En Tamaulipas, aun gobernado por MORENA y Americo Villareral,la transparencia tiene una curiosa distribución de tareas: los empleados entregan sus declaraciones y el gobernador pone el ejemplo… de lo que merece explicaciones. Mientras la administración de Américo Villarreal anuncia investigaciones contra alrededor de tres mil servidores públicos por incumplir el plazo de su declaración patrimonial de 2026, sobre el mandatario pesa un antecedente bastante incómodo para andar presumiendo superioridad moral: declaraciones de 2022 con bienes reportados como inexistentes, propiedades posteriormente consignadas y diferencias entre los inventarios presentados ante el Senado y el Gobierno estatal.

Todo ello fue oportunamente señalado en una publicación de abril de 2023 de Valor Tamaulipeco, donde retomamos la información de Infobae.

La «secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno», Norma Angélica Pedraza Melo, informa que cada expediente debe revisarse antes de imponer sanciones. Tiene razón: los procedimientos no se sustituyen con linchamientos. Pero esa explicación deja una pregunta atravesada en el escritorio del poder: ¿con qué autoridad política se presume vigilancia sobre los subordinados sin explicar, con el mismo entusiasmo, las inconsistencias patrimoniales atribuidas al jefe?

Porque el antecedente no es precisamente una errata en el número de una cochera. Según la publicación citada, en una declaración presentada el 25 de febrero de 2022, cuando Villarreal buscaba la gubernatura, los apartados de inmuebles, vehículos y bienes muebles aparecían con la leyenda “ninguno”.

En noviembre de ese mismo año, sus declaraciones ya consignaban propiedades, automóviles y ganado. El propio recuento periodístico ubica adquisiciones desde 1989: no describe bienes comprados de golpe durante la campaña, sino patrimonio anterior que exige explicar por qué no figuraba en aquel documento.

Ahí está el corazón de la doble moral: convertir la obligación patrimonial de los empleados en escaparate de disciplina administrativa mientras el historial del gobernador sigue ofreciendo preguntas que no se contestan con discursos sobre honestidad.

Y el inventario tampoco salía igual de una ventanilla a otra. De acuerdo con ese reporte, la declaración de conclusión ante el Senado, presentada el 25 de noviembre de 2022, consignó ocho inmuebles y tres vehículos; la presentada un día después ante el Gobierno de Tamaulipas reportó diez inmuebles y cinco vehículos. La publicación también señaló que los detalles de las propiedades fueron clasificados como confidenciales en el documento estatal. Las diferencias requieren explicación documental, no un acto de fe en la honradez del mandatario.

Ocho propiedades por aquí, diez por allá; tres vehículos en un documento, cinco en el siguiente. No hace falta inventar delitos para advertir el tamaño del problema político: quien encabeza un gobierno que exige claridad patrimonial debería ser el primero en despejar esas diferencias, no el beneficiario de que la conversación se concentre en los expedientes de sus empleados.

Ahora, la Secretaría presume un cumplimiento de 95.1 por ciento y más de 80 mil 400 declaraciones presentadas en tiempo y forma. Muy bien: que publique también el universo utilizado para calcular ese porcentaje y aclare cómo encaja con los aproximadamente tres mil incumplidos. La rendición de cuentas empieza por presentar cifras que puedan revisarse, no por envolverlas en un boletín satisfecho consigo mismo.

También anuncia auditorías, menos observaciones y colaboración con la Auditoría Superior de la Federación. Pero anunciar controles no equivale a acreditar resultados, y llenar formularios no convierte automáticamente a una administración en honesta. Mucho menos cuando el discurso institucional reclama hacia abajo una transparencia cuya credibilidad se juega, antes que nada, arriba.

El punto no es pedir impunidad para quienes entregaron tarde ni presentar como sentencia las acusaciones de una publicación periodística. Es exigir una sola vara: procedimientos para los empleados y explicaciones verificables para el gobernador.

Porque una política anticorrupción que cuenta los retrasos de los subordinados, pero no despeja las dudas sobre el patrimonio del jefe, termina pareciéndose demasiado a una oficina de relaciones públicas: muy aplicada para revisar al personal, muy discreta cuando toca mirar al despacho principal.

La legalidad no necesita un gobernador que la recite. Necesita uno que se deje revisar y no solo administrativamente,también penalmente, un rubro donde se ocuparían mas de 200 ministerios públicos federales para escuchar sus trapacerías.

Con información: HoyTamaulipas/

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