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DEL «WHATSAPP al PRESUPUESTO: DENISSE DESCUBRE PRENSA a DIETA con DINERO PUBLICO que NO COMPRA la CONCIENCIA PUBLICA»…nadie habla escándalos del gobierno en Tamaulipas.

La periodista Denisse Romero,editorialista de El Mercurio de Cd.Victoria, dijo en voz alta desde sus redes lo que en Tamaulipas bajo el aun gobierno de Morena y Americo Villarreal, demasiados prefieren rumiar en privado: el caso Sergio Carmona no desaparece porque la clase política cierre los ojos, guarde el teléfono o convierta el silencio en…

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La periodista Denisse Romero,editorialista de El Mercurio de Cd.Victoria, dijo en voz alta desde sus redes lo que en Tamaulipas bajo el aun gobierno de Morena y Americo Villarreal, demasiados prefieren rumiar en privado: el caso Sergio Carmona no desaparece porque la clase política cierre los ojos, guarde el teléfono o convierta el silencio en estrategia de comunicación.

Y tiene razón en lo esencial. Los mensajes de WhatsApp difundidos y atribuidos a Sergio Carmona, en los que aparecen involucrados la senadora de Morena Olga Sosa y el senador del mismo partido José Ramón Gómez Leal, entre otros, no son basura digital para barrer debajo de la alfombra guinda.

Por sus alusiones a reuniones, operación política, propaganda, dinero y estructuras electorales, se trata de materiales que reclaman una investigación federal independiente, tanto de este lado como del otro lado del río y la valla fronteriza.

No un comunicado tibio. No una sonrisa de funcionario. No el clásico “es guerra sucia” lanzado desde un atril oficial y sin una sola prueba que desmonte el señalamiento.

La editorialista puso el dedo sobre una costumbre profundamente arraigada en Tamaulipas: muchos políticos exigen presunción de inocencia, pero no se sienten obligados a rendir cuentas; reclaman que nadie los señale, pero consideran opcional responder preguntas. Se indignan por la filtración, amenazan con demandar al poderoso medio estadounidense Los Angeles Times, pero guardan silencio sobre el contenido de lo filtrado.

Y mientras tanto, la ciudadanía queda mirando el espectáculo desde la grada, pagando impuestos para financiar gobiernos que administran el silencio como si fuera política pública.

La pregunta no es incómoda: es obligatoria

En el caso de la senadora Olga Sosa, los mensajes divulgados contienen referencias que ameritan una explicación pública, puntual y verificable.

El silencio no limpia un nombre. Apenas aplaza los cuestionamientos que también alcanzaron al actual alcalde de Morena en Cd.Madero,profusamente ligado al trafico de Huachicol.

La periodista Romero recordó que José Ramón Gómez Leal, al menos, reconoció haber conocido a Carmona, aunque negó saber de sus actividades ilícitas, pero arremetió contra quien lo cuestionó.

En el caso de Américo Villarreal, el asunto es aún más complejo: el gobernador ha dejado suficientes rastros —incluso en video— que ameritan una investigación seria, exhaustiva e independiente.

Que se traduzca en penas de prisión, como castigo ejemplar para el resto de los políticos ligados al crimen organizado, sin distinción de partido ni credo.

Aunque otros personajes relevantes de Morena optan por desaparecer tras la cortina de “no comentaremos”, lo único que alimentan es la sospecha pública. Porque en política, como en una tubería rota, cuando nadie explica de dónde viene el olor, la gente termina asumiendo que alguien está escondiendo el derrame.

Y no: la obligación de explicar no nace de una condena judicial. Nace del cargo público, del poder que se ejerce y del dinero ciudadano que se administra.

Del WhatsApp al presupuesto

La discusión no se limita a una conversación atribuida a una senadora. Los reportajes citados colocan sobre la mesa otro ángulo igual de incómodo: contratos municipales otorgados durante la administración de Héctor Joel Villegas González en Río Bravo a empresas que investigaciones periodísticas vinculan con el entorno empresarial de Sergio Carmona.

Los reportajes de NMAS+ en Televisa refieren más de 15 millones de pesos en contratos para pavimentación y renta de maquinaria, así como cuestionamientos sobre domicilios fiscales y el estado material de obras reportadas.

Prensa: el cuarto poder en modo nómina

La parte más triste de esta historia no es únicamente el evidente y frecuente lodazal político. Es el silencio de buena parte de la prensa local. Un silencio que no parece prudencia periodística, sino una dieta editorial con patrocinador ,usada paradogicamente,para engañar al contribuyente cumplido con su propio dinero.

Cuando los medios dependen de convenios oficiales distribuidos sin reglas claras, el periodismo deja de preguntar y empieza a calcular. ¿Cuánto cuesta publicar? ¿Cuánto cuesta callar? ¿Cuánto cuesta no incomodar al gobierno? Y la respuesta siempre la paga el mismo: el contribuyente que financia la publicidad oficial y, de paso, el ecosistema mediático que debería vigilar a quienes manejan ese dinero.

Un informe de Artículo 19 alerta de sobreejercicios y concentración del gasto en publicidad oficial en Tamaulipas, incluyendo una ampliación reportada de hasta 1,723.5% respecto de lo aprobado. Esa clase de hallazgos no describe una política de comunicación: describe un sistema de poder que puede premiar obediencias y castigar críticas con recursos públicos.

La perversión es perfecta: primero se utiliza el dinero ciudadano para construir una prensa dócil; después, esa misma prensa guarda silencio cuando surgen cuestionamientos que deberían abrir portadas, generar entrevistas, exigir verificaciones y dar pie a seguimientos. El gobierno compra propaganda, el medio vende una prudencia de bozal y el ciudadano recibe boletines envueltos como noticias.

Que hablen, que documenten, que investiguen

Denisse Romero hizo bien en negarse a fingir que el tema no existe. La discusión pública no debe reemplazar a la justicia, pero tampoco debe arrodillarse frente al silencio de los poderosos.

La exigencia mínima es clara:

Que se transparenten contratos, proveedores, obras, entregables y criterios de asignación de publicidad oficial.

Que los medios tamaulipecos dejen de confundir el convenio con la mordaza y recuerden que el dinero público no compra la conciencia pública.

Que los contribuyentes entiendan que cada peso usado para maquillar al poder es un peso menos para obra publica, medicinas y educacion.

Porque el problema no es que haya preguntas. El problema es que quienes deben responder actúen como si preguntar fuera delito.

En Tamaulipas, el silencio ya no es prudencia: parece parte del presupuesto. Y cuando un gobierno, una clase política y una prensa financiada se ponen de acuerdo para no hablar, lo único que crece es la sospecha y la ausencia de información y explicaciones convierten cada sombra en un cuarto oscuro.

Con información @DenisseRomero

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