México no tiene una bronca pensionaria: tiene una bomba presupuestal con corbata, calculadora actuarial y fecha de cobro. Si las proyecciones se cumplen, el gasto en pensiones alcanzará en 2030 el equivalente a 9% del PIB, mientras el Gobierno seguirá apartando una porción cada vez más grande del presupuesto para tapar los hoyos de sistemas que llevan años gastando como si el dinero naciera en maceta.
El actuario Francisco Miguel Aguirre Farías, presidente ejecutivo de Grupo VAN, plantea poner orden en ese tianguis de regímenes pensionarios: una Ley General de Pensiones y hasta una Secretaría especializada que deje de tratar el problema como un pendiente de ventanilla en Hacienda.
Mil 500 cajas, muchas sin fondo
En México operan alrededor de mil 500 esquemas de pensiones —IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE y una larga fila de regímenes estatales, municipales, universitarios y empresariales—. Según Aguirre Farías, 70% de ellos ya está descapitalizado; es decir, prometieron pagar una renta vitalicia, pero su alcancía anda sonando más a lata vacía que a fondo financiero.
Y el 30% que todavía no está en terapia intensiva tampoco puede cantar victoria: eventualmente requerirá subsidios, probablemente dentro de una década. Traducido a lenguaje de banqueta: hay sistemas que ya están pidiendo prestado para llegar a la quincena y otros que todavía aparentan estabilidad, pero ya traen el crédito revolvente al límite.
El problema es que cada esquema se ha ido arreglando —o desarreglando— por su cuenta. Unos cambian requisitos, otros suben aportaciones, algunos recortan beneficios y varios dejan la factura al siguiente gobierno. Para Aguirre Farías, una Ley General debería fijar el manual: cómo reformar cada régimen, qué criterios usar y hasta dónde puede crecer el gasto.
Porque, como resumió el especialista: si no se ponen reglas, “cada quien lo hace como quiere”. Y en materia pensionaria, dejar que cada quien improvise equivale a administrar una cooperacha nacional sin libreta, sin tesorero y con varios compadres prometiendo dinero ajeno.
El presupuesto ya trae mordidas
Actualmente, el gasto gubernamental en pensiones representa 23% del Presupuesto de Egresos. La expectativa, según el actuario, es que suba a 28% en 2040 y que, aun después de bajar, se mantenga en 26% hacia 2060.
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— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) August 5, 2026
EL «GASTO RIGIDO y la TRADUCCIÓN SIN ANESTESIA: 68% de LANA de IMPUESTOS se la COME DEUDA,PENSIONES y PROGRAMAS SOCIALES»…más de 2 billones de pesos en apenas medio año. Sí, medio año.https://t.co/OuYsmwUThm pic.twitter.com/NaHCZroxt9
No es una cifra decorativa. Significa que de cada 100 pesos presupuestales, más de una cuarta parte podría estar comprometida con pensiones. Antes de reparar una carretera, contratar médicos, comprar medicamentos, financiar escuelas o reforzar seguridad, el Gobierno tendrá que pasar por la caja pensionaria, que ya tiene apartado su sobre.
Aguirre Farías advierte que el gasto pensionario ya rebasa lo destinado a salud y educación. Es decir, el presupuesto público se parece cada vez más a una familia que usa buena parte de su ingreso para cubrir deudas viejas: paga lo indispensable para no caer en incumplimiento, pero le queda menos margen para invertir en lo que evita problemas nuevos.
IMSS y Bienestar: dos presiones distintas
El caso del IMSS ilustra la dimensión del compromiso. Las transferencias federales al instituto equivalen hoy a 8.5% del Presupuesto de Egresos; la proyección es que suban a 10.2% en 2036. Después caerían hasta 3% en 2064, como efecto de reformas previas.
Pero la Pensión para el Bienestar —la transferencia universal para personas adultas mayores— va por una ruta distinta. Hoy representa cerca de 6% del presupuesto y podría llegar a 17% después de 2060. No porque cada beneficiario reciba una fortuna: los 3 mil 200 pesos mensuales están lejos de resolver la vida de una persona mayor. El problema es la escala: una pensión modesta multiplicada por una población envejecida termina siendo una cuenta gigantesca.
Es la clásica trampa del “poquito por persona”: individualmente parece manejable; en volumen, se convierte en una marea que se lleva el margen fiscal.
La reforma que nadie quiere cobrar
Aguirre Farías insiste en que el país necesita un pacto nacional porque no todos los esquemas pueden recibir el mismo tratamiento. En algunos habrá que reforzar aportaciones o subsidios; en otros, inevitablemente, habrá que contener beneficios. Y ahí empieza la parte tóxica de la conversación: dar menos es políticamente explosivo, aunque seguir prometiendo sin fondear sea financieramente suicida.
Crear una Secretaría de Pensiones no resolvería por sí sola el desfalco actuarial, pero sí podría concentrar diagnóstico, reglas, información y capacidad de negociación. Hoy el asunto está repartido entre dependencias, instituciones y regímenes con intereses propios; una arquitectura ideal para que nadie se haga responsable de la factura completa.
La conclusión es incómoda, pero sencilla: las pensiones no son un gasto prescindible ni una dádiva que pueda recortarse con tijera de escritorio. Son un derecho y una obligación pública. Pero precisamente por eso requieren financiamiento real, reglas parejas y reformas hechas antes de que el presupuesto termine convertido en una máquina de pagar compromisos pasados mientras el presente se queda sin medicinas, escuelas, policías ni obra pública.
Con información: ELNORTE/
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