La corrupción no ha necesitado una beca en Harvard. Le basta con tener un papá en el poder y las puertas del presupuesto abiertas de par en par. Esa es la provocación con la que Héctor de Mauleón retrata a la nueva casta: los hijos, familiares y allegados de la 4T que, según los casos y señalamientos expuestos en su videocolumna, encontraron en el gobierno una oportunidad de negocios con trato de familia.

López Obrador pasó años diciendo que a las universidades extranjeras se iba a aprender a robar o a ayudar a otros a hacerlo. De Mauleón le devuelve el argumento con una pregunta incómoda: ¿para qué pagar una colegiatura en dólares si el aprendizaje podía hacerse en casa, entre contratos, proveedores y amistades bien colocadas? En su lectura, la transformación no acabó con los privilegios: les cambió el apellido a los beneficiarios.

El periodista coloca en el centro a los hijos del expresidente y a su círculo de amigos y prestanombres, entre ellos Milcar Ollant. Los vincula con señalamientos sobre negocios de medicamentos, balasto y combustibles. Nada de empezar desde abajo: los personajes descritos en la columna aparecen cerca de las grandes oportunidades del sexenio. La austeridad, por lo visto, no estorbaba para tener conocidos prósperos.

El presupuesto también tiene árbol genealógico

La columna sostiene que el ejemplo encontró alumnos aventajados en los estados. En Sinaloa, De Mauleón retoma investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre los vínculos empresariales de los hijos de Rubén Rocha Moya y los contratos recibidos por sus socios. Entre los casos menciona a José Cárdenas Mellado, socio de José Jesús Rocha Ruiz y propietario de Frutas y Verduras El Dorado, quien obtuvo un contrato para abastecer albergues del DIF cuando el organismo estaba encabezado por Eneida Rocha Ruiz, también hija del mandatario. El proveedor por un lado, la familia por el otro y el dinero público en medio: una escena que exige explicaciones, no una foto familiar.

En Sonora, el periodista pone la lupa sobre Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador Alfonso Durazo. Describe su participación al frente del comité técnico de un fideicomiso relacionado con la instalación de una fábrica de gorras que, según la columna, recibió beneficios fiscales y una donación de 150 hectáreas cerca de la frontera. También recoge señalamientos sobre sociedades inmobiliarias con funcionarios del gobierno de su padre. La pregunta no es si el hijo de un gobernador puede hacer negocios, sino qué ventajas obtiene cuando los negocios pasan por las oficinas que encabeza papá.

En Tamaulipas, el relato llega con una acusación de tamaño industrial: el empresario Alejandro Valdés señaló públicamente a Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador Américo Villarreal, de solicitar un presunto moche de hasta 110 millones de pesos a cambio de contratos para adquirir y distribuir un millón de despensas que fue incluso protegido y solapado por su propia madre ademas de altos funcionarios del gobierno involucrados en la denuncia formal.

Cambiaron los apellidos, no la tentación

De Mauleón sitúa a Andy López Beltrán en la cúspide de esa red de herederos políticos y extiende su crítica a una estructura de hijos, esposos, hermanos, sobrinos, primos y cuñados favorecidos por su cercanía con el poder.

Su argumento no consiste simplemente en reprochar parentescos, sino en denunciar la presunta conversión de esos parentescos en influencia, contratos y beneficios.

La acusación de fondo es demoledora: quienes prometieron barrer los privilegios habrían terminado acomodando a la parentela junto al presupuesto.

Harvard quedó como villano de discurso; las puertas del gobierno, como acceso preferente.

Para entrar en la nueva élite, sugiere el periodista, el requisito decisivo no era un título universitario: era que alguien de la familia tuviera las llaves.

Con información: HECTOR DE MAULEÓN/

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