Washington les cambió el membrete a los cárteles, pero no les apagó la caja registradora. Para las empresas que operan en América Latina y el Caribe, en cambio, la designación como organizaciones terroristas extranjeras añade un problema: ya no solo enfrentan sanciones por sus vínculos con grupos criminales; también pueden exponerse a procesos penales por proporcionarles, a sabiendas, apoyo material, además de demandas de víctimas del terrorismo.

Así lo explica Claire McCleskey, exjefa de la división de cumplimiento de OFAC, en conversación con Deborah Bonello, de InSight Crime.

El pantano está en la operación cotidiana: transportistas, contratistas y proveedores pueden pagar extorsiones sin que la empresa que los contrata tenga claro quién cobra ni para qué organización.

Minería, petróleo, transporte marítimo y agricultura aparecen entre los sectores expuestos. Y no es lo mismo pagar para mantener abierto el negocio que enfrentar una amenaza inmediata contra un empleado, aunque esa diferencia práctica no sea una salida legal automática.

McCleskey tampoco compra sin reservas el empaque del «narcoterrorismo»: los cárteles están profundamente incrustados en negocios legales y sus mecanismos financieros no son idénticos a los de grupos como ISIS o Al Qaeda. Ponerles otra etiqueta puede elevar los castigos y la presión, pero no garantiza desarmar sus redes.

Lo rescatable sería que esa presión obligara a revisar cadenas de suministro, identificar a los verdaderos dueños de las empresas y fortalecer las investigaciones financieras locales. Lo demás está por verse: la prueba no será cuántos nombres añade Washington a una lista, sino a quién investiga, a quién procesa y qué dinero consigue bloquear. Mucho anuncio; ahora falta seguir la plata.

Con información: INSIGHT CRIME/

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