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“MÁS PENAS en un ESTADO SIN DIENTES ?: DIPUTADO TATEMADO por la LETRA ZETA PROMETE que LEY ANTIEXTORSIÓN TIENE FUTURO”… “herramientas reales” desde 2025, sin resultados reales:

La promesa de Carlos Canturosas, aun Diputado Federal con currículo ligado a ZETAS, de “más herramientas” y penas homologadas contra la extorsión suena impecable en tribuna y también en la calle, pero tropieza con una verdad elemental: ninguna ley funciona cuando quienes deben aplicarla administran la impunidad. Tamaulipas ya aprobó esa ley robusta, casi enseguida…

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La promesa de Carlos Canturosas, aun Diputado Federal con currículo ligado a ZETAS, de “más herramientas” y penas homologadas contra la extorsión suena impecable en tribuna y también en la calle, pero tropieza con una verdad elemental: ninguna ley funciona cuando quienes deben aplicarla administran la impunidad.

Tamaulipas ya aprobó esa ley robusta, casi enseguida de la Federal,una LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE EXTORSIÓN que contiene agravantes, unidades especializadas, centro de denuncias, coordinación institucional y castigo específico para servidores públicos que encubran o dejen operar redes de extorsión; la pregunta no es qué otra herramienta falta, sino quién está decidido a usar las que ya existen.

Más penas para un Estado sin dientes

Carlos Canturosas salió a vender otra vez el catálogo de promesas de seguridad: homologar penas, mejorar investigaciones, facilitar denuncias anónimas, coordinar fiscalías y bloquear llamadas desde penales.

Todo muy bonito; una especie de feria legislativa donde cada diputado presume una herramienta nueva mientras la extorsión sigue cobrando como si tuviera ventanilla propia en cada dependencia.

El legislador asegura que las reformas darán “más herramientas” a las autoridades. Pero conviene aterrizarlo: Tamaulipas ya tiene una ley contra la extorsión que contempla penas de 15 a 25 años de prisión, agravantes que pueden disparar la condena, unidades especializadas dentro de la Fiscalía, un Centro Estatal de Atención a Denuncias, medidas para frenar comunicaciones criminales desde cárceles y sanciones de 10 a 20 años para el servidor público que encubra, omita denunciar o facilite este negocio.

Entonces, diputado, ¿cuál es la herramienta que falta? ¿Otra ley? ¿Otro escritorio? ¿Otra rueda de prensa con palabras cuidadosamente planchadas? Porque el problema no parece ser que Tamaulipas carezca de instrumentos jurídicos; el problema es que sobran funcionarios dispuestos a convertir esos instrumentos en decoración institucional.

La extorsión no se derrota únicamente subiendo penas, porque al extorsionador no lo intimida un código penal que sabe inerte. La amenaza no se sostiene por falta de leyes: se sostiene por la certeza de que la denuncia se congela, la investigación se extravía, el expediente duerme y el protector oficial sigue cobrando quincena.

Cuando el delincuente presume vínculos, controla territorios, somete comercios y nadie lo toca, no está aprovechando un vacío legal: está disfrutando un permiso político.

La narrativa legislativa pretende hacernos creer que el crimen tiembla al escuchar que habrá más artículos, más protocolos y más coordinación. Pero el crimen organizado no le teme al boletín de prensa; le teme a las investigaciones reales, a los cateos sin aviso, al congelamiento de cuentas, a fiscales que no reciban órdenes de protección y a policías que no trabajen como gestores de cuotas ni como escoltas de impunidad.

Canturosas habla de “herramientas reales”. Perfecto. Que empiece por exigir resultados reales:

  • ¿Cuántas denuncias anónimas se transformaron en carpetas de investigación?
  • ¿Cuántas carpetas derivaron en detenciones, judicializaciones y sentencias?
  • ¿Cuántos funcionarios, mandos policiales, custodios penitenciarios o agentes ministeriales han sido investigados por colaborar, omitir o encubrir extorsiones?
  • ¿Cuántas redes económicas vinculadas al cobro de piso han sido desmanteladas, no sólo anunciadas?
  • ¿Cuántos comercios, transportistas y familias pueden hoy denunciar sin temor a que el dato termine, por la puerta trasera, en manos de quien los amenaza?

Ése es el examen que la propaganda no quiere contestar.

Porque la propia legislación tamaulipeca reconoce algo que la clase política pretende olvidar: la extorsión también se alimenta de la colaboración u omisión de servidores públicos. Por eso la ley castiga expresamente a quien, desde funciones de prevención, investigación, persecución, justicia o custodia penitenciaria, deje de denunciar o permita la operación del delito. Si esa disposición no se aplica contra quienes correspondan, entonces la ley no es una espada: es un folleto.

Y ahí se desploma el discurso del diputado de perfil tatemado: no basta con ponerse el traje de cruzado anticrimen cuando el aparato estatal sigue sin rendir cuentas sobre sus zonas de silencio, sus expedientes extraviados, sus operadores intocables y sus vínculos incómodos. No se puede ofrecer una puerta blindada contra la extorsión mientras desde adentro alguien deja la llave pegada en la cerradura.

La extorsión no avanza porque el Congreso haya sido demasiado blando en el papel. Avanza porque demasiados han sido blandos —o convenientemente ciegos— frente a quienes la ejecutan, la cobran, la toleran o la protegen. Y mientras esa complicidad manifiesta no sea investigada con la misma energía con la que se anuncian reformas, las “mayores penas” seguirán siendo el maquillaje legal de un Estado que promete perseguir al monstruo, pero le deja el corral abierto.

No hacen falta más herramientas para llenar discursos; hace falta voluntad para usar las que ya existen. Porque donde la impunidad tiene padrinos, la extorsión no necesita abogados: necesita cómplices.

Con información : Hoytamaulipas/ CONGRESO DE TAMAULIPAS/

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