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«CÓDIGOS PENALES, FEDERALES y ESTATALES se PREGUNTAN por qué el GOBERNADOR de TAMAULIPAS NO está YA en una CELDA»… en vez de estar fingiendo que gobierna.

Nuestra crítica más sólida no consiste en afirmar que Américo Villarreal Anaya, aún gobernador de Morena en Tamaulipas y ya indiciado en EE. UU., debería estar preso, sino en cuestionar la inacción de las fiscalías estatales y federales para exigirles que hagan lo necesario para establecer si debe comparecer ante un Fiscal Federal o un…

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11–17 minutos

Nuestra crítica más sólida no consiste en afirmar que Américo Villarreal Anaya, aún gobernador de Morena en Tamaulipas y ya indiciado en EE. UU., debería estar preso, sino en cuestionar la inacción de las fiscalías estatales y federales para exigirles que hagan lo necesario para establecer si debe comparecer ante un Fiscal Federal o un juez y si procede su detención.

Investigar no exige demostrar previamente la culpabilidad; solicitar una orden de aprehensión tampoco requiere una sentencia, pero sí datos que sustenten la existencia de un hecho delictivo y la probable participación de la persona señalada, además de satisfacer los demás requisitos legales.

El artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales incluso contempla la verificación policial de informaciones anónimas. La falta de un denunciante con nombre y apellido no constituye, por sí sola, permiso para cruzarse de brazos: la investigación sirve para esclarecer los hechos, no para esperar a que alguien entregue la culpabilidad del gobernador ya demostrada.

PARA EL CIUDADANO, UN ANÓNIMO; PARA EL GOBERNADOR, ¿UNA DENUNCIA CON BENDICIÓN PRESIDENCIAL?

En México, un anónimo puede poner a trabajar a la policía. Lo dice la ley: cuando recibe información anónima sobre posibles delitos, debe verificar los datos mediante actos de investigación y, de confirmarse la información, iniciar la investigación correspondiente. No exige que el informante lleve la sentencia engargolada, el dinero decomisado y al sospechoso amarrado afuera de la fiscalía. Exige verificar.

La pregunta, entonces, es incómoda y perfectamente legítima: ¿qué han verificado las autoridades frente a los recurrentes señalamientos sobre Américo Villarreal y su entorno ?

Hay de dulce, chile y de manteca

Y es que, antes, durante y después, Américo Villarreal ha acumulado acusaciones: desde presunto financiamiento ilícito de campañas vinculado al tráfico de huachicol y relaciones con personas señaladas como operadores criminales, hasta contrataciones gubernamentales presuntamente favorables al crimen organizado y una infinidad de linduras más.

Es un inventario de asuntos por esclarecer, no una sentencia ni un expediente ministerial certificado.

Una fiscalía no existe para escoger entre creerle ciegamente al denunciante o aplaudirle automáticamente al gobernador. Existe para buscar documentos, entrevistar personas, contrastar versiones y establecer qué ocurrió. El Código Nacional obliga a investigar con objetividad y debida diligencia: tanto lo que incrimina como lo que puede demostrar la inocencia.

La inocencia se presume. La inmunidad frente a toda averiguación, no.

1. La noticia criminal: enterarse no equivale a condenar

El primer escalón tiene nombre jurídico: noticia criminal. En lenguaje de banqueta: a la autoridad le llega información sobre hechos que podrían constituir un delito.

Para delitos perseguibles de oficio, el artículo 221 del Código Nacional establece que basta la comunicación de cualquier persona sobre hechos posiblemente delictivos. Además, dispone que el Ministerio Público y la policía deben proceder a investigar los hechos de los que tengan noticia, sin exigir requisitos adicionales ajenos a la ley. Cuando se requiere querella u otro requisito equivalente, la regla cambia y debe cumplirse esa condición.

Una publicación periodística que describe hechos concretos puede poner esos hechos en conocimiento de la autoridad; no convierte automáticamente su contenido en verdad judicial. La respuesta institucional debe ser examinar qué información verificable contiene, no desecharla únicamente porque apareció en un periódico, un portal incómodo «chiquito» o una denuncia anónima.

