculos políticos muy finos con el gobernador del estado.

Se le atribuye, junto con el “Comandante Mono”, el control de todas las extorsiónes,lo mismo la industrial a maquilas, comedores y transporte, que la renta mensual a cuya cobro tiene sometidos a ciudadanos que se soban el lomo, bajo total permisividad del gabinete de Américo Villarreal que ademas le ha otorgado contratos, como afirma la prensa nacional.

Meses antes ya se había documentado otra quema vinculada a una recicladora controlada por este entorno criminal, episodio que incluso llegó a la prensa nacional por la mezcla tóxica de exmilitar, negocio “legal” y protección oficial.

El libreto es el mismo: fuego selectivo, mensaje político, silencio institucional y un gobernador que presume “gobierno humanista” mientras sus supuestos enemigos hacen control de daños con gasolina y cerillos a la vista de EE.UU

Metro 9, videovigilancia y sabotaje

La captura de Metro 9 no fue solo un arresto, fue la oportunidad del Cártel del Golfo para demostrar otra vez que, aunque les agarren un mando de poca monta y que por cierto ya fue reemplazado siguen decidiendo qué se ve y qué no se ve en Reynosa.

Por algo, junto a la quema de vehículos y talleres, se registran los ataque sistemáticos contra cámaras del C5 y sistemas de videovigilancia: si el gobierno se esfuerza en poner ojos, ellos se encargan de dejarlos ciegos a balazos.

Ahí conecta la pieza de “La Chispa”: ya había sido retratado como operador que reta abiertamente al gobierno a seguir instalando videovigilancia “para tumbarla”, mostrando que su negocio no tolera cámaras ni rastros.

El resultado: un esquema en el que los mismos actores que extorsionan empresas y controlan el territorio, son los que sabotean físicamente el aparato de seguridad que debería acotarlos.

No fue un taller: fue un comunicado

Si uno junta los puntos, la narrativa oficial de “hechos vandálicos aislados tras la detención de un objetivo prioritario” se cae sola.

Tenemos a un Cártel del Golfo que: captura castigo (Metro 9) y el Cartel responde incendiando amplio sector de la ciudad, sabotea cámaras, estrangula talleres, y manda un aviso directo al diputado de Morena que preside Seguridad, todo bajo la tolerancia de un gobierno que comparte vasos comunicantes con operadores como “La Chispa”,entre ellos el Secretario General del Gobierno,Hector Joel Villegas,alias El Calabazo,ligado a delitos federales en todas sus manifestaciones en Tamaulipas con el AVAL del gobernador.

La lectura irreverente es sencilla: en Tamaulipas el poder de fuego escribe la agenda de seguridad, los contratos se dirimen con gasolina y las comisiones legislativas son solo escenografía inflamable.

Si esto es “humanismo bajo control”, entonces el que realmente controla ya dejó claro que los talleres, las patrullas, los mecánicos y los diputados caben en la misma pira, cuando haga falta mandar otro mensaje.

Con informacion: @Furia_Tinta/ Medios/

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