En México, buscar a un hijo desaparecido ya no basta con cargar el dolor, las fotos y la pala: ahora también hay que esquivar balas. Porque en el país donde las autoridades suelen llegar tarde —cuando llegan—, las madres buscadoras tienen que hacer el trabajo que el Estado abandonó y, encima, hacerlo bajo amenaza.

El ataque armado contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, en Culiacán, vuelve a exhibir la obscenidad de siempre: quienes salen a buscar a los casi 8 mil desaparecidos —cifra que se duplicó en dos años de una guerra entre dos bandos de la misma banda— terminan siendo perseguidas como si fueran delincuentes.

Su “delito” consiste en preguntar dónde están sus hijos, sus hermanos y sus esposos; en remover la tierra que muchas instituciones prefieren mantener intacta, aunque huela a impunidad.

Y mientras las colectivas exigen protección, justicia y garantías mínimas para no ser asesinadas por buscar a los suyos, el aparato oficial parece instalado en su deporte favorito: emitir condolencias, abrir carpetas de investigación y prometer que “no habrá impunidad”. Un ritual burocrático tan repetido que ya debería venir impreso en formato machote.

La agresión ocurre, además, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Vaya puntualidad macabra: en México la fecha no se conmemora, se reproduce. Las buscadoras recuerdan que no están pidiendo privilegios ni medallas; piden poder salir vivas a rastrear lo que el Estado no ha querido —o no ha podido— encontrar.

Sinaloa lleva años atrapado entre una violencia desbordada y gobiernos que administran el desastre con boletines. Pero a las familias no les sirve un comunicado, una mesa de trabajo o una foto con funcionarios de cara compungida. Les sirve seguridad real, investigación seria y resultados. Lo demás es esa vieja especialidad nacional: acompañar el dolor con discursos, mientras la impunidad sigue caminando tranquila por la calle.

Con información: ELUNIVERSAL/ RNPDNLO/

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