Dicho sin toga: que la pista venga envuelta en periódico no autoriza a tirarla a la basura. Aunque tampoco permite usarla, sin corroboración, como orden de arresto.

2. Un anónimo es una pista, no una patrulla con permiso para atropellar derechos

Aquí conviene leer completo el artículo 221, no solamente la parte que le acomoda al discurso político:

“Tratándose de informaciones anónimas, la Policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la información, se iniciará la investigación correspondiente”.

La secuencia importa: recibir, verificar y, si se confirma la información, iniciar la investigación correspondiente.

El anónimo no trae incorporada una autorización para catear domicilios, intervenir comunicaciones o detener personas; mucho menos para hacerlo con la policía del acusado y bajo las órdenes de un fiscal que también obedece al acusado.

Cada afectación de derechos necesita su propio fundamento y, cuando corresponda, autorización judicial. La Constitución y el Código Nacional establecen esos controles.

Ni patente de corso para perseguir adversarios ni pretexto de ventanilla para proteger aliados del mismo partido.

3. Abrir una carpeta no es fabricar un culpable

Los artículos 212 a 214 del Código Nacional regulan el deber, objeto y principios de la investigación. Su propósito es esclarecer hechos y reunir información sobre la existencia del delito y la posible intervención de personas determinadas; no justificar una conclusión elegida de antemano. Los artículos 129 y 131 complementan las obligaciones de objetividad y actuación del Ministerio Público

Por eso resulta tramposo exigir “pruebas definitivas” para empezar a buscar pruebas.

La investigación sirve precisamente para transformar una afirmación verificable en información corroborada, o para descartarla cuando no se sostiene.

La fiscalía no necesita recibir el rompecabezas armado. Le pagan para buscar las piezas, comprobar que pertenecen al mismo dibujo y reconocer cuando alguien metió piezas falsas.

4. De la fotografía al expediente: el trabajo que no se hace en una conferencia

Aunque los señalamientos reunidos contra Villarreal Anaya exigen rutas de verificación diferentes. No existe una licuadora jurídica donde se arrojan fotografías, parentescos, contratos y rumores para obtener automáticamente “delincuencia organizada”. Cada hipótesis necesita hechos propios y una conexión individualizada con la persona investigada.

Una foto no condena. Un apellido no incrimina. Una negativa tampoco sustituye un peritaje.

5. Indicio, dato de prueba y prueba: no son tres maneras de decir lo mismo

El artículo 261 del Código Nacional distingue el dato de prueba, el medio de prueba y la prueba.

El dato de prueba es la referencia al contenido de una fuente de información todavía no desahogada ante el órgano jurisdiccional, que puede resultar pertinente para establecer razonablemente un hecho delictivo y la probable participación del imputado. La prueba, en sentido procesal, supone su incorporación y desahogo conforme a las reglas correspondientes.

A nivel de la banqueta:

  • Una acusación publicada señala algo que debe comprobarse.
  • Una entrevista ministerial, un documento autenticado o un peritaje pueden aportar información relevante para decisiones preliminares.
  • Para condenar, la fiscalía debe sostener su acusación con prueba legalmente producida y superar la duda razonable.

Los indicios pueden adquirir fuerza al conectarse racionalmente, pero si la fiscalía no tiene intención de indagar por obediencia a quien impuso a su titular, esa falta de independencia impedirá que se busquen corroboraciones reales, aunque la misma acusación aparezca en veinte portales, sean pequeños medios locales o grandes medios de la prensa nacional.

El volumen del escándalo no debe reemplazar la calidad de la evidencia. Y la falta de evidencia no puede emplearse como excusa circular cuando la autoridad ni siquiera explica si realizó las diligencias necesarias para buscarla.

6. ¿Cuándo se puede pedir una orden de aprehensión?

Aquí está la frontera que una crítica jurídicamente seria no debe brincar.

