El juez Brian M. Cogan ha recomendado este viernes que Ismael El Mayo Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa, sea internado en un centro médico penitenciario federal, con lo que evitaría una cárcel de máxima seguridad. La decisión judicial responde a una de las peticiones del capo, de 76 años, en su acuerdo con la Justicia estadounidense para aceptar la condena a cadena perpetua impuesta el pasado 6 de julio.

El lunes, El Mayo fue sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico. El juez también ordenó el decomiso de 15.000 millones de dólares vinculados a su etapa criminal, una suma que su abogado ya ha asegurado que El Mayo no cumplirá.

El defensor del Mayo Frank A. Pérez fue el encargado de enviar la carta al juez en la que exponía que “como consecuencia de los graves delitos” que el capo había cometido, aceptaría ser sentenciado de por vida. Pero el abogado apuntaba al inicio del escrito que el líder criminal “lidia con un complejo cuadro de problemas de salud relacionados con la edad”, por lo que solicitaba que la prisión a la que fuera enviado debería estar “adecuadamente equipada para atender la necesidad de tratamiento médico del acusado”. Perez aseguró que con esa solicitud no buscaban un “trato especial”, sino que realmente “requiere un entorno médico o administrativo seguro”. “Él reconoce y acepta que la sentencia que imponga este tribunal. Excluirá cualquier posibilidad de ser liberado de su encarcelamiento”, añadió entonces el defensor.

El Mayo fue entregado en julio de 2024 a la Justicia estadounidense por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de su histórico socio Joaquín El Chapo Guzmán, en un movimiento que también supuso su rendición ante Washington. Ese secuestro —como lo definirían las autoridades estadounidenses— llegó de manera inesperada para El Mayo. El abogado aseguró el martes que el exlíder criminal “confiaba mucho” en los hijos del Chapo. “Por eso que se reunió con ellos. No lo vio venir [su entrega]. El secuestro le quitó mucho y lo derrumbó”, apuntó Pérez en entrevista con Milenio.

La sentencia en el tribunal de Brooklyn, Nueva York, exigía también el decomiso de los 15.000 millones de dólares ligados a su vida criminal.

Esto pone a revisión las propiedades del Mayo que, según admitió el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, son inexistentes en México. Las autoridades mexicanas no han encontrado propiedades a su nombre, pero sí relacionadas con el Cartel de Sinaloa.

El abogado del Mayo afirmó que “no hay forma” de que el líder criminal pueda pagar esa cantidad. “El Gobierno no le identificó ninguna propiedad, no identificaron nada. La gente a ese nivel no tiene nada a su nombre”, apuntó en la entrevista. La FGR informó el mismo martes que analizaría si México puede acceder a parte de los bienes y recursos de ese patrimonio construido con el narcotráfico. “Vamos a pedirle a la Fiscalía que revise”, dijo la presidenta, Claudia Sheinbaum, durante su habitual conferencia de la mañana.

La entrega del Mayo a Estados Unidos abrió pronto una grieta en el seno del Cartel de Sinaloa, donde dos de sus facciones —Los Mayos y Los Chapitos— mantienen una guerra abierta en el Estado sinaloense.

La violencia de los carteles se ha mantenido desde aquel julio de 2024, con Culiacán como principal escenario del conflicto.

Con información: Diario Español/El País/

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