A Ángela la contrataron porque los militares no sabían hacer museos. Ella sí. Lo que no imaginaba era que, además de aportar experiencia, tendría que defender su derecho a trabajar sin soportar insinuaciones, contactos no consentidos y el miedo a perder el empleo por decir que no.

Entró a Grupo Mundo Maya convencida de que la famosa “disciplina” militar era garantía de seguridad. Según su testimonio recogido por el diario español, EL PAÍS, terminó enfrentándose a una versión bastante menos patriótica del mando: un general señalado por abuso sexual, superiores que le recomendaban mantener un “bajo perfil” y una oficina de Recursos Humanos que despachó su salida en menos de un minuto.

El 28 de junio de 2026 denunció ante la Fiscalía del Estado de México al entonces director general del grupo, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco. Dos días después la dejaron sin trabajo. La explicación oficial fue “término de contrato”. Ella sostiene que fue una represalia. La cercanía entre ambos hechos exige una investigación, no una reverencia ante las estrellas del uniforme.

La experta para trabajar; el general para disponer

Ángela —nombre ficticio para proteger su identidad— llegó con estudios y experiencia en México, España y Brasil, un libro publicado y exposiciones internacionales organizadas. No necesitaba que un general le enseñara a trabajar.

“Nosotros no sabemos hacer museos y usted es la experta”, le dijeron cuando la invitaron a incorporarse, en mayo de 2023.

En febrero de 2025, ya bajo la dirección de Velasco, recibió un ascenso por sus “conocimientos, dedicación y profesionalismo”. Poco después, según relata, el reconocimiento profesional dio paso a una invitación insistente a cenar.

Cuando ella intentó desmarcarse diciendo que avisaría a su esposo, el general respondió: “Ya sé que es divorciada”.

Ángela rechazó el acercamiento. A partir de entonces, afirma, comenzaron las exclusiones de reuniones y el aislamiento laboral. Uno de sus superiores le habría explicado la lógica del castigo con una frase demoledora: “Él está enojado con usted y no quiere que se involucre en nada”.

Vaya administración del talento: primero se reconoce la capacidad de una trabajadora; después, según su relato, se le cierran las puertas cuando no corresponde al interés personal del jefe.

El consentimiento no se obtiene por grado militar

La denuncia describe dos episodios ocurridos el 26 y el 28 de enero de 2026. Ángela sostiene que el general la jaló y la besó sin su consentimiento cerca de la boca: primero cuando ella estaba dentro de su automóvil y, dos días después, en un pasillo, frente a una compañera.

Relata vómitos, ansiedad, malestar físico y una sensación persistente de vulnerabilidad. Al periódico mostró recetas médicas correspondientes a esos días, así como comunicaciones con las que avisó a sus superiores.

No estaba pidiendo un privilegio. Estaba denunciando conductas que, según dejó asentado ante la Fiscalía, ocurrieron sin su consentimiento y fueron realizadas por la máxima autoridad de su centro de trabajo.

La respuesta que describe resulta reveladora: le recomendaron no denunciar y dejar que sus superiores “lidiaran” con el general. También le aconsejaron mantenerse fuera de su vista.

Como si la solución fuera esconder a la trabajadora y no investigar al jefe. Como si el problema fuera que ella apareciera en el pasillo y no lo que, según denuncia, él hacía cuando la encontraba.

Para escuchar la denuncia, paciencia; para sacarla, menos de un minuto

El 28 de junio Ángela acudió a la Fiscalía. Solicitó expresamente protección frente a posibles represalias laborales. Al día siguiente envió una copia de la denuncia al Órgano Interno de Control de Grupo Mundo Maya.

El 30 de junio la llamaron a Asuntos Laborales.

Le informaron que su contrato no sería renovado. Cuando preguntó el motivo, recibió una explicación circular: terminaba porque era término de contrato; no se renovaba porque podían no renovarlo.

“Más bien yo creo que es por el hostigamiento sexual y laboral por parte del general Tonatiuh. Yo no voy a firmar nada”, respondió.

La conversación terminó en menos de un minuto.

Para una institución que presume orden, la secuencia merece algo más que una fórmula burocrática: denuncia, aviso al órgano de control y salida de la denunciante en apenas dos días. Determinar si hubo represalias corresponde a las autoridades; presentar el calendario como un detalle irrelevante sería una tomadura de pelo.

Velasco dejó la dirección general ese mismo 30 de junio. El reportaje no establece que su salida haya sido una sanción ni que estuviera relacionada con la denuncia. No corresponde inventarle a la institución una rendición de cuentas que no ha explicado.

El uniforme no puede servir de blindaje

El caso ocurre dentro de Grupo Mundo Maya, el conglomerado militar encargado de administrar aeropuertos, hoteles, parques turísticos y otros negocios. Es decir: el Ejército no solo recibió infraestructura y responsabilidades empresariales; también asumió obligaciones frente a quienes trabajan en ellas.

Pero manejar empresas públicas no convierte a sus trabajadores en tropa obligada a callarse. Y ocupar una dirección general no concede derechos sobre el cuerpo ni sobre la voluntad de nadie.

Además, los antecedentes impiden despachar estas acusaciones como un asunto incómodo sin contexto. En 2022, EL PAÍS revisó más de mil archivos de la filtración de Guacamaya y documentó denuncias de violencia sexual dentro del Ejército, además de testimonios sobre amenazas, traslados y bajas de quienes denunciaban. Esos antecedentes no prueban el caso de Ángela, pero sí vuelven indispensable examinar cómo responde la institución cuando el señalado tiene mando.

Según el reportaje proporcionado, ni la Sedena ni Grupo Mundo Maya respondieron las preguntas del periódico y no fue posible localizar al general. Las acusaciones deben investigarse con garantías para todas las partes: una denuncia no equivale a una sentencia. Tampoco el rango militar equivale a una absolución.

Ángela dice que perdió el empleo, se mudó por miedo y no había recibido avances sobre la investigación al momento del reportaje.

“Yo quiero que esto no se repita”, reclama.

Esa es la prueba que la llamada disciplina militar tiene pendiente: demostrar que sirve para exigir cuentas al mando, no para imponer silencio a quien lo denuncia.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN/

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