El artículo 16 constitucional exige, entre otros requisitos, una denuncia o querella sobre un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, y datos que establezcan su comisión y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en él. La orden corresponde a la autoridad judicial.

El artículo 141 del Código Nacional regula las formas de conducción del imputado al proceso y contempla la aprehensión cuando el Ministerio Público advierte necesidad de cautela, además de otros supuestos previstos en el propio artículo. No toda investigación debe empezar con una captura: existen el citatorio y la orden de comparecencia, según el caso.

Por tanto, solicitar una orden exige explicar:

  1. Qué hecho delictivo se atribuye.
  2. Qué datos sostienen que ocurrió.
  3. Qué conecta individualmente a la persona con ese hecho.
  4. Qué fundamento justifica la aprehensión como forma de conducción al proceso.
  5. Qué requisitos adicionales impone, en su caso, la protección constitucional del cargo.

No basta con decir «ya son muchos señalamientos», pero tampoco se vale responder «no hay sentencia» para negarse a investigar: si hiciera falta una sentencia para investigar, habría que terminar el juicio antes de abrir la carpeta.

7. Lo que Estados Unidos llama causa probable

En Estados Unidos, la causa probable —probable cause— es un estándar constitucional relevante para detenciones, registros y órdenes judiciales. Se apoya en hechos y circunstancias que permiten una creencia razonable sobre la comisión de un delito o, tratándose de un registro, sobre la presencia de evidencia en un lugar determinado. No equivale a demostrar culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Se analiza atendiendo al conjunto de las circunstancias. La información de un informante puede contribuir cuando se examina junto con su fiabilidad y la corroboración obtenida mediante investigación independiente.

La comparación sirve para explicar una idea: no se requiere una sentencia para autorizar ciertos actos de investigación o conducción procesal. Aunque en México no importa automáticamente el estándar estadounidense; aplica los requisitos de su Constitución y de su legislación procesal.

En ambos casos, conviene distinguir una sospecha desnuda de una inferencia respaldada por hechos.

8. El fuero: un obstáculo procesal no es una orden de no investigar

Con un gobernador en funciones como Americo Villareral, hay una dificultad adicional: el régimen de protección constitucional y los procedimientos para proceder penalmente como ocurre con su «hermanito gemelo», el gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha Moya.

Para delitos federales debe examinarse el artículo 111 de la Constitución federal y la intervención que corresponde a las autoridades legislativas.

Para la vertiente local, los artículos 151 y 152 de la Constitución de Tamaulipas contienen reglas específicas; el 152 prevé un tratamiento particular respecto del gobernador. No se puede describir su procesamiento como si fuera idéntico al de cualquier ciudadano sin esa protección.

Tamaulipas ya ofrecio una advertencia: en la controversia constitucional 70/2021, relativa al entonces gobernador de Tamaulipas (2016-2022), Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se discutieron precisamente la solicitud y emisión de una orden de aprehensión frente a la subsistencia de la protección constitucional.

La distinción decisiva es ésta: investigar hechos y reunir información no equivale a ejecutar una captura contra quien conserva inmunidad procesal.

El fuero obliga a recorrer los procedimientos aplicables; no convierte al gobernador en un territorio prohibido para buscar documentos, esclarecer operaciones o investigar a otras personas involucradas.

No sería jurídicamente serio vender una detención inmediata. Tampoco lo es presentar el cargo como un certificado de esterilidad investigadora.

9. Federación y Tamaulipas: repartirse competencias, no repartirse excusas

El Código Nacional rige tanto los procedimientos federales como los locales. Lo establece su artículo 1. La competencia depende del delito y de las reglas aplicables, no de que el acusado tenga despacho en Ciudad Victoria.

