En Sinaloa, el Gobierno presume el tamaño del despliegue como si la seguridad se midiera pasando lista. Más de 20 mil elementos de las Fuerzas Armadas, anuncia la gobernadora Graciela Domínguez Nava. La cifra impresiona; lo que no consigue, por sí sola, es demostrar que la estrategia funciona. Una cosa es contar uniformes y otra, bastante más exigente, que la población pueda dejar de contar muertos.
El reproche de Miguel Calderón Quevedo, titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, tiene fundamento y no necesita estridencias: la presencia militar es indispensable, pero insuficiente. No propone mandar a los soldados a casa; advierte que ninguna concentración de efectivos sustituye a las instituciones locales de seguridad y justicia.
Según sus estimaciones, Sinaloa tiene alrededor de mil 200 policías estatales cuando debería contar con 5 mil, y unos 300 agentes del Ministerio Público frente a los 800 necesarios. Además, señala que solamente se resuelve uno de cada diez delitos. Mucha fuerza desplegada y muy poca capacidad para llevar el delito hasta sus consecuencias legales.
La cantidad, pues, no viene con certificado de calidad. Tampoco con garantía de eficacia. Se pueden llenar las calles de patrullas y mantener las fiscalías rebasadas; multiplicar los operativos sin multiplicar las investigaciones que esclarezcan los crímenes. Ese es el agujero que señala el CESP: el despliegue federal contiene, pero no reemplaza a una policía estatal suficiente ni a una procuración de justicia capaz de responder a la crisis.
Y frente al inventario oficial de efectivos está el otro inventario, el que no sirve para presumir en una conferencia.
El balance de “Los saldos de la Ola” que acompaña este texto registra, del 9 de septiembre de 2024 al 24 de octubre de 2026, 4,101 homicidios dolosos, 4,525 personas privadas de la libertad, 12,781 vehículos robados, 4,048 personas detenidas y 214 personas abatidas. Es el recuento aportado en la imagen: poco más de dos años de una pugna criminal cuyo saldo merece algo más serio que una felicitación entre autoridades.
Las detenciones forman parte del balance, desde luego. Pero ponerlas junto a los homicidios no convierte la tragedia en una resta favorable. Una persona detenida no devuelve a una asesinada; un abatimiento no explica cuántos delitos quedaron esclarecidos. Y las cifras de actividad operativa no responden, por sí mismas, la pregunta que importa: ¿cuánta seguridad producen?
#cdmx #culiacan #mazatlan #monterrey «INATAJABLE la GUERRA: ESTRATEGIA de SINALOA NO DEBE ser MEDIDA por lo que CAPTURA; debe RESPONDER por lo que NO LOGRA IMPEDIR»… otra semana sin tregua. https://t.co/VKe8MzB6ce
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) October 6, 2026
La gobernadora asegura que el robo de vehículos ha disminuido “sustancialmente” y que la violencia está focalizada. Sin embargo, de acuerdo con la nota de Noroeste, no presentó cifras específicas ni porcentajes para sustentar aquella reducción. El balance acumulado tampoco basta para desmentir una baja reciente: son mediciones distintas. Precisamente por eso hacen falta datos comparables, no adjetivos con escolta. Si hay avances, que se documenten; la población no tendría por qué aceptarlos como acto de fe.
#cdmx #culiacan #mazatlan #guadalajara LA “PANDILLA con RIFLES” y el ESPEJISMO de las BOTAS: SINALOA EXHIBE una GUERRA entre FUERZAS ASIMÉTRICAS»… no faltan militares; sobra la costumbre de perseguirlos como si fueran un ejército formado para el desfile. https://t.co/HduIt3uqi8
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) September 18, 2026
“Focalizada”, además, no quiere decir resuelta. Describe dónde ocurre la violencia, no cuánto consuelo ofrece a quienes la padecen. El lenguaje administrativo puede achicar el mapa del problema; no necesariamente su gravedad.
El señalamiento del CESP incomoda porque rompe la equivalencia cómoda entre presencia y resultados. Mantener el apoyo federal y fortalecer las instituciones locales no son opciones enfrentadas: son tareas complementarias. Calderón Quevedo reclama ambas, precisamente porque reconoce que, sin las fuerzas federales, la situación podría ser todavía peor.
Así que no: el reclamo no es que sobren soldados. Es que faltan resultados verificables y capacidades civiles para sostenerlos. Veinte mil efectivos pueden ser un recurso indispensable; convertir esa cifra en argumento de éxito es otra cosa. El Gobierno tiene derecho a informar cuántos elementos despliega. Lo que no tiene es licencia para confundir el pase de lista con la rendición de cuentas.
Con información: NOROESTE/
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