ValorTamaulipeco

En la Montaña baja de Guerrero no hay “vacíos de poder”; hay presencia selectiva del Estado. Presencia que observa, calcula… y decide no intervenir.

Mientras el discurso oficial insiste en que la estrategia de seguridad “atiende las causas” y “contiene la violencia”, en Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán la realidad se escribe con drones explosivos, trincheras criminales y comunidades enteras huyendo. No es una metáfora: un grupo armado —“Los Ardillos”— pudo desplegar ataques aéreos rudimentarios y posicionarse a escasos 200 metros de una base militar sin que nadie, absolutamente nadie, activara una respuesta efectiva.

#cdmx #reynosa #guadalajara #culiacan
«CARTELES GOBIERNAN MEXICO ?: «TRUMP TIENE RAZON pero el CRIMEN ORGANIZADO NO SUSTITUYE al ESTADO,lo INFILTRA,lo DOBLA y lo ALQUILA»…no es que despachen en palacio nacional. https://t.co/NmNTir9FBE pic.twitter.com/Rc3NMCMCnJ

— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) May 9, 2026

Eso no es falla. Es tolerancia.

Las denuncias del CIPOG-EZ no son nuevas ni aisladas. Son la continuidad de un patrón: comunidades indígenas que resisten la cooptación criminal y, por ello, son castigadas con violencia sistemática… y abandono institucional. Desde 2016, los números son contundentes: 76 integrantes asesinados, 25 desaparecidos. ¿Cuántos informes más necesita el Estado para reconocer que su estrategia no está protegiendo a las personas, que es —en teoría— su función primaria?

#cdmx,#reynosafollow,#mtyfollow,#slp,#verfollow,#guadalajara,#acapulco,#cdvictoria "NO SOLO AMERICO" : ACUSAN a GOBERNADORA MORENA de GUERRERO de PROTEGER al CRIMEN ORGANIZADO"…asi ganan elecciones que se pagan con "desgárriate". https://t.co/ueZUBcyANA pic.twitter.com/aRYRQyfNR4

— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) March 6, 2023

Porque conviene recordarlo: la seguridad pública no es un programa social, ni una narrativa política, ni una conferencia matutina. Es una obligación constitucional concreta: garantizar la vida, la integridad y los bienes de las personas, en ese orden. Y en Guerrero, esa obligación está siendo incumplida de manera flagrante.

Más de mil familias desplazadas. Pueblos prácticamente vacíos. Niños, mujeres y adultos mayores bajo fuego. Y frente a ello, la respuesta institucional es el silencio administrativo, la omisión operativa y, en el peor de los casos, una sospechosa pasividad que raya en la complicidad.

Un ejemplo de los llamados “narcopueblos” en México:

Zonas rurales donde no existe otra autoridad más que la de los cárteles…

Aquí vemos sicarios del Cártel de la Sierra, también conocidos como Los Tlacos, en un punto de control y revisión en las entradas de Carrizalillo, en… pic.twitter.com/6jlRrAD6m0

— Jose Valdez 🇸🇻 (@JoseValdezSV) May 9, 2026

Porque cuando un grupo criminal puede instalar una trinchera frente al Ejército sin consecuencias, el mensaje no es de debilidad: es de permisividad.

“Los Ardillos” no son un actor desconocido. Tienen estructura, territorio, historial criminal documentado y vínculos claros con economías ilícitas y disputas regionales. El Estado sabe quiénes son, dónde operan y cómo se mueven. Lo que no ha demostrado es voluntad para desarticularlos cuando atacan a población civil que no representa un riesgo político ni económico.

Y mientras tanto, la sofisticación de la violencia avanza. El uso de drones no es una anomalía, es la adaptación de los grupos criminales ante un Estado predecible, reactivo y, sobre todo, ausente en zonas donde no hay costo mediático inmediato.

La Montaña de Guerrero no está fuera del radar. Está fuera de las prioridades.

Por eso, cuando las comunidades advierten que si las matan o desaparecen la responsabilidad será del gobierno, no están lanzando una consigna ideológica: están haciendo una imputación política y moral perfectamente sustentada. Porque la omisión, en contextos de violencia previsible, también es una forma de responsabilidad.

La pregunta ya no es si la estrategia de seguridad está fallando. La evidencia indica que, en lugares como Guerrero, ni siquiera está operando bajo el principio más básico del Estado: proteger a quienes no pueden defenderse solos.

Y cuando eso ocurre, lo que se erosiona no es solo la seguridad. Es la legitimidad misma del poder público.

Con informacion: ELNORTE/