En términos generales:

  • Las hipótesis sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita, cenas o comidas del gobernador con la delincuencia organizada o delitos federales junto con sus sobrino,relacionados con hidrocarburos requieren examinar la competencia federal y sus leyes especiales.
  • Las posibles conductas de corrupción en contrataciones estatales ,moches y extorsiones requieren analizar los tipos penales locales, la procedencia de los recursos y la intervención concreta de cada servidor público.
  • Los señalamientos sobre financiamiento electoral cuando el ejercito lo investigaba, exigen distinguir la fiscalización administrativa de la posible investigación penal electoral.
  • La incorporación de asesor del gobierno al defensor de Zetas y el Mayo Zambada que ya son materia de escrutinio en EE.UU , son un claro indicio en Mexico del fomento al crimen organizado castigado en la Ley contra la delincuencia organizada.
  • La conexidad puede permitir que la Federación conozca determinados delitos locales; el artículo 20 del Código Nacional contempla esa posibilidad y también las obligaciones de las autoridades locales mientras aquélla no ejerza su facultad.

La Constitución de Tamaulipas, en su artículo 19, asigna funciones de investigación al Ministerio Público y las policías, exige colaboración de las autoridades y prevé regulación de las consecuencias del desacato, la negligencia o la omisión que afecten las investigaciones. No describe una fiscalía decorativa.

Los artículos 253 a 255 del Código Nacional regulan salidas como la abstención de investigar, el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal. Son figuras con supuestos legales, no apodos elegantes para “no molestar al gobernador”.

El artículo 258 contempla mecanismos de impugnación para la víctima u ofendido respecto de las determinaciones que señala.

11. Las preguntas que una fiscalía debería poder enfrentar

La reserva de la investigación protege actuaciones y derechos. Por ello, que no se conozca públicamente una carpeta no demuestra que no exista. El artículo 218 del Código Nacional regula esa reserva y el acceso a los registros.

Pero reserva no significa absolución, y tampoco permite convertir cualquier reclamo de rendición de cuentas en una impertinencia.

Las preguntas periodísticas son concretas:

  • ¿La autoridad ya recibió denuncias o tuvo conocimiento de hechos específicos como en el caso de la esposa del gobernador ?
  • ¿Determinó qué instancia era competente?
  • ¿Verificó los documentos y testimonios mencionados públicamente?
  • ¿Buscó las fuentes originales de las supuestas operaciones?
  • ¿Existen determinaciones de archivo, abstención o no ejercicio, y fueron notificadas a quienes legalmente corresponde?
  • ¿Qué información puede comunicar sin afectar la investigación, los datos personales y la presunción de inocencia?

No todas las respuestas pueden divulgarse íntegramente, como SÍ lo hacen —y con diligencia— cuando se trata de Cabeza de Vaca y su PANdilla, pero esas preguntas permiten investigar la actuación de la fiscalía sin fingir acceso a una carpeta que no se tiene.

12. La exigencia no es una celda por consigna: es una investigación sin credencial de partido

Américo Villarreal tiene derecho a la presunción de inocencia, a defenderse y a no ser condenado por fotografías, apellidos o estridencia mediática. Esos derechos no dependen de simpatías políticas.

La ciudadanía, por su parte, no tiene por qué conformarse con que los señalamientos se contesten exclusivamente mediante negativas públicas en algun «inocente videito». La versión del gobernante es una versión que debe contrastarse, no un dictamen pericial ni una resolución judicial.

Si los hechos son falsos, una investigación objetiva debe contribuir a esclarecerlo. Si hay datos suficientes, corresponde impulsar las actuaciones legalmente procedentes. Si todavía faltan elementos, la tarea es buscarlos lícitamente, no exigir que aparezcan por generación espontánea.

La pregunta no es —aunque debiera serlo— por qué el gobernador no está ya en una celda.

La pregunta es si las autoridades han recorrido, con él, el mismo camino de verificación e investigación que la ley permite recorrer cuando la noticia del posible delito llega en un anónimo.

Porque la presunción de inocencia protege a las personas. No debería servir de biombo para que una fiscalía estatal nada autónoma o una federal nada independiente escondan la flojera, la incompetencia y la complicidad de la protección política entre iguales que resultaron peores.

Con información: CNPP/ CONSTITUCION POLITICA/ LEY FEDERAL CONTRA DELINCUENCIA ORGANIZADA/ LAW.CORNELL/

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