Dos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se declararon culpables en una corte federal de Estados Unidos por cargos que ya no se maquillan como simple narcotráfico: apoyo material a una organización terrorista, además de conspiraciones vinculadas con drogas, tráfico de personas y armas de alto poder.
El CJNG no solo cruzaba droga y migrantes por la frontera: también tenía, según fiscales estadounidenses, una especie de oficina logística en El Paso para surtir fusiles, esconder mercancía humana y alimentar la maquinaria criminal del cártel.
María del Rosario Navarro Sánchez, alias La Señora, y Gustavo Castro Medina se declararon culpables de apoyar materialmente a una organización terrorista extranjera, un cargo federal que coloca sus operaciones en otra liga: la del terrorismo criminal con rutas, mensajeros, casas de seguridad y arsenal transfronterizo.
Navarro, de 40 años, habría dirigido varias casas de seguridad usadas para ocultar droga y migrantes, mientras movía contactos para comprar ilegalmente rifles tipo AK-47 y armas calibre .50, luego enviadas de contrabando a México para reforzar al CJNG. Castro Medina, de 30 años, operaba como uno de sus principales mensajeros y colaboradores; fue detenido mientras presuntamente transportaba cerca de 70 libras de metanfetamina escondidas en un Nissan Sentra.
La acusación deja una postal poco elegante, pero bastante clara: una red criminal instalada en territorio estadounidense, con casas de resguardo, armamento de guerra y tráfico de personas funcionando como si la frontera fuera una simple línea decorativa. Las autoridades ubicaron a La Señora tras encontrar su nombre en libros contables y documentos decomisados durante cateos a inmuebles vinculados con el trasiego de drogas y migrantes.
El caso adquiere especial peso porque el CJNG fue designado por la administración Trump como organización terrorista extranjera, junto con otros seis cárteles mexicanos. Eso permitió a los fiscales usar el cargo de apoyo a terrorismo, una herramienta que eleva el expediente más allá de las habituales imputaciones por narcotráfico o contrabando.
Ambos acusados enfrentan una condena mínima de 10 años de prisión y podrían recibir cadena perpetua. No era una banda de contrabandistas improvisados: era una pieza de la infraestructura criminal del CJNG operando desde El Paso, con droga, migrantes y rifles de asalto en el mismo paquete.
Con información: BREITBART/
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