En México, y particularmente en Tamaulipas, donde Reynosa sobrevive con una percepción de inseguridad del 86.6% bajo la gobernanza que ejerce el Cártel del Golfo —con la asistencia del gobierno de Morena y de Américo Villarreal—, la realidad no solo supera a la ficción: la administra, la regula… y luego la niega en la conferencia matutina.

Durante cuatro años, una refinería clandestina operó en Reynosa sin que nadie —ni autoridades, ni inteligencia local, estatal,federal o militar, ni esos omnipresentes “otros datos”— pareciera notarla, cita hoy el diario español,El País.

Cuatro años. Tiempo suficiente para terminar una carrera universitaria, para que cambie un sexenio en cualquier país medianamente funcional, o para que aquí se consolide, sin prisa ni pudor, una industria paralela de hidrocarburos bajo la elegante categoría de “invisible”.

Pero lo verdaderamente admirable no es la existencia de la refinería ilegal. Eso, en el México contemporáneo, apenas alcanza para una nota secundaria. Lo sobresaliente es la capacidad gubernamental para transformar semejante omisión en una narrativa de éxito sin ningún capturado.

Porque si algo ha perfeccionado el aparato oficial no es la detección del delito, sino la alquimia discursiva: convertir fracaso en estrategia, omisión en prudencia y negligencia en una supuesta victoria táctica.

Descubrir —tarde, mal y porque ya era imposible no hacerlo— una refinería clandestina no es, bajo ningún parámetro serio, un logro. Es una evidencia. Una radiografía brutal de la ceguera institucional o, peor aún, de su selectiva capacidad para mirar hacia otro lado. Sin embargo, la narrativa oficial insiste en vestir el hallazgo como resultado de inteligencia eficaz, como si el delito hubiera sido derrotado en lugar de simplemente tropezar con la luz pública.

Asi lo dice EL PAIS:

Fuentes cercanas al caso han apuntado que este emplazamiento operaba desde hace aproximadamente cuatro años y que se encuentra a cerca de un kilómetro de distancia de un cuartel de la Guardia Nacional. La existencia de estas instalaciones industriales que todavía son consideradas como “una anomalía”, según Víctor Sánchez, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, “nos habla de una propensión del crimen organizado de buscar entrar a estos procesos más técnicos”.

La refinería clandestina, adelantó el medio local N+ Noticias, estaba ubicada en un predio de 41.851 metros cuadrados sobre la carretera interestatal El Becerro, una vía importante que conecta caminos rurales y ejidos con zonas de tránsito clave.

La FGR compartió que en el predio había una estructura conformada por tubería, probablemente utilizada para el procesamiento de fluidos, líquidos e hidrocarburos; un vehículo, seis tractocamiones, siete pipas, 11 frac tanks. Asimismo, se incautaron siete tanques de almacenamiento; tres con capacidad de 20.000 barriles y cuatro con capacidad de 10.000 barriles; una caja seca, un remolque tipo plataforma, ocho motobombas, 21 cubitanques, tres generadores de luz y seis equipos de cómputo, entre otros objetos del delito. En el lugar también tenían instalado un sistema de videovigilancia con una antena de transmisión.

La instalación producía hasta un millón de litros de combustible, afirman fuertes cercanas al caso, además de que se procesaban hasta 14.000 barriles de petróleo crudo diarios para obtener gasolina, diésel y turbosina bajo la fachada de una empresa denominada Maytrack, S.A. de C.V. El crudo que se refinaba era robado de las instalaciones de Petróleos de México (Pemex) en Tabasco y Veracruz.

Diversos medios han compartido un comunicado de prensa de la Sedena sobre el allanamiento. Sin embargo, este documento no se puede encontrar en su portal oficial. Este periódico pidió información sobre el comunicado así como una confirmación acerca de los detalles de operación a un portavoz de la Octava Zona Militar, sede del Ejército mexicano ubicada en Reynosa, Tamaulipas, y este afirmó que no se tenía “ningún dato” sobre lo solicitado.

Sánchez, especialista en temas de seguridad y crimen organizado, cree que, si bien Pemex no está involucrada en la trama de huachicol, sí se podría presumir que algunos de sus trabajadores le presten servicios de asesoría o participen de alguna forma en la operación de estas refinerías. “Es imposible que las mismas puedan operar sin ingenieros en petroquímica, que son bastante raros en este país. Más del 90% de estos profesionales trabaja para Pemex”, afirma vía telefónica.

