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“MALDITA GUERRA INATAJABLE: CUSTODIOS dejaron MORIR a NIÑO de DOS AÑOS que FUE de VISITA al PENAL de MAZATLÁN: ACUSA el PADRE”… se lo arrebataron de los brazos.

Doce muertos en dos días y 16 heridos. Ese es el saldo de los enfrentamientos del 8 y 9 de octubre en el penal El Castillo, en Mazatlán. Entre los fallecidos hay un niño que había ido de visita, no a cumplir una condena. Después del primer enfrentamiento, las autoridades informaron que el reclusorio estaba…

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Doce muertos en dos días y 16 heridos. Ese es el saldo de los enfrentamientos del 8 y 9 de octubre en el penal El Castillo, en Mazatlán. Entre los fallecidos hay un niño que había ido de visita, no a cumplir una condena. Después del primer enfrentamiento, las autoridades informaron que el reclusorio estaba bajo control. Al día siguiente murieron otros dos internos. El “control”, por lo visto, no alcanzó para mantenerlos vivos.

Pero detrás de esa contabilidad del horror hay algo que ningún comunicado puede volver menos doloroso: un padre herido que denuncia haber visto cómo su hijo, de un año y nueve meses, quedó sin atención médica después de recibir un disparo. Según su relato, los custodios lo inmovilizaron y separaron del pequeño cuando lo que él pedía era ayuda.

El niño no era un enemigo que neutralizar, ni una amenaza que contener, ni una cifra para acomodar al final del parte. Era un niño. Y, según el testimonio reproducido en la demanda de amparo, su padre intentó protegerlo con el cuerpo: lo abrazó mientras las balas los alcanzaban. Después, ya herido, siguió pidiendo auxilio. Hay una crueldad insoportable en esa escena: unos brazos intentando salvar una vida frente a una institución que tenía la obligación de protegerlos.

Ahí está el tamaño del fracaso. Ejército, Guardia Nacional, Marina y policías participaron en el operativo para controlar el penal después del primer enfrentamiento.

Sin embargo, la violencia volvió al día siguiente. La presencia de uniformados puede servir para recuperar instalaciones; no basta, por sí sola, para garantizar que quienes están dentro salgan vivos. Confundir despliegue con pacificación es vender la fotografía del operativo como si fuera el resultado de la estrategia.

Y tampoco basta con llamar “riña” a lo ocurrido y dar vuelta a la página. La versión oficial sostiene que el primer enfrentamiento fue entre internos armados y descarta la irrupción de un grupo externo. Esa explicación no elimina la pregunta central: ¿cómo pudieron utilizarse armas de fuego dentro de un centro que debía estar bajo vigilancia del Estado, en pleno horario de visita?

La pacificación no se mide por cuántos efectivos llegan después de los disparos, sino por cuántas vidas logra proteger la autoridad antes de que empiecen. En El Castillo, el saldo y la repetición de la violencia exhiben la distancia entre anunciar seguridad y garantizarla. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió una investigación por posibles violaciones y exigió restablecer la seguridad y la gobernabilidad del penal. Es lo mínimo frente a doce muertos; no es todavía justicia.

Mientras tanto, según la demanda citada, el padre también tuvo que acudir a un juez para pedir que le permitieran ver a su hijo por última vez y despedirse. Después de no haber podido salvarlo, todavía debía reclamar permiso para decirle adiós.

Ese es el saldo más lastimoso de una estrategia incapaz de contener la violencia: no solo los muertos, sino el desamparo de quienes sobreviven.

Mucho uniforme para la foto, mucho “control” en el comunicado y una familia obligada a exigir hasta la última despedida. Ningún despliegue puede presumirse como paz cuando un niño muere durante una visita y su padre tiene que pedir ante un juzgado lo que la humanidad más elemental debería concederle.

Con información: ELNORTE/

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