ValorTamaulipeco

Entre 130 y 150 diputados federales de Morena ya levantan la mano para quedarse otros tres años en San Lázaro. No hablan de rendir cuentas: hablan de “inscribirse”, someterse a encuestas y conservar la silla como quien aparta mesa en restaurante de lujo. Ricardo Monreal calcula que será la última oportunidad para reelegirse antes de que, en 2030, entre en vigor la prohibición de la elección consecutiva para todos los cargos de elección popular.

Y ahí está el detalle que deberían explicar sin rodeos: si la reelección era tan buena para la democracia, ¿por qué la extinguen? Y si era tan nociva como para prohibirla, ¿con qué pudor pretenden usarla una última vez?

La reelección legislativa fue vendida como una herramienta de profesionalización y rendición de cuentas. La teoría decía que un diputado con posibilidad de volver a competir dependería menos de la cúpula partidista y más de sus electores. En México, como suele ocurrir con las reformas empaquetadas en celofán institucional, la realidad terminó oliendo a otra cosa: a continuidad de camarillas, a candidaturas administradas desde arriba y a políticos que convierten la curul en franquicia familiar, plataforma de negocios o refugio de impunidad.

No es una discusión abstracta. La historia política mexicana conoce demasiado bien el mecanismo: el poder rara vez se conforma con un periodo cuando ha aprendido a administrar presupuestos, nombramientos, contratos, operadores territoriales y propaganda. El porfirismo no comenzó como una dictadura anunciada con trompetas; creció mediante la normalización de una idea corrosiva: que el país necesitaba al mismo hombre, al mismo grupo, al mismo arreglo, una vez más. Después vino la factura histórica, resumida en una consigna que no era adorno retórico: “Sufragio efectivo, no reelección”.

Claro: un diputado no es Porfirio Díaz y tres años más no equivalen por sí solos a una dictadura. Pero ése tampoco es el punto. La corrupción política no siempre llega montada en tanque; muchas veces entra por la puerta principal, con registro partidista, encuesta a modo, foto de campaña y una frase cuidadosamente barnizada: “la gente decide”. Como si la gente decidiera en condiciones de igualdad frente a quien ya dispone de estructura, reflectores, presupuesto público indirecto, relaciones locales y el blindaje de una marca partidista dominante.

La curul como propiedad privada

La elección consecutiva, bajo el modelo que hoy presume Morena, corre el riesgo de parecer menos un examen ciudadano que una renovación automática de contrato entre quienes mandan y quienes obedecen. El legislador no llega a pedir empleo al pueblo: llega a defender un puesto que ya aprendió a explotar.

Una encuesta distrital tampoco limpia por sí misma el mecanismo. La encuesta puede medir conocimiento, popularidad o disciplina territorial; no necesariamente honestidad, trabajo legislativo, ausencias, conflicto de interés, nepotismo, uso clientelar de programas o lealtad a los votantes. Preguntar quién es más conocido no equivale a preguntar quién robó menos, legisló mejor o traicionó menos.

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«MORENOS FARSANTES: ABREN REGISTRO para 300 DISTRITOS FEDERALES, pero la COMIS IÓN DECIDIRÁ quién ENTRA al CUARTO, quién LLEGA a la ENCUESTA"… y quién sale con la coordinación». https://t.co/kZgSesEVKm

— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) October 1, 2026

Es como poner a competir a un inquilino contra quien posee las llaves del edificio, controla el elevador y reparte los recibos. En el papel ambos participan; en la práctica, uno juega con la cancha, el silbato y la iluminación a su favor.

La curul no debe ser herencia, premio de obediencia ni certificado de permanencia. Mucho menos en un país donde una parte importante de la clase política usa el servicio público como escalera para llegar a negocios privados, redes de influencia y protección personal. Cuando el cargo se vuelve repetible, el incentivo deja de ser legislar para resolver problemas y pasa a ser administrar la propia supervivencia electoral.

El cinismo del “último pase”

Monreal presenta 2027 como la despedida de la reelección. Pero la prisa de entre 130 y 150 legisladores por anotarse revela la verdadera lectura que muchos hacen del asunto: antes de que cierren la puerta, hay que exprimir el privilegio.

No parece una movilización por defender una convicción democrática; parece la última llamada para abordar el tren de la continuidad. Una suerte de liquidación política: “aproveche ahora, antes de que la reforma lo prohíba”. Y cada diputado que se registre debería responder una pregunta elemental: ¿por qué merece seguir, específicamente él o ella, cuando millones de ciudadanos no tienen segunda, tercera ni cuarta oportunidad frente al fracaso institucional?

El pueblo no tiene reelección cuando una clínica no da medicinas, cuando una carretera queda abandonada, cuando una escuela se cae a pedazos, cuando una denuncia duerme años en un escritorio o cuando la violencia transforma la vida cotidiana en una rutina de miedo. Pero el diputado sí puede tenerla: otra campaña, otro presupuesto, otra negociación, otro periodo para fingir que trabaja mientras aprueba lo que le ordena la bancada.

Ésa es la asimetría que indigna. Al ciudadano le piden paciencia infinita; al político le ofrecen permanencia renovable.

No reelección, pero de verdad

Prohibir la elección consecutiva desde 2030 y permitirla todavía en 2027 produce una contradicción política difícil de disimular. Si el modelo es inconveniente para la República, debería combatirse con la misma energía con que se presume su eliminación futura. Si no lo es, entonces la prohibición parece una maniobra oportunista para reacomodar lealtades y controlar carreras políticas desde la dirigencia partidista.

La respuesta no puede ser sustituir la reelección por el dedazo, ni cambiar al diputado profesional por el diputado desechable que sólo responde a quien reparte candidaturas. Pero tampoco puede consistir en santificar la permanencia como si repetir en el cargo fuera prueba de mérito.

La democracia no se fortalece cuando los representantes aprenden a reciclarse. Se fortalece cuando pueden ser vigilados, cuestionados, removidos políticamente y reemplazados por ciudadanos que no pertenezcan al mismo circuito de favores. Una Cámara de Diputados no debe ser una sala de espera para aspirantes eternos al poder, sino una institución temporalmente ocupada por representantes obligados a demostrar, con hechos, que no son dueños del mandato popular.

Porque la reelección, cuando se mezcla con partidos hegemónicos, encuestas opacas, estructuras clientelares y disciplina de cúpula, deja de parecer una herramienta de rendición de cuentas. Se vuelve lo que tantas veces ha sido en la historia mexicana: una forma elegante de prolongar el abuso, con el pueblo obligado a aplaudir mientras le venden como democracia la renovación del mismo negocio.

Con información: REFORMA/