Otra camioneta “abandonada”. Otro cargamento de cocaina que, por arte de magia, se queda sin dueño en el momento exacto en que aparece la autoridad. Esta vez, en Tonalá, Chiapas, la escena es casi poética: 834 kilos de cocaína, cuidadosamente empaquetados en 44 costales, reposando en una camioneta.

El Gabinete de Seguridad presume el golpe: un millón 660 mil dosis menos en las calles y un boquete de 181 millones de pesos en las finanzas del crimen. Las cifras suenan contundentes, casi épicas, hasta que uno se detiene a pensar que el cargamento aún no llegaba a su destino final, pues la ruta de esa mercancía blanca que “nadie” reclamó no se había completado.

Porque esos 834 kilos no nacieron en Chiapas. Detrás hay hectáreas enteras de hoja de coca cultivadas en el cono sur —principalmente en Colombia, Perú o Bolivia— donde cada hectárea produce, en promedio, entre 5 y 7 kilos de cocaína procesada al año.

Traducido: este cargamento representa el trabajo acumulado de más de 120 a 160 hectáreas de cultivo ilícito. No es un descuido logístico; es una cadena productiva transnacional que implica campesinos, químicos, rutas, sobornos y protección institucional en varios niveles.

Es decir, mientras aquí se celebra el hallazgo de una camioneta huérfana, allá hubo meses de siembra, cosecha, maceración, cristalización y transporte. Un esfuerzo casi agrícola-industrial que, en su tramo final, decide desaparecer como si fuera un paquete olvidado en paquetería.

La imagen de 834 kilos decomisados luce grande hasta que se pone frente al océano de oferta que sigue brotando al sur del continente.

Solo Colombia reportó para 2024 unas 261 mil hectáreas de cultivos de coca y una producción potencial de 3,001 toneladas de cocaína, el máximo histórico reciente; Perú, Bolivia y Colombia concentraron en 2022 unas 355 mil hectáreas de coca cultivada, una base que explica por qué el mercado sigue rebosando, de acuerdo con Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Dicho sin anestesia: el cargamento de Tonalá no es una anomalía, es apenas una gota en una industria que sigue trabajando a destajo. La propia ONU y reportes recientes muestran que la oferta no se ha encogido; al contrario, en varios países de la región las incautaciones suben, pero la producción también se adapta, se reacomoda y vuelve a llenar el circuito.

Si uno quisiera ponerlo en perspectiva brutal, esos 834 kilos equivalen apenas a una fracción de la producción anual que sale del eje andino; por eso el decomiso pega en caja, pero no tumba el negocio. El problema no es la falta de golpes, sino la abundancia estructural: hay demasiada hoja, demasiada pasta, demasiada logística criminal y demasiada demanda global para que un solo aseguramiento cambie la película.

En el operativo participaron Marina, FGR y SSPC. Se aseguró la droga, se inició la carpeta de investigación y se prometen peritajes para confirmar lo evidente. Todo en orden. Todo bajo control. Salvo, claro, ese pequeño detalle de que un producto que requirió hectáreas de cultivo, laboratorios clandestinos y rutas internacionales terminó, convenientemente, sin dueño en una carretera de Chiapas.

Pero nada fuera de lo común: en México, los cargamentos no se pierden… se “abandonan” y luego le mandas la foto del decomiso al traqueto inversionista para decirle que «no coronaron la vueltica» y esperar que se lo crea.

Con información: ELNORTE/UNODC

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