El sistema presume alta especialidad, pero las familias denuncian algo mucho más elemental: falta de higiene. Mucha bata institucional, mucho protocolo anunciado y una pregunta que no necesita doctorado en epidemiología: ¿cómo termina un recién nacido infectado en el lugar que debía protegerlo? En el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, en Guadalajara, padres de bebés fallecidos señalan malas prácticas mientras siguen pendientes las investigaciones sobre las infecciones y su relación con las muertes.
El corazón de Yuliana Guadalupe Vega Hernández se quedó allí. La mujer de 37 años viajó desde Culiacán todavía embarazada para recibir atención especializada. Regresó sin Dayana, su hija “deseada, planeada, amada”. Según su testimonio, a los siete días de nacida la bebé contrajo una infección por hongos y bacterias que nunca lograron erradicar. Murió el 4 de julio, después de dos paros cardíacos. Yuliana volvió con secuelas físicas que, relata, le impiden ser madre nuevamente y con aproximadamente 60.000 pesos gastados en traslados y servicios funerarios.
La cuenta resulta obscena: buscar atención, perder a una hija y todavía pagar el regreso y el entierro. Una factura que ningún comunicado puede anestesiar.
En el relato de las familias aparecen dos microorganismos: Klebsiella pneumoniae, una bacteria, y Candida albicans, un hongo. Conviene nombrarlos correctamente: bastante confusión hay ya en las explicaciones institucionales como para meter también a los hongos en el cajón de las bacterias. Los padres de Elián, José Nayib y Anthony Jassiel denunciaron que sus hijos presentaron infecciones por ambos microorganismos durante su hospitalización. La responsabilidad y la contribución de esas infecciones a cada fallecimiento siguen bajo investigación.
Separar al director de un hospital y al jefe de la UCIN puede ser una medida cautelar necesaria, pero resulta clínicamente insuficiente. En una UCIN, una infección no se combate buscando al chivo expiatorio más cercano; se corta la cadena de transmisión, se identifica el foco y se corrige todo el sistema que permitió que el microorganismo circulara. Si el IMSS quiere actuar con la misma lógica que exige a sus médicos, tendrá que revisar hacia arriba: de Guadalajara a la dirección general, y de la dirección general a Los Pinos —o, para ser exactos, a Palacio Nacional. Cuando hay brotes de infecciones asociadas a la atención de la salud —IAAS— en una unidad neonatal, el diagnóstico no se agota en el último eslabón de la cadena: obliga a revisar la rectoría, el presupuesto, el abasto, la vigilancia epidemiológica, la plantilla y las decisiones de quien dirige todo el organismo. No basta con retirar al director del Hospital de Gineco-Obstetricia de Guadalajara y al jefe de la UCIN como si una sepsis institucional pudiera tratarse con el clásico paracetamol administrativo: apartar al de abajo, anunciar una auditoría y esperar que baje la fiebre mediática. Si hubo brotes de infecciones nosocomiales en una terapia neonatal —la segunda más grande del IMSS, con 32 cunas y pacientes prematuros o de muy bajo peso—, el problema no empieza ni termina en la puerta de esa unidad. Una infección asociada a la atención de la salud no brota por generación espontánea ni la inocula un duende con bata. Suele alimentarse de fallas acumuladas: vigilancia epidemiológica tardía o ineficaz, protocolos incumplidos, sobrecarga laboral, déficit de personal, insumos insuficientes, fallas en limpieza y esterilización, infraestructura agotada, cultivos tardíos, resistencia antimicrobiana y una cadena de mando que quizá veía las alertas como si fueran spam. El propio IMSS reconoce que hubo brotes notificados durante el año y que, en seis recién nacidos fallecidos, una infección aparece entre las causas de muerte. También admite que tres familias presentaron denuncias ante la Fiscalía. Eso ya no es una anécdota administrativa ni una “incidencia adversa”: es una señal de alarma epidemiológica con pulso político. Separar al director hospitalario y al responsable de la UCIN es apenas el aislamiento de contacto. Pero, si el patógeno es sistémico, hay que buscarlo en el huésped principal: la dirección general del IMSS. Zoé Robledo no administra un consultorio periférico; encabeza la institución responsable de garantizar que sus hospitales que iban a ser como en Dinamarca y resultaron mejores, tengan condiciones mínimas para que una terapia intensiva neonatal no funcione como una ruleta microbiológica.
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) October 2, 2026
Según el recuento de las familias del texto, son 11 las que exigen justicia; ellas calculan que podría haber por lo menos 18 afectadas. No es una cifra oficial de muertes confirmadas por un mismo brote. Es el registro que madres y padres han tenido que construir entre salas de espera, conversaciones y funerales.
