En conversación con la periodista Lía Calderón de UNIVISION, Sara Carter, quien encabeza la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca dejó caer una frase que debería retumbar desde Ciudad Victoria hasta cualquier oficina donde el poder se sienta blindado por el fuero, la investidura o la cercanía con Palacio Nacional:

“Si estás trabajando con los cárteles, si hay alguna sospecha de que estás trabajando con los cárteles, de que estás ayudando a los cárteles, tenemos el derecho de retirar tus visas.”

Traducido al español de la política mexicana: a Estados Unidos no le hace falta pedir permiso al gobernador, al partido ni a la mañanera para cerrar la puerta. La visa no es una medalla, ni un salvoconducto permanente, ni una herencia familiar, ni tampoco no tenerla es meritorio como recien lo dijo Américo Villarreal para justificar le fue revocada.

Y efectivamente,es un privilegio revocable, sobre todo cuando alrededor de un funcionario y sus familia se acumulan sospechas, señalamientos, personajes incómodos y vínculos que apestan más que los discursos oficiales de “combate a la corrupción”.

Y en Tamaulipas, donde Américo Villarreal gobierna bajo una nube de cuestionamientos públicos y acusaciones difundidas en distintos espacios, la frase no cae en terreno ajeno: cae en el patio de Palacio de Gobierno.

No se trata de afirmar culpabilidades que corresponden probar a las autoridades competentes en EE.UU,pues en Mexico hay nulo interés. Se trata de entender el mensaje de Washington: si existen elementos, indicios o sospechas de colaboración política con estructuras criminales, el castigo puede empezar antes de una sentencia y sin necesidad de que un juez mexicano se atreva a tocar el expediente. Primero puede venir la visa; luego, si el caso escala, las sanciones, las investigaciones y las imputaciones.

La advertencia encaja con la lectura de que Estados Unidos no estaría mirando únicamente a operadores menores o a funcionarios sacrificables. La mira, según el contexto difundido por medios y periodistas, también apunta hacia personas con fuero, silla de gobernador, control territorial y línea directa con el poder central. En otras palabras: los intocables de aquí pueden no ser tan intocables del otro lado de la frontera.

En Tamaulipas convendría tomar nota. Porque cuando la sospecha de vínculos con el narco alcanza a quienes administran el estado, ya no basta con responder con propaganda, ataques a la prensa o el manual gastado de la “guerra sucia”.

La pregunta no es si Washington tiene derecho a retirar visas,incluidas sus familias; la pregunta es quiénes mas, en el poder tamaulipeco, deberían empezar a preocuparse por renovar el pasaporte… pero sin esperar que les sellen la entrada.

Con información: NMAS+/UNIVISION/

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