En México, al parecer, no basta con que un senador enfrente señalamientos graves: hay que juntar miles de firmas, tocar la puerta del Senado y recordarles a los legisladores que rendir cuentas también forma parte de su trabajo.

La iniciativa ciudadana contra Enrique Inzunza había reunido 19 mil 287 apoyos en Change.org y anunció que los entregará el 29 de septiembre. Pide que el senador solicite licencia y que la Fiscalía General de la República concluya la investigación en su contra. Los presuntos vínculos con Los Chapitos son señalamientos, no una culpabilidad probada.

El detalle más elocuente no está solo en el número de firmas, sino en la respuesta institucional: según Vania Pérez Morales, se intentó entregar la exigencia a las coordinaciones de MC, PRI, PAN y Morena y a la presidencia del Senado; la mayoría no respondió. Qué clase de representación es esa en la que la ciudadanía debe organizarse para exigir una respuesta y quienes cobran por darla pueden optar por el silencio.

Nadie pide que una petición sustituya una investigación ni que una sospecha se convierta en sentencia. Se pide algo bastante menos extravagante: que la autoridad investigue, que el senador dé la cara y que sus colegas dejen de actuar como si exigir explicaciones fuera una descortesía. Ese es el nivel del país: casi 20 mil personas haciendo ruido para que las instituciones hagan, por sí mismas, lo que se supone que existen para hacer.

Con información: RIO DOCE/

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