No obstante, también se plantea otra opción. El académico baraja que esta operación clandestina se desarrolle con personal traído del extranjero y menciona la fuga de talentos de empresas como Petróleos de Venezuela (PDVSA) debido a la crisis económica y política del país sudamericano, que se acentuó entre2014 y 2015, impulsada por la caída de los precios del crudo, la escasez generalizada y el deterioro institucional bajo el Gobierno de Nicolás Maduro. “Algunos exempleados de PDVSA han venido a México, entre otros países. Puede ser que haya personas extranjeras, pero casi con seguridad podría afirmar que trabajadores de Pemex le han prestado asistencia técnica a estos grupos criminales”, explica Sánchez.

La FGR mantiene abierta la carpeta de investigación y, a poco más de una semana del aseguramiento, no ha informado de la detención de alguna persona vinculada con las actividades delictivas.

La prensa local ha mencionado el nombre de un empresario mexicano-estadounidense, Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, por los vínculos entre su compañía Hidrocarburos Jauja, S.A. de C.V. y Maytrack, S.A. de C.V. Antes de su muerte el pasado 26 de abril en un accidente vial, Ramírez, transportista de combustibles radicado en San Pedro Garza García, en Nuevo León, estaba siendo investigado por sus negocios tanto en México como en Estados Unidos y era considerado sucesor de Sergio Carmona, conocido como El Rey del Huachicol, la mano detrás del lucrativo negocio de contrabando de combustible en la frontera.

Sánchez, que ha documentado cómo opera el crimen organizado por esa región, dice que Ramírez y Carmona fueron parte de la misma trama de huachicol que trabajaba con Los Metros, una facción del Cartel del Golfo. «César Morfín Morfín, alias El Primito, es el líder de Los Metros, pero también está aliado con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Él ha sido uno de los principales eslabones en el tráfico de combustible entre México y Estados Unidos. Forman parte de esta misma red transnacional que opera prácticamente en todo el país, pero que ha sido muy intensiva en puertos como Altamira, Tampico y, obviamente, en toda la zona fronteriza de Reynosa. Entonces se enmarca o hace el match perfecto con esta red internacional de huachicol fiscal“, complementa.

Federico Döring Casar, legislador federal del PAN, ha cuestionado que es “inverosímil” que una infraestructura de esa magnitud hubiera operado durante meses sin que ninguna autoridad tuviera conocimiento de su existencia. “Ahora resulta que en Reynosa nadie vio nada, nadie se enteró de la construcción de la refinería clandestina”, escribió en una publicación en X.

El hallazgo de esta instalación sucede poco más de un año después del aseguramiento de otra similar en Coatzacoalcos, en Veracruz. El 19 de junio de 2025, el Gabinete de Seguridad dio a conocer el desmantelamiento de una planta destinada al tratamiento de residuos industriales, reconvertida para procesar ilegalmente hidrocarburos como diésel artesanal, nafta ligera, solventes y combustóleo, un residuo pesado de la refinación del petróleo utilizado principalmente en procesos industriales para la generación de calor y vapor, así como en algunas plantas de energía. Todos estos eran refinados sin permisos y con alto riesgo ambiental. En el lugar se recuperaron más de 500.000 litros de crudo, equivalentes a unos 25 millones de pesos (casi 1,25 millones de dólares).

“Siguen siendo casos extraños, sí, pero lo que llama la atención es que cada vez están siendo más recurrentes. Se han descubierto dos refinerías y algunos otros intentos a más pequeña escala. Es probable que en el futuro veamos cada vez más esto”, apunta el especialista. “A diferencia, por ejemplo, de un laboratorio de fabricación de drogas sintéticas, la refinería implica procesos técnicos muchísimo más avanzados, requiere de ingenieros especializados, personal con conocimiento de estos procesos.

Pero el hecho de que existan ya es una muestra de que el crimen organizado puede llevarlos a cabo, pero también nos alerta sobre otra situación que seguramente saldrá en algunas de las preguntas planteadas, que es la participación de personal de Pemex”, plantea.La pregunta incómoda no es cómo operaba la refinería. Es quién decidió no verla. Porque en un país donde el Estado presume control territorial y vigilancia estratégica, la existencia de instalaciones de este calibre funcionando durante años no habla de infiltración criminal: habla de permisividad, de abandono o de complicidad disfrazada de torpeza.

Y mientras los casos “se vuelven más recurrentes”, como advierten los reportes, también se vuelve más recurrente la respuesta oficial: minimizar, relativizar, administrar el escándalo. La repetición no genera alarma; genera costumbre. Y en esa costumbre se normaliza lo que debería ser inaceptable.

El problema no es solo la refinería clandestina. Es el relato que intenta domesticarla. Porque cuando el gobierno insiste en vender cada evidencia de descontrol como si fuera un triunfo operativo, no está defendiendo su gestión: está entrenando a la ciudadanía para aceptar menos, para esperar menos y, eventualmente, para cuestionar menos.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ANDRES RODRIGUEZ

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