El Estado fue a “patrullar” Guerrero y Guerrero le recordó quién pone las reglas.Un operativo militar de rutina en Mochitlán y Quechultenango, a apenas 30 kilómetros de Chilpancingo, acabó con 29 soldados, guardias nacionales y policías estatales retenidos, golpeados, desarmados y encerrados en el gimnasio del pueblo.

No fue una emboscada en una sierra remota ni una incursión en territorio desconocido: ocurrió en la zona centro de Guerrero, una región donde desde hace años manda el grupo criminal de Los Ardillos, mientras las autoridades parecen limitarse a administrar el parte de novedades.

Los uniformados llegaron para su rondín cotidiano, de esos que el Gobierno presume bajo el nombre de Bases de Operaciones Interinstitucionales. Pero decenas de encapuchados les cerraron los accesos, los apedrearon, los arrinconaron con palos, machetes, tubos y varillas, les quitaron las armas y los metieron al gimnasio, que además funciona como comedor comunitario. El mensaje fue bastante claro: ahí el Ejército entra, pero no manda.

Afuera, los agresores incendiaron una patrulla de la Guardia Nacional, atacaron vehículos oficiales y bloquearon carreteras. Cuando otro convoy de Ejército, GN y Policía estatal intentó llegar desde Mochitlán para rescatar a los retenidos, también se topó con el letrero no oficial del territorio: camino cerrado por encapuchados.

Hubo cuatro heridos de bala después de que agentes llegados en apoyo repelieran la agresión. En videos difundidos se escuchan detonaciones y la voz de un hombre que grita: “Ay, ya me dieron”. Lo que no se escuchó, por supuesto, fue el anuncio de una detención: no hubo una sola.

Los 29 elementos fueron liberados alrededor de las 18:00 horas, luego de una “negociación” con autoridades municipales. Es decir, el Estado tuvo que sentarse a negociar para recuperar a sus propios soldados, guardias y policías, capturados durante un operativo que oficialmente era de rutina.

El subsecretario de Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, explicó que los agentes realizaban uno de los recorridos diarios de las BOI. La explicación describe el trámite, pero no resuelve la escena: fuerzas federales y estatales neutralizadas por una turba, desarmadas en plena vía pública y liberadas sólo después de que intervinieron alcaldes.

No era la primera vez. En febrero de 2022, pobladores de la misma zona retuvieron a militares y policías; entonces fueron liberados tras firmar una minuta y comprometer patrullajes acompañados por Policías Comunitarias. Esta vez no hubo papel firmado, pero sí una lección repetida: en Quechultenango y Mochitlán, el Gobierno puede llevar convoyes, chalecos, armas y siglas; el control territorial, sin embargo, sigue teniendo otros dueños.

Con información: ELNORTE/

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