A Paola Gárate ya le dejaron una corona fúnebre en la puerta de su casa. Ya la encañonaron durante un asalto. Ya fue secuestrada, golpeada y obligada a retirarse de una elección. Ha denunciado, una y otra vez, los presuntos vínculos entre el poder político sinaloense y el crimen organizado. Pero, para la Secretaría de Seguridad federal de Omar García Harfuch, al parecer todavía falta una señal más clara: quizá un atentado consumado.
La SSPC impugnó la orden judicial que obligaba al Gobierno federal a brindar protección a la diputada priista de Sinaloa, pese a que la Guardia Nacional reconoció que enfrenta un riesgo real y que requiere seguridad personal permanente. La pretensión es devolverle el problema a las autoridades de Sinaloa: las mismas a las que Gárate acusa de convivir demasiado cómodamente con el entorno criminal que la amenaza.
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— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) June 18, 2026
«PAOLA NO DELIRA: MAPA de MUERTE en SINALOA la PONE en PELIGRO a ELLA y RESTO de CIUDADANOS»…ahí el que nada debe,tambien debe temer. https://t.co/cChQNkWJA0 pic.twitter.com/ulprJ0qCrU
El argumento es de una lógica escalofriante: que la Fiscalía estatal ya le otorgó medidas de protección. ¿Cuáles? Rondines aleatorios frente a su domicilio. Es decir, una patrulla que quizá pase, quizá no pase, mientras una mujer amenazada por el narco espera que la próxima visita no sea otra corona, sino una ráfaga.
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— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) August 12, 2026
“GUERITA de la PRENSA ALEMANA se DIO una VUELTA por la SINALOA REVUELTA y lo que DOCUMENTÓ NO les VA A SORPRENDER: los VA ASQUEAR MÁS”…la historia rebota con Américo en Tamaulipas. https://t.co/Ua1EzkOWpm pic.twitter.com/I6ntS8iFek
No estamos hablando de una paranoia de oposición ni de una disputa burocrática por quién paga a los escoltas. En junio apareció una corona con el mensaje “Familia Gárate” frente a su casa en Culiacán: en el lenguaje del narco, una advertencia de muerte. En 2021 fue secuestrada durante nueve horas y golpeada para obligarla a abandonar la contienda electoral. En 2025, hombres armados le apuntaron para despojarla de su camioneta. Y este año, dos diputados de Movimiento Ciudadano —también críticos del oficialismo local— fueron atacados a balazos.
Aun con ese expediente, la federación quiere desmontar el resguardo que una jueza ordenó apenas hace unas semanas. La pregunta es inevitable: ¿qué nivel de amenaza considera suficiente el Estado mexicano para proteger a una legisladora? ¿Una corona no basta? ¿Un secuestro tampoco? ¿Una pistola en la cara es apenas un trámite? ¿Tienen que matarla para que la burocracia admita que el riesgo era real?
La contradicción es todavía más obscena porque Gárate ha cuestionado al Gobierno de Sinaloa por su presunta cercanía con estructuras criminales. Mandarla a depender exclusivamente de la seguridad estatal equivale a pedirle que entregue las llaves de su protección a la institución de la que desconfía y contra la que ha levantado la voz.
Rubén Rocha ya dejó la gubernatura, pero el retiro de un gobernador no desactiva por decreto la violencia, las redes de poder ni el miedo. Mientras el Estado reorganiza sus piezas políticas, Sinaloa sigue siendo territorio donde una activista como Alma Rosa Rojo puede recibir ocho disparos a plena luz del día y sobrevivir por puro milagro.
A Paola Gárate no le ofrecen seguridad: le ofrecen rondines. No le dan certeza: le piden paciencia. No le reconocen plenamente el riesgo: la mandan de vuelta al mismo sistema local que ella señala por su incapacidad —o algo peor— frente al crimen.
No es una discusión administrativa. Es una ruleta rusa institucional.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ZEDRIK RAZIEL/
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