Esta no es una carta de separación: es una solicitud de fuero con prosa de mausoleo. Enrique Inzunza no renuncia al escaño ni se pone a disposición de una investigación independiente; abandona la bancada para preservar el cargo, los privilegios y la inmunidad retórica de quien se dice perseguido mientras enfrenta señalamientos graves en Estados Unidos.

El truco central

La carta se construye sobre una sustitución tramposa: donde debería haber respuestas concretas a imputaciones concretas, hay una procesión de próceres, aforismos y patrioterismo de utilería.

El senador no responde a las preguntas esenciales:

  • ¿Qué relación tuvo con operadores o estructuras criminales?
  • ¿Qué evidencias específicas rechaza?
  • ¿Por qué no solicita licencia para enfrentar las acusaciones sin el blindaje político del escaño ?
  • ¿Por qué “separarse de Morena” sería una respuesta institucional suficiente si mantiene intacto el cargo ?

En vez de eso, convoca a Juárez, a Iglesias, a Altamirano, a la Constitución, a la soberanía, a la Reforma y hasta a la dignidad del pueblo mexicano. Un gabinete de héroes nacionales usado como biombo: detrás de cada retrato sigue faltando una explicación.

Disección, párrafo por párrafo

“Los principios se honran…”

Arranca como si estuviera por dictar una cátedra de constitucionalismo y no por explicar por qué un senador señalado por autoridades estadounidenses de vínculos con el Cártel de Sinaloa considera que la solución es cambiar de bancada sin soltar el escaño.

“Los principios se honran”, dice. Correcto. El primero debería ser muy sencillo: quien representa al Estado no puede exigir al ciudadano la transparencia que él mismo esquiva.

Su frase decisiva es ésta: “la política debe ajustarse a la Constitución y no ésta a la política”. Magnífica sentencia; lástima que la aplique como se aplica el perfume: en la superficie. Porque la Constitución no es un conjuro para cancelar preguntas incómodas. Y el fuero no es un certificado de honorabilidad expedido por uno mismo.

Juárez como abogado defensor

Después desempolva a José María Iglesias y el célebre “Sobre la Constitución, nada; sobre la Constitución, nadie”. El problema es que Inzunza convierte a Iglesias en una especie de community manager póstumo.

La máxima no significa: “sobre mi investidura, ninguna investigación”. Significa exactamente lo contrario: nadie está por encima de la norma. Ni el periodista que pregunta. Ni el fiscal que investiga. Ni el senador que se autodeclara “jurista eminente” en tercera persona moral.

Invocar a Juárez mientras se sostiene el escaño ante acusaciones que ameritarían una explicación pública no es republicanismo: es juarismo de cartón piedra. La frase sirve para la solemnidad, no para la rendición de cuentas.

La épica del perseguido

Luego se compara —dice que sin cometer “la herejía”— con Benito Juárez, ese hombre asediado por calumnias conservadoras. La modestia entra al texto vestida de negro y sale por la ventana.

Nadie está sugiriendo que Inzunza sea Juárez. El propio Inzunza se encarga de sugerirlo con toda la discreción de una banda presidencial. La operación retórica es transparente: si lo cuestionan, él no es un funcionario bajo señalamientos; es el benemérito atacado por conservadores, traidores y prensa venal.

Pero hay una diferencia incómoda: Juárez enfrentó una intervención extranjera; Inzunza enfrenta reportes sobre una investigación del Departamento de Justicia estadounidense que, según las publicaciones, lo vincula presuntamente con el entorno criminal de Los Chapitos y con una posible protección institucional desde el gobierno sinaloense. Una diferencia menor sólo si se confunden los archivos judiciales con los libros de texto gratuito.

“Seriedad, integridad y compromiso”

Aquí la carta se vuelve currículum moral autoexpedido: “seriedad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y la Ley”.

La integridad no se acredita declarándola. Si así funcionara, cualquier declaración patrimonial comenzaría con “créame: soy austero”. La integridad se prueba aceptando escrutinio, ofreciendo explicaciones verificables, separándose temporalmente del poder cuando el peso de las acusaciones compromete la institución y sometiéndose al proceso correspondiente.

No hay “compromiso indeclinable” con la Ley cuando la reacción ante una acusación de esta magnitud consiste en administrar el costo político, no en despejar la duda pública.

