María Felicia Jiménez decidió quitarle el maquillaje al discurso oficial y exhibir, sin filtros, a otro ejemplar incómodo del ecosistema 4T: Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Pemex, acusado por su propia esposa de una cadena de agresiones que incluyen golpes y hasta intentos de asfixia.
No es mala leche de la oposición ,ni “campaña” de intervenciónismo de la ultradereha gringa,como suelen decir cuando algo incomoda: hay video. Cámaras domésticas que captaron lo que durante cuatro años —según ella— fue la norma detrás de la fachada del funcionario “intachable”.
El episodio ocurrió el 15 de marzo en Morelos, cuando el personaje todavía despachaba con poder. En las imágenes no hay ambigüedad: acorralamiento, jaloneos, golpes, manos al cuello y un intento sistemático de someterla mientras ella intenta, inútilmente, dialogar y defenderse.
La víctima lo dijo sin rodeos: no ha denunciado. ¿La razón? La vieja constante en México: enfrentarse al poder cuando el agresor tiene apellido, cargo y narrativa pública de hombre “respetable”. “Nadie me creería”, le repetía él. Hasta que las cámaras dijeron lo contrario.
Y del lado institucional, el libreto de siempre. Rodríguez Padilla, muy institucional, “dispuesto a colaborar” con las autoridades. La Presidenta, en gira, optando por el guion mínimo: “que se investigue” y “si ella quiere denunciar, que denuncie”. Ni una condena clara, ni una postura firme frente a un caso documentado de violencia brutal. Todo envuelto en el discurso de “tiempos de mujeres”, pero con respuestas que suenan a trámite.
Que dice la lógica jurídica:
Aquí hay un dato incómodo para el guion oficial: este no es un asunto de voluntad, es de ley.
En México, la violencia familiar y las lesiones —más aún cuando hay indicios de intento de asfixia— son delitos que se persiguen de oficio, no por simple querella. Es decir, no dependen de que la víctima “quiera” denunciar para que el Estado actúe. Basta la existencia de indicios, y en este caso sobran: un video, un testimonio directo y una narrativa consistente de agresión reiterada.
Un fiscal medianamente competente no esperaría a que la víctima cruce la puerta con una denuncia en la mano; abriría carpeta de investigación de inmediato. Porque cuando hay violencia física documentada, el Estado no “acompaña”: interviene.
Sostener que “si ella quiere denunciar, que denuncie” no es neutralidad institucional, es deslindarse de una obligación legal básica. En términos claros: no es un favor, es un deber.
Y si aún con video, evidencia y exposición pública la autoridad decide esperar… entonces el problema ya no es solo el agresor. Es el sistema que le sigue dando margen.
El contraste es incómodo: mientras el relato oficial presume avances, la realidad muestra a una mujer golpeada durante minutos, pidiendo aire y auxilio, frente a un agresor que actuaba con la confianza de quien se sabe protegido por algo más que cuatro paredes.
Otra historia donde el poder no solo administra petróleo… también silencio.
Con información: ELNORTE/
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