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«QUEMAZON de SABRITAS FUE PROVOCADA»: FISCAL TATEMADO de AMERICO TRAE PRISA por ABSOLVER al CARTEL del GOLFO»…aun sin investigación concluida, dice NO hay pistas que sean ellos.

En Tamaulipas el diablo ya no se esconde en los detalles, se sienta en la silla del fiscal general y pide que le digan “licenciado”. Jesús Eduardo Govea Orozco, nuevo guardián de la legalidad morenista, carga un currículo que ningún departamento de Recursos Humanos se atrevería a admitir en voz alta: pasado de presidiario por…

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En Tamaulipas el diablo ya no se esconde en los detalles, se sienta en la silla del fiscal general y pide que le digan “licenciado”. Jesús Eduardo Govea Orozco, nuevo guardián de la legalidad morenista, carga un currículo que ningún departamento de Recursos Humanos se atrevería a admitir en voz alta: pasado de presidiario por servir al narco en Matamoros, siete meses en el penal federal de máxima seguridad de Almoloya, liberado pero nunca absuelto, según el propio reportaje de Fátima Monterrosa en NMás Noticias de Televisa.

Un expresidiario por delitos de delincuencia organizada que fungió de representante jurídico de Morena.luego reciclado por Américo Villarreal como Fiscal Anticorrupcion,ahora es el rostro pulcro de la “justicia” tamaulipeca.

La historia no es un chisme de cantina: en 2001 la Marina detuvo a Rogelio González Pizaña, “El Kelín” o Z2, operador del Cártel del Golfo en Matamoros; lo entregó a la PGR y ahí, en la carnicería institucional de siempre, lo cambiaron por otro detenido.

De ese episodio nació la averiguación previa PGR-UEDO-031-02; en febrero de 2002 un juez federal le dictó formal prisión a Govea por violaciones a la Ley Federal de Delincuencia Organizada y lo mandó al penal que solo pisaban los “peces gordos”. Siete meses después salió, bajo reserva de ley: en cristiano, lo dejaron ir, pero el expediente nunca se cerró con una absolución rotunda.

Hoy ese mismo personaje es el que se planta ante las cámaras para confirmar lo obvio: que el incendio de más de 50 camiones repartidores de Sabritas en Matamoros fue provocado, de acuerdo a imágenes de video.

Ahí sí, rigurosidad técnica; ahí sí, dictámenes de incendios y análisis de imágenes; ahí sí, estudio colegiado de criminalística. El fuego fue intencional, el ataque planeado, el daño calculado. Pero, milagrosamente, ahí no ve crimen organizado. No hay extorsión, no hay cobro de piso, no hay narco. El incendio, dice, está “en investigación”, pero el vínculo con el narco ya está descartado “por falta de elementos”.

Mientras el discurso oficial balbucea tecnicismos –focos de inicio, ausencia de solventes, siluetas borrosas en las cámaras–, las redes locales lo resumen sin anestesia: Sabritas no quiso pagar la cuota y los Escorpiones del Contador ya lo habían advertido, como en su momento le advirtieron a Julio Almanza.

La versión que circula en Matamoros es brutal y sencilla: hubo días para pagar, no pagaron y el aviso llegó en llamas, una fila de camionetas calcinadas dibujando la línea roja de la extorsión con gasolina.

En Valor Tamaulipeco,Breitbart o Código Magenta y muchos otros mas, lo hemos dicho sin maquillaje: la flota vehicular fue recado mafioso, fuego de advertencia por negarse a convertir las papitas en tributo al narco.

La escena tiene un aire de Nerón fronterizo: Escorpiones morenos del Cártel del Golfo con complejo de emperador romano, prendiendo fuego a la flota de Sabritas mientras el Estado morenista de Tamaulipas toca la lira de las explicaciones técnicas.

No es la primera señal: choferes secuestrados, golpeados, amenazados de desaparición por cobracuotas, comercios estrangulados a punta de “renta”, ciudades convertidas en cajero automático colectivo del narco con bendición política de facto.

Pero para el fiscal, formado en el viejo arte de la evasión de detenidos según los expedientes de PGR, la palabra “extorsión” es un fantasma que solo aparece en las leyes, no en sus carpetas de investigación.

Desde noviembre de 2025 la extorsión es delito grave en Tamaulipas, perseguible de oficio: basta una notitia criminis para que el Ministerio Público esté obligado a investigar, incluso si la víctima calla por miedo.

La misma ley establece de 10 a 20 años de cárcel para el servidor público que, teniendo atribuciones, se abstenga de denunciar e intervenir En papel suena duro; en la realidad, parece manual de supervivencia del narcoestado de baja intensidad: no ves, no oyes, no vinculas. El incendio es “provocado”, pero no por ellos. Las camionetas se vuelven chatarra, pero por causas misteriosas. La empresa se queda sin flota, pero sin enemigo claro al que señalar.

La ironía es demoledora: el hombre que fue detenido junto a todo el personal de la PGR en Matamoros por presuntos delitos contra la justicia en favor del CDG; el que compartió rejas con funcionarios acusados de ayudar a la fuga de un alto mando del Cártel del Golfo; el que obtuvo su libertad bajo reserva de ley, sin absolución definitiva, es hoy quien certifica que, en el incendio de PepSiCo en Matamoros, “no existen elementos que lo vinculen con el crimen organizado”. Si alguien conoce de primera mano cómo se borran los rastros del narco en los expedientes y se fabrican versiones oficiales sin sustento jurídico, es precisamente él.

Cuando se le preguntó por su pasado, Govea se despachó con una frase que hoy suena a confesión involuntaria: “Ese tipo de informaciones sesgadas en su mayoría realmente no me amerita ningún comentario”. Informaciones sesgadas: así llama al reportaje que recuerda que fue recluso federal por delincuencia organizada. Informaciones sesgadas: así podría etiquetar también a las denuncias de extorsión, a los testimonios de comerciantes, a las versiones locales que atribuyen el incendio a los Escorpiones del Contador por no pagar cuota.

Al final, todo lo que incomoda se reduce a “sesgo”. Lo único que no es sesgo, lo único que para él amerita comentario, es la narrativa impecable donde el fuego aparece sin narcos, sin extorsión, sin política criminalmente organizada.

Americo Villarreal y su fiscal expresidiario han decidido que la ley antiextorsión es decorado para el discurso, no herramienta para tocar intereses del Cártel del Golfo.

La frontera funciona como régimen de renta criminal, mientras el gobierno se limita a certificar que las llamas fueron intencionales pero socialmente asépticas. En Matamoros no habrá papitas por un rato con la misma rapidez: se quemaron 57 camiones repartidores.

Habrá, eso sí, más ruedas de prensa donde el guardián de la ley explique que el incendio fue provocado, minucioso, calculado… y completamente desvinculado de la delincuencia organizada.

El diablo se ríe en silencio: ya no tiene que esconderse detrás de los detalles, porque los detalles los firma, los redacta y los presenta un fiscal con pasado de narco y expediente abierto, convertido por Morena en símbolo de “justicia” para los próximos siete años.

Con información: ESMAS+

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