A los políticos que confunden el cargo público con una póliza de impunidad, Sara Carter les mandó un recado sin anestesia: Estados Unidos irá contra quienes colaboren con los cárteles, aunque despachen desde un palacio de gobierno. La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas —ONDCP— lo dijo en entrevista con Voz News: el puesto no será una excepción. infobae

«No nos importa si eres el gobernador o si eres la persona que trabaja en la plaza en una tiendita pequeña. Te vamos a encontrar, vamos a ir tras de ti y nos vamos a asegurar de que pagues el precio»…Sara Carter

En Tamaulipas, ese mensaje ofrece una vara incómoda para examinar al todavía gobernador morenista Américo Villarreal: no por una acusación nominal de Carter contra él —las citas difundidas no lo mencionan—, sino por los señalamientos que rodean a su administración y que exigen respuestas verificables, no otro capítulo de «tengo la conciencia tranquila», producido para consumo de sus aplaudidores humanistas.

Las recurrentes y muy variadas acusaciones sobre presunto financiamiento ilícito, relaciones de su entorno con personajes señalados por vínculos criminales y reportes de investigaciones estadounidenses contra Américo Villarreal son el mejor indicador, aunque la referencia de Carter no lleve nombres y apellidos.

Porque un gobernador no debería administrar su credibilidad como un influencer en crisis: foto sonriente, negación categórica y confianza en que el siguiente video entierre la pregunta anterior, mientras los cuestionamientos sigan pendientes. Ese es el patrón que rodea la figura de Villarreal.

La palabra decisiva en la advertencia de Carter es colaboración. No anunció una persecución por colores partidistas: habló de quienes ayuden a los cárteles. Por eso el mensaje alcanza, como criterio, a cualquier funcionario cuya colaboración criminal llegue a acreditarse.

Carter también pidió cooperación entre Washington y México:

«Lo que estoy diciendo es: únanse a nosotros. Detengan esto. Podemos ponerle fin a los cárteles trabajando juntos. Podemos encontrar áreas de terreno común sobre las cuales construir».

El contraste es demoledor para cualquier gobierno que quiera vender cooperación en el discurso y eludir el escrutinio en los hechos: combatir a los cárteles también exige esclarecer las acusaciones contra quienes podrían facilitarles el negocio desde el poder.

Para Américo y para cuantos funcionarios enfrenten señalamientos semejantes, la exigencia debe ser la misma: investigar, documentar y rendir cuentas. No condenarlos por consigna, pero tampoco permitirles absolverse por boletín. El cargo sirve para gobernar; no debería funcionar como oficina de relaciones públicas de la propia inocencia.

Con información: ELNORTE/

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