Dos años después de que la guerra entre las facciones de los Guzmán y los Zambada convirtió a Sinaloa en laboratorio de la impotencia estatal desde 2024, el parte del pasado 9 de septiembre no describe una tregua ni una victoria: certifica una rutina de sangre, desapariciones y despojo. Se cierra un segundo año con números que ya no deberían caber en una nota diaria; se abre, en cambio, el umbral hacia un tercero con la misma pregunta acusadora: ¿dónde está la estrategia que prometía recuperar el control?

Dos años: el saldo que no admite propaganda

El 9 de septiembre dejó seis homicidios dolosos, aunque la Fiscalía mentiroso reportó cinco al Gabinete Federal. Un cadáver menos en el informe no es una discrepancia burocrática menor: es la obscenidad de una guerra en la que hasta la contabilidad parece someterse a negociación.

La violencia no sólo mata; también rebaja, oculta y convierte a las víctimas en una cifra discutible.

En Mazatlán asesinaron a dos hombres dentro de un hotel, entre ellos Alfredo, agente activo de la Guardia Nacional. A ello se sumaron otros dos ataques letales en la ciudad: un hombre hallado asesinado cerca de los antiguos campos de la Liga Mazatlán y otro ejecutado con ráfagas de fusil automático en la colonia Francisco Villa. En Culiacán, dos agresiones simultáneas en Cañadas y Paseo Alameda dejaron otros dos hombres asesinados. No se trata de “hechos aislados”, esa frase útil para los boletines y ofensiva para quien vive ahí: es una capacidad criminal para golpear en distintos puntos, con armas largas, coordinación y fuga asegurada.

La jornada añadió 14 robos de vehículos y siete propiedades vandalizadas en Culiacán. Las autoridades atribuyeron esta escalada al rumor de la detención de un líder criminal propagado en redes y chats privados. Pero si un rumor basta para activar la vandalización coordinada, el problema no es el rumor: es que los grupos armados conservan capacidad de movilización, comunicación y castigo inmediato, mientras el Estado llega —si llega— a contar daños.

El balance acumulado por NOROESTE desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 9 de septiembre de 2026 es el verdadero parte de guerra:

IndicadorAcumulado en dos añosPromedio diario
Homicidios dolosos3,8325.2
Personas privadas de la libertad4,4086.0
Vehículos robados12,46617.1
Personas detenidas3,9305.4
Personas abatidas211

El dato más brutal ni siquiera es que haya más de 3,800 homicidios: es que las privaciones de la libertad en una entidad como Tamaulipas,donde desparecer equivale casi a morir superan a los asesinatos.

Más de 4,400 personas desaparecidas o levantadas equivalen a una sociedad obligada a vivir con una herida abierta, sin cuerpo, sin explicación y muchas veces sin investigación verificable. La ficha de búsqueda, la denuncia ante Fiscalía y el número real de víctimas tampoco coinciden: se han abierto 3,088 fichas, pero existen 4,408 denuncias por este tipo de violencia. La distancia entre ambos registros revela el tamaño de la zona gris: personas que no aparecen, casos que no se transparentan y familias que cargan solas con la incertidumbre.

El tercer año ya asoma

No hace falta esperar al aniversario siguiente para saber que el tercer año comenzó mal. El promedio móvil de siete días llegó a 5.7 asesinatos diarios; septiembre proyectaba 183 muertes violentas, y el robo de vehículos acumulaba 89 denuncias en los primeros nueve días del mes, a razón de 9.9 diarios. En paralelo, los feminicidios y asesinatos de mujeres ya sumaban nueve casos durante septiembre.

Este no es un saldo de pacificación. Es la administración de una emergencia prolongada. La narrativa oficial puede subrayar detenciones, decomisos, patrullajes y operativos; pero para una familia que escucha ráfagas, pierde un vehículo, busca a un desaparecido o entierra a un hijo, el resultado se mide de otra manera: en si puede salir, trabajar, viajar, abrir su negocio o mandar a los niños a la escuela sin que la vida dependa de lo que ocurra en un chat de WhatsApp.

El optimismo oficial tiene un problema: suele confundirse con la repetición de buenas intenciones. Y un optimista, en materia de seguridad, muchas veces es un pesimista mal informado: alguien que mira una captura, ignora el reemplazo; celebra un descenso de unos días, omite la tendencia; presume presencia militar, pero no pregunta quién manda realmente el territorio cuando se apagan las cámaras.

Estrategia no es táctica

Conviene separar los conceptos porque el poder suele mezclarlos a conveniencia. Una táctica es una acción puntual para ganar una situación concreta; una estrategia es el plan integral que explica qué objetivo político se persigue, cómo se sostendrá en el tiempo y cómo cada acción contribuye a cambiar el curso de la guerra.

La táctica puede producir fotografías: un convoy, armas aseguradas, un detenido esposado, uniformes en una avenida. La estrategia produce algo mucho más difícil de maquillar: menos asesinatos, menos levantones, menos vehículos robados, menos negocios cerrados por miedo, más casos esclarecidos y una vida cotidiana que deja de organizarse alrededor del terror.

Ilustración simple: capturar a un jefe de célula es táctica. Impedir que otro lo sustituya en 24 horas, cortar su dinero, frenar su red de sicarios, proteger a testigos, reconstruir la investigación criminal y evitar que su territorio vuelva a ser tomado por la facción rival: eso sería estrategia. Si tras cada captura hay una reacción de vandalizaciones, balaceras y ajustes de cuentas, puede haber presión operativa; no necesariamente control estatal.

¿Hay razones para el optimismo?

El balance resulta incómodo para sustentarlo: en el mismo lapso se registraron 3,832 homicidios, 4,408 privaciones de la libertad y 12,466 vehículos robados. Las detenciones no se traducen todavía en una reducción demostrable y sostenida del daño contra la población.

Para que el optimismo fuese algo más que una consigna, habría que exigir señales medibles:

  • Una disminución continua, no de una semana sino de varios meses, en homicidios, desapariciones y robo de vehículos.
  • Investigaciones que identifiquen autores materiales, mandos, financistas y redes de protección, no sólo detenciones de bajo o mediano nivel.
  • Recuperación efectiva del control territorial: respuesta inmediata, presencia civil institucional y protección real de escuelas, comercios, carreteras y colonias.
  • Transparencia de cifras. Si en un solo día hay diferencia entre seis homicidios documentados y cinco reportados oficialmente, el Estado debe explicar el desfase en vez de permitir que las víctimas se evaporen en la aritmética.
  • Atención a las familias de desaparecidos, cuya emergencia no puede seguir subordinada a la lógica del parte policial.

El reproche central

Sinaloa no necesita más ceremonias de normalidad ni boletines que confundan movimiento con avance. Necesita una estrategia que haga incompatible la impunidad con el poder criminal. Dos años de guerra ya son demasiados; comenzar el tercero con seis asesinatos en un día, 14 vehículos robados, siete ataques contra propiedades y miles de personas ausentes no es un tropiezo estadístico: es la factura de una política que todavía no demuestra haber alterado la correlación de fuerzas.

El parte de guerra del 9 de septiembre no sólo contabiliza muertos y robos. Acusa. Acusa al crimen por convertir la vida pública en rehén de sus disputas; acusa a las instituciones por no impedir que un rumor sea detonador de violencia; y acusa a una clase gobernante que parece haber aceptado que resistir equivale a vencer. No: resistir dos años no es ganar. Contar cadáveres durante dos años tampoco es gobernar.

Con información: NOROESTE/

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