En Tamaulipas, el agua parece tener menos que ver con tuberías, pozos y derechos constitucionales que con el guardarropa partidista. Cuando un ayuntamiento pide recuperar el control de su Comapa, no basta con hablar de municipio libre, servicio público o rendición de cuentas: primero hay que pasar por la aduana política del gobierno estatal y de su mayoría legislativa.
El ex-panista Humberto Prieto Herrera, ahora presidente de la Junta de Gobierno del Congreso dominado por Morena y dominados por el Gobernador, Americo Villarreal, ya puso el sello: Río Bravo no está listo para recibir la Comapa. Según su argumento, el Ayuntamiento no ha acreditado todos los requisitos legales, administrativos y operativos; entre ellos, las actas de Cabildo que formalicen el acuerdo para la transferencia. Además, el municipio arrastra un adeudo superior a 3 millones de pesos con el propio organismo.
Hasta ahí, la explicación tiene forma jurídica. Nadie sensato propondría entregar un servicio esencial a ciegas, sin inventario, sin personal, sin evaluación financiera, sin continuidad operativa y sin un acuerdo formal del Cabildo. El agua no es un trofeo de campaña ni una caja chica con válvulas: si falla la transición, quien paga no es el alcalde ni el diputado; es la familia que abre la llave y recibe aire.
Pero una cosa es exigir legalidad y otra usar la legalidad como biombo. Porque el asunto de fondo no es si Río Bravo debe entregar papeles —debe hacerlo—, sino si Morena, desde el Ejecutivo estatal y desde el Congreso que encabeza Prieto, aplica esos mismos requisitos, con idéntico rigor y en los mismos tiempos, a municipios gobernados por sus aliados.
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“QUIÉN DIJO que NO se PUEDE: LIBERAN HIJO del CAPO CARAMUELA del CDG, YERNO de DIPUTADA de MORENA, DETENIDO por MILITARES en REYNOSA”… convirtieron la captura en anécdota. https://t.co/MBa29GktA3
La alcaldía de Río Bravo, encabezada por el panista Miguel Ángel Almaraz, contrasta con el gobierno estatal de Américo Villarreal, emanado de Morena. En ese cruce de colores, cualquier demora burocrática huele menos a un expediente técnico y más a revancha partidista.
#cdmx,#reynosafollow,#matamoros,#nuevolaredo,#tampico,#cdvictoria,#slp “PARA eso QUIERE AMERICO COMAPAS y JUNTAS de AGUA ?”: EL “CIEGO ESCORPION del CDG MATAMOROS COBRA un DINERAL como PROVEEDOR del ACTUAL GOBIERNO MORENO en MATAMOROS”…estamos en el hoyo. https://t.co/RPV1ZuJlp6 pic.twitter.com/7lPfDZ20Vy
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Cuando el control de una Comapa implica presupuesto, contratos (…hasta para el Cartel del Golfo), nómina, obras, tarifas, visibilidad política y la capacidad de resolver —o agravar— una crisis de agua, la disputa deja de ser meramente administrativa. Es poder. Poder líquido, pero poder al fin.
La Ley de Aguas de Tamaulipas reconoce a los ayuntamientos como autoridades en la materia y define al organismo operador municipal como la entidad descentralizada de la administración pública municipal responsable de agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento dentro de su territorio. La propia norma habla de coordinación, descentralización y fortalecimiento del municipio libre.
De modo que el Estado puede intervenir, coordinar e incluso prestar temporalmente el servicio mediante convenio; lo que no debería hacer es convertir la excepción en una franquicia política permanente.
La Constitución, en su artículo 115, coloca agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales dentro de las funciones municipales. El Estado puede asumirlas cuando exista una afectación a la población o una imposibilidad municipal demostrable, pero esa sustitución debe ser excepcional, fundada, motivada y verificable; no una sentencia política dictada desde Ciudad Victoria.
