La 4T presume combate a la extorsión, pero ensaya desde el SAT un cobro con lógica de piso: paga, vendas o no vendas; ganes o no ganes; tengas pérdidas reales o no. Cambia el cobrador, cambia el uniforme, pero la mecánica se parece demasiado.
Y es que, mientras el Gobierno humanista presume que combate la extorsión, desde el escritorio fiscal cocina una versión institucional del cobro de piso: a partir del próximo año, las empresas podrían quedar obligadas a reportar una utilidad mínima equivalente a 3.3 por ciento de sus ventas, aun si sus números rojos son reales, comprobables y producto de una economía estancada.
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— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) September 7, 2026
“MORENISTA CONFIESA FRACASO ANTIEXTORSIÓN: HAY DOS SISTEMAS FISCALES, UNO SOSTIENE al ESTADO y OTRO COBRA CUOTAS para SOSTENER DELINCUENTES”… que en Tamaulipas abrazan a AMÉRICO. https://t.co/eMX2Ckwc0c pic.twitter.com/3qtw2O8KMJ
La lógica es brutalmente simple: si no hubo ganancia, el SAT sospecha; si hubo demasiadas deducciones, el SAT recorta; si la empresa apenas sobrevivió, de todos modos tendrá que poner la cuota. No importa si vendiste poco, si perdiste dinero, si tus costos se dispararon o si la demanda se desplomó. El mensaje sería: aquí nadie se va limpio.
Antonio Martínez, titular del SAT, sostiene que algunas empresas usan facturas falsas por hasta 10 por ciento de sus gastos para evadir impuestos. El problema es que, en vez de perseguir a las redes de factureras, a los despachos que las operan y a los grandes evasores que se benefician de ellas, la propuesta amenaza con pasar la charola a todos los negocios, incluidos aquellos que documentan cada gasto y operan dentro de la ley.
Es el viejo método del cobro criminal, pero con lenguaje de reforma hacendaria: por culpa de unos cuantos, todos pagan cuota. Y si tu margen no alcanza, si tus deducciones legítimas rebasan el tope impuesto por la autoridad, peor para ti. El SAT no pregunta si hubo utilidad; establece que debe haberla, aunque sea por decreto.
Según especialistas, el límite de 96.67 por ciento a las deducciones obligaría a que las compañías reconozcan, como mínimo, una utilidad de 3.3 por ciento sobre ventas. Aplicada la tasa de ISR de 30 por ciento, el resultado práctico sería un impuesto mínimo cercano a 1 por ciento de los ingresos, incluso para empresas con pérdidas. Es decir: no es un gravamen sobre la riqueza generada, sino una mordida sobre el simple hecho de mantenerse abierto.
La Presidenta Claudia Sheinbaum podrá decir que no sube la tasa nominal del ISR, pero reducir por la fuerza las deducciones sí eleva la tasa efectiva. Es una subida fiscal por la puerta trasera: no cambian el letrero del impuesto, sólo estrechan la salida hasta que nadie pueda esquivarlo.
BBVA ha advertido que el castigo puede caer de manera desproporcionada sobre empresas que usan deducciones legítimas, justo en un entorno de demanda interna débil e inversión privada contenida. Y la señal para quien arriesga capital es ominosa: el Gobierno no sólo quiere revisar cuánto ganas; ahora pretende decidir cuánto debes aparentar que ganaste para poder cobrarte.
La 4T dice perseguir la extorsión, pero diseña un esquema donde el contribuyente paga por operar, no por obtener utilidades. En el mundo criminal, a eso le llaman derecho de piso. En el mundo burocrático, quizá le pongan otro nombre, lo llenen de considerandos y lo publiquen en el Diario Oficial. Pero para la empresa que vende sin ganar, la diferencia puede ser apenas cosmética.
Con información: ELNORTE/
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