El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna decidió prenderle fuego al expediente desde su celda: acusa a la Secretaría de Marina de hacer lo que mejor sabe cuando el asunto incomoda—cerrar filas, esconder papeles y gritar “seguridad nacional” como contraseña mágica para no rendir cuentas

En su sexta carta, ahora dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, el marino no se anda con rodeos: dice que la Marina no solo le niega información a la FGR para su defensa, sino que además estaría jugando a fabricar culpables a la medida. Sí, como si el guion ya estuviera escrito y lo único pendiente fuera encontrar a quién colgarle el delito.

Farías describe un teatro bastante conocido: solicitudes de información bloqueadas, investigaciones frenadas y una institución que prefiere el silencio antes que aclarar los hechos. Todo, bajo el paraguas conveniente de la “seguridad nacional”, ese cajón donde caben desde secretos de Estado hasta vergüenzas administrativas.

La pregunta que lanza no es menor: si la información podría aclarar el caso, ¿por qué esconderla? ¿A quién protege realmente ese silencio? Porque, según él, lo que hay no es prudencia institucional, sino una obstrucción abierta a la justicia, al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Y remata con un señalamiento incómodo: la justicia en México parece tener tarifa diferenciada. A unos se les exige prueba sólida; a otros, dice, les basta un video anónimo de YouTube para abrirles carpeta, judicializarlos en tiempo récord y mandarlos directo a prisión. En su caso, nueve meses encerrado sin acceso pleno al expediente y con la defensa atada de manos.

El vicealmirante insiste en que su caso huele más a vendetta que a justicia. Que lo suyo no es un proceso, sino un castigo anticipado. Y que mientras él está tras las rejas, los verdaderos responsables —según su versión— siguen cómodamente fuera del foco.

El trasfondo no es menor: Farías está procesado desde septiembre por delincuencia organizada relacionada con huachicol fiscal. La acusación lo coloca, junto con el contralmirante Fernando Farías Laguna, en la supuesta cabeza de una red de corrupción en aduanas que habría permitido la entrada de 31 buques cargados de combustible ilegal entre 2024 y 2025 en Altamira y Tampico.

El detalle político tampoco pasa desapercibido: ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Es decir, esto no solo huele a combustible ilegal, también a fuego interno.

Por ahora, Farías sigue apostando a que alguien arriba rompa el pacto de silencio. Porque, si su versión es cierta, aquí no solo se trafica hidrocarburo: también se trafica verdad.

Con informacion: ELNORTE/

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