La coartada del “lawfare”

El párrafo más revelador llama a los señalamientos de una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos un “instrumento de lawfare”, con imputaciones “falsas, dolosas y carentes de todo sustento”.

Es posible cuestionar a las autoridades estadounidenses, sus prioridades, sus métodos y sus intenciones geopolíticas. De hecho, debe poder hacerse. Pero “lawfare” no es un extintor verbal que apaga automáticamente cualquier señalamiento. No es una prueba de inocencia; es una etiqueta política que exige, precisamente, que se presenten contraargumentos, hechos, documentos y versiones contrastables.

Decir “no han aportado una sola prueba” no equivale a refutar el expediente. Menos aún cuando reportes periodísticos señalan que la investigación estadounidense incluye acusaciones sobre vínculos con narcotráfico y presunta coordinación de protección institucional para Los Chapitos.

Y luego aparece la pirueta maestra: todo se desplaza hacia la CIA, Chihuahua y la gobernadora María Eugenia Campos. Es el recurso clásico del prestidigitador político: “No mire el señalamiento sobre mí; mire aquella otra crisis, ese otro gobierno, aquella otra conspiración”. La soberanía nacional es demasiado seria para convertirla en cortina de humo personal.

La amenaza imaginaria

“No se precisa mucha perspicacia para saber que es otro, alguien que posee el mayor liderazgo moral y político de la nación, el objetivo final de esta embestida”.

Traducido del insondable dialecto del poder: no cuestionen al senador, porque en realidad están cuestionando al caudillo. La defensa deja de ser jurídica y se vuelve liturgia de lealtad.

Ésa es la perversión más peligrosa de la carta. Las acusaciones contra un servidor público ya no se responden por sus méritos; se presentan como una agresión contra un movimiento, una causa, “los humildes y laboriosos” y el liderazgo nacional. Así, pedir explicaciones se vuelve traición; investigar se vuelve golpismo; publicar información se vuelve conservadurismo.

Conveniente arquitectura: el investigado se reviste de pueblo, el expediente se vuelve conjura y el escrutinio democrático es enviado al basurero de la derecha moralmente derrotada.

“Soy abogado de mí mismo”

Esta frase merece marco: “Soy abogado de mí mismo. Ejerzo mi propia defensa amparado en mi probidad profesional y mi honestidad personal”.

Es decir: juez de su honor, testigo de su inocencia, notario de su probidad y abogado de su propia causa. Un sistema procesal entero reducido a un monólogo.

Que un abogado ejerza su defensa es legítimo. Que pretenda que su propia afirmación de honestidad sustituye la necesidad de responder hechos, no. En asuntos que afectan la credibilidad del Senado, la defensa no puede consistir en “me conozco y me absuelvo”.

También promete no dar “elementos a la derecha conservadora”. Ahí queda nítido el objetivo: no esclarecer; no colaborar; no explicar; no separarse del cargo. Sólo impedir que el caso dañe a la marca política. La justicia, al parecer, puede esperar; la narrativa partidista, jamás.

La despedida que no se va

La conclusión es una pequeña obra maestra de simulación: se “separa” de Morena, pero se queda como senador “independiente”. Es decir, no dimite, no pide licencia, no renuncia al fuero, no renuncia a la representación que le confirió el electorado bajo unas siglas y una plataforma. Se baja del barco, pero conserva el camarote, la dieta y el chaleco salvavidas.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, calificó como “suficiente” la separación de la bancada, aun cuando Inzunza conserva su escaño. Eso confirma el problema: la salida no es una respuesta ante la gravedad del señalamiento; es una maniobra de contención de daños. Morena se lava las manos sin que el senador se lave de las acusaciones.

La independencia aquí no es un acto de conciencia. Es un fuero sin logotipo.

No es una carta de dignidad; es un alegato de impunidad con citas de Reforma. Inzunza pretende que Juárez funcione como chaleco antibalas, que la Constitución sea coartada, que “lawfare” sea sinónimo de inocencia y que abandonar la bancada equivalga a rendir cuentas. Pero no: separarse de Morena sin dejar el Senado no es un sacrificio republicano; es la versión parlamentaria de cambiarse de asiento para fingir que uno ya se bajó del tren.

Con información: @InzunzaCazarez/

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