Prieto sostiene que la Comapa “está dando resultados” y que el Ayuntamiento no cuenta todavía con la operación, los recursos humanos ni la capacidad administrativa para tomar las riendas. Es una tesis atendible, pero incompleta. Si la Comapa da resultados, que los muestre: eficiencia física, eficiencia comercial, cartera vencida, calidad del agua, cobertura, fugas, número de horas de servicio, inversión por colonia, rezago en drenaje, nómina, pasivos, contratos y auditorías. Decir que funciona no equivale a probarlo.
Y si el Ayuntamiento no tiene capacidad, que la autoridad estatal emita una evaluación técnica pública, con metodología, indicadores y un plan de fortalecimiento. Lo que no se vale es dictar incapacidad desde el micrófono mientras se conserva el control del organismo. La ley no creó las Comapas para que sean premios de consolación de los gobiernos estatales ni instrumentos de disciplina para alcaldes incómodos.
La parte jurídica que sostiene a Prieto
La postura del Congreso puede defenderse si se acredita, documentalmente, lo siguiente:
- La solicitud del Ayuntamiento fue presentada el 25 de agosto de 2025 y recibió una prevención el 18 de noviembre para entregar documentos faltantes, incluyendo actas de Cabildo de fechas específicas. El Congreso afirma que esa prevención no había sido solventada.
- Una transferencia no opera por voluntad unilateral del alcalde: requiere actos formales del Ayuntamiento y una ruta que garantice continuidad del servicio, administración, recursos humanos, patrimonio, pasivos y operación.
- El Estado puede sostener temporalmente la prestación si demuestra que la transferencia pondría en riesgo a la población. El punto decisivo es la evidencia: riesgo concreto, estudio técnico y motivación individualizada, no una descalificación política genérica.
- El adeudo municipal superior a 3 millones de pesos es relevante para la viabilidad financiera, pero no debe usarse como pretexto automático para anular o congelar indefinidamente el procedimiento. Debe precisarse su origen, exigibilidad, conciliación contable y esquema de pago.
La doble moral
Para exhibir —o descartar— la revancha partidista, la autoridad podria abrir otros expedientes y comparar criterios.
- Igualdad de trato. Solicitar la relación de municipios que hayan recibido, recuperado, creado, modificado o mantenido organismos operadores desde 2022, con partido del alcalde, fechas, requisitos pedidos, omisiones detectadas y tiempo de resolución. Si a los aliados les resolvieron con flexibilidad y a Río Bravo le exigen perfección notarial, hay materia para impugnar arbitrariedad.
- Fundamentación y motivación. Exigir el acuerdo formal que niega o suspende la transferencia. Debe señalar normas aplicables, hechos comprobados, documentación faltante, plazos y la conexión lógica entre cada omisión y el supuesto riesgo al servicio.
- Plazo razonable. Una “prevención” no puede ser un congelador eterno. La autoridad debe fijar qué debe subsanarse, cómo se acredita y cuándo resolverá. Si el municipio entrega lo requerido y el expediente sigue inmóvil, la omisión administrativa se vuelve impugnable.
- Prueba de capacidad. El Ayuntamiento debe dejar de pelear sólo en conferencias y exhibir un expediente serio: acuerdo de Cabildo, plan de transición, plantilla técnica, estudio financiero, inventario de infraestructura, padrón de usuarios, esquema de pago del adeudo y programa de continuidad del servicio.
- Datos verificables de la Comapa actual. Si el Congreso presume resultados, que publique resultados. Si no hay indicadores comparables, auditorías y metas, el argumento de “no alteremos lo que funciona” queda en propaganda institucional.
Que Río Bravo complete sus papeles, pague lo que deba y pruebe que puede administrar el agua sin convertir la Comapa en botín municipal. Pero que Morena y el Congreso de Prieto también hagan lo suyo: transparentar el expediente, medir con la misma regla a alcaldes propios y ajenos, y demostrar que retienen el organismo por capacidad técnica, no porque en Río Bravo el alcalde usa chaleco azul.
Porque si las Comapas se transfieren o se retienen según la militancia del presidente municipal y el color de su chaleco, entonces el derecho humano al agua terminó reducido a un trámite partidista: abre la llave quien trae el color correcto.
Con información: HoyTamaulipas/
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