Porque, cuando la información institucional no alcanza, el duelo acaba haciendo trabajo de archivo.
Asepsia de discurso
Los testimonios describen una escena incompatible con la tranquilidad que debería ofrecer una unidad neonatal: personal que, según las madres, manipulaba celulares sin lavarse las manos, tosía cerca de los bebés o entraba sin las medidas de protección que ellas esperaban.
Lorena de Jesús Ramírez, madre de José Nayib, denunció falta de uso constante de guantes, batas y cubrebocas: “Hubo muy malas prácticas y falta de higiene”. Son señalamientos que deben investigarse, no sustituir un dictamen; pero tampoco pueden desinfectarse con una frase de relaciones públicas.
El contraste tiene algo de diagnóstico institucional: alta especialidad en el membrete y, según las denuncias, fallas elementales al lado de la incubadora.
#cdmx #cdvictoria #tampico #reynosa «SHEINBAUM INAUGURO un HOSPITAL que OPERA a MEDIAS en el SUR de TAMAULIPAS y SECRETARIO del SISTEMA INSALUBRE de AMERICO lo NIEGA»… Inaugurar no es poner a funcionar https://t.co/SyDaQ8yJPG https://t.co/gfpAJEtGhy
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) September 28, 2026
La higiene de manos no es un accesorio ni una cortesía del personal. La especialista Rosa María Wong, de la UNAM, explicó a EL PAÍS que el lavado estricto de manos es la estrategia fundamental para prevenir y controlar la transmisión intrahospitalaria de estos patógenos. También señaló que la prematurez, la hospitalización prolongada y los procedimientos invasivos aumentan la vulnerabilidad de los recién nacidos. Precisamente por eso, protegerlos exige más rigor, no menos.
Un bebé vulnerable necesita barreras contra la infección. No excusas después del funeral.
El brote y la burocracia
Tres familias relataron que un responsable del área reconoció que conocían la presencia de bacterias y hongos y les aseguró que podía terminar con el brote en 20 días. La pregunta de los padres fue brutalmente sencilla: si podía hacerlo, ¿por qué no había actuado antes, mientras sus hijos acumulaban semanas y meses internados? Esa versión forma parte de sus denuncias y deberá esclarecerse.
Ahí está la lesión que los comunicados no suturan: la distancia entre lo que una institución sabía, lo que hizo y lo que debe explicar.
En Durango, el IMSS informó de cinco recién nacidos fallecidos entre el 15 y el 19 de septiembre. Reconoció la detección de una bacteria, aunque advirtió que su presencia, por sí sola, no explicaba las muertes. Anunció aislamiento, restricciones de ingreso, limpieza exhaustiva y seguimiento mediante cultivos. La causalidad requiere investigación; la obligación de rendir cuentas no necesita esperar a que se complete el último cultivo.
No se trata de convertir toda muerte neonatal en prueba automática de negligencia. Se trata de no convertir la complejidad clínica en un sedante para las preguntas.
Pronóstico reservado para la confianza
Zoé Robledo anunció una auditoría clínica independiente, la separación temporal del director del hospital y del jefe de la unidad neonatal, una investigación epidemiológica más profunda y un “comando operativo” para reforzar la seguridad de los recién nacidos. La auditoría deberá determinar si hubo infecciones asociadas a la atención, si causaron o contribuyeron a las muertes y si existieron fallas evitables. Esas respuestas siguen siendo indispensables.
“Comando operativo”: el nombre suena a despliegue de emergencia. Las familias, en cambio, piden algo menos espectacular y mucho más concreto: saber qué ocurrió, quién debía impedirlo y quién responderá si se acreditan omisiones.
La separación temporal de dos funcionarios no equivale a una sanción definitiva. Una auditoría no equivale a justicia. Y anunciar vigilancia no demuestra que antes se hubiera vigilado bien.
El expediente institucional podrá hablar de microorganismos, factores de riesgo, evolución clínica y eventos adversos. Las familias hablan de Dayana, Elián, José Nayib, Anthony Jassiel y los demás bebés que no volvieron a casa.
Ese es el diagnóstico que no admite maquillaje: hay niños muertos, denuncias de fallas sanitarias y responsabilidades todavía por esclarecer. La investigación debe distinguir lo inevitable de lo prevenible. Porque, si confirma que hubo muertes evitables, no estaremos ante una fatalidad que se resuelve con pésames, sino ante un sistema que falló donde tenía la obligación más elemental de cuidar.
Y contra eso no sirve la anestesia del discurso. Sirven la verdad, las consecuencias y medidas que lleguen antes del siguiente funeral.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/VERONICA M. GARRIDO
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