Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit y exdirector de Pemex, no sólo salió a transparentar su patrimonio tras el jalón de orejas público que le dio la presidenta Claudia Sheinbaum: dejó al descubierto una fortuna de 47 millones de pesos entre inmuebles, terrenos y cuentas bancarias, aunque con suficientes zonas grises como para que la rendición de cuentas parezca un trámite de penumbra.
En la declaración patrimonial fechada el 7 de septiembre, Romero reportó ingresos por 2.2 millones de pesos como funcionario federal: medio millón más que los 1.7 millones declarados por la propia Presidenta. El detalle no es menor. La Constitución establece que ningún servidor público debe percibir una remuneración superior a la de la titular del Ejecutivo. Pero, en el nuevo régimen, al parecer hay funcionarios que entienden la austeridad como una recomendación dirigida a otros.
Además de su salario, Romero consignó ingresos adicionales por actividades que no identifica y cuatro cuentas bancarias con más de 7.4 millones de pesos. Es decir: dinero hay; explicación, no tanta.
Su patrimonio inmobiliario también creció, o al menos se hizo visible, conforme avanzaron las declaraciones. Tanto en su declaración de conclusión al frente de Pemex, presentada en 2024, como en la correspondiente a su primer año en Infonavit, Romero reconoció la compra al contado de tres terrenos rústicos entre abril y mayo de 1992, por 27 millones 805 mil pesos. En conjunto, esas propiedades abarcan 21.6 hectáreas.
Pero el inventario no acababa ahí. En la declaración de 2025 apareció un cuarto terreno que no figuraba en el documento anterior: casi 49 hectáreas adquiridas en mayo de 1994 por un millón de pesos. La suma arroja 70.5 hectáreas de terrenos cuya ubicación no se precisa: el equivalente aproximado a 100 canchas de la extensión del Estadio Azteca. Una pequeña reserva territorial, pues, para un servidor público que presume vivir bajo el ideario de la sobriedad republicana.


Las inconsistencias tampoco se limitan al tamaño de la tierra. Romero declaró una casa de 326 metros cuadrados, adquirida el 31 de julio de 2001 por 1.4 millones de pesos. En la declaración de 2024 afirmó que la compró mediante crédito; en la de 2025, que fue pagada al contado. La propiedad no cambió, pero sí el mecanismo con el que fue adquirida.
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“TODO es LEGAL y ASÍ… SIN PRUEBAS ?”: SHEINBAUM RESPALDA a su AMIGO NUEVO RICO que YA TRAGA con MANTECA»….fue su operador financiero en campaña. https://t.co/KgTeFLgKZa pic.twitter.com/x2s7ku5bnP
Lo mismo ocurrió con dos departamentos de 74 metros cuadrados comprados el 14 de marzo de 2018 por 6.7 millones de pesos, en plena campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, de quien Romero fue uno de los operadores y colaboradores más cercanos. Primero dijo que ambos inmuebles fueron comprados a crédito. Un año después, modificó el relato: uno habría sido adquirido al contado y el otro con un crédito de 3.3 millones de pesos.
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“MORENA $_UERTUDA: EXHIBEN a GOBERNADORA de VERACRUZ con PROBLEMAS por el DINERO en EE. UU., NO PROBLEMAS de DINERO”… la lana, vaya usted a saber de dónde, tiene problemas para encontrar banco. https://t.co/5p2RXNcaQl pic.twitter.com/tjsQRwSZpd
Y todavía falta lo que no aparece: autos, joyas y obras de arte permanecen ocultos en la declaración. No necesariamente porque no existan, sino porque el formato permite reservar información. La transparencia, en este caso, parece haber llegado con cortinas, persianas y puerta trasera.
Una fortuna opaca en la era de los “nuevos ricos”
El significado político de esta fortuna no está sólo en los 47 millones reportados, ni en las hectáreas acumuladas, ni en las cuentas bancarias, ni siquiera en las contradicciones sobre si los bienes se compraron al contado o a crédito. Está en el patrón: bajo un oficialismo que se presenta como enemigo de los privilegios, empiezan a florecer patrimonios de funcionarios cercanos al poder cuya explicación pública resulta incompleta, cambiante o deliberadamente borrosa.
MORENA llegó prometiendo terminar con la élite política enriquecida al amparo del presupuesto, los contratos y las redes de influencia. Sin embargo, el discurso de “primero los pobres” convive cada vez con una burocracia de alto nivel que acumula propiedades, efectivo y activos sin que exista claridad suficiente sobre el origen de sus recursos, sus ingresos paralelos o la congruencia entre lo declarado y lo adquirido.
No se trata de condenar la riqueza por decreto ni de asumir que todo patrimonio equivale a corrupción. Se trata de exigir algo elemental: que quien administra instituciones como Pemex o el Infonavit pueda explicar, con precisión y sin versiones contradictorias, cómo formó su fortuna. Porque cuando un funcionario poderoso reporta ingresos por encima de la Presidenta, propiedades rurales del tamaño de una colonia y millones en cuentas, pero omite ubicaciones, actividades remuneradas y bienes relevantes, la opacidad deja de ser un detalle administrativo: se vuelve una señal de poder sin vigilancia.
Y ahí está la contradicción central de la autollamada transformación: mientras el gobierno sermonea sobre austeridad, algunos de sus hombres más cercanos parecen practicar una versión muy rentable de la revolución de las conciencias.
Con información: ELNORTE/




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