“Soy el preso 868 del Cedes de Ciudad Victoria, Tamaulipas”.
Así se presenta Rómulo Garza, exsecretario de Bienestar Social durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Ya no con el cargo que ocupó, sino con el número que le asignaron en prisión. Está encarcelado desde el 17 de enero de 2025 y sostiene que su caso tiene menos de justicia que de ajuste de cuentas.
Su denuncia es tan grave como concreta: asegura que le han ofrecido la libertad a cambio de acusar a su exjefe de hechos que, afirma, no ocurrieron.
“No puedo acusar a Cabeza de Vaca de algo que no hizo a cambio de yo salir de la cárcel”.
La acusación merece investigarse, no despacharse como una frase de litigio. Una fiscalía está para reunir pruebas, no para negociar testimonios a cambio de abrirles la celda a los rivales, mientras mantiene a los amigos y familiares del poder en turno lejos de los barrotes.
#cdmx #cdvictoria #reynosa #tampico "FISCAL PUEDE IR a la CÁRCEL por NEGARSE a INVESTIGAR por EXTORSIÓN AGRAVADA a la ESPOSA de AMÉRICO"… la denuncia tiene el freno de mano puesto. https://t.co/QnWzPBkOz9
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) October 23, 2026
Una celda, diez minutos de llamada y una ausencia definitiva
Garza describe una celda de 1.5 metros de ancho por 2.5 de largo. Sin cama: duerme sobre una colchoneta. Según su testimonio, durante los primeros seis meses mantuvieron encadenada la puerta y únicamente le permitían salir para ir al baño.
#cdmx #cdvictoria #reynosa #tampico "NO TUVIERON que IR a HARVARD: DE MAULEÓN EXHIBE la CASTA de PALURDOS en el PODER a la que BASTÓ ABRIRLES la PUERTA para ROBAR a lo BESTIA"… Y no podía faltar el hijo de Américo Villarreal. https://t.co/T9AZwiiBQP
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) October 25, 2026
Afirma que ha permanecido sin salir al exterior, sin ver el cielo, y que dispone de una llamada semanal de diez minutos. Diez minutos para enterarse de una vida que sigue caminando mientras la suya permanece encerrada.
Su madre murió durante su reclusión. No pudo acompañarla.
“Detuvieron mi vida, pero afuera la vida sigue y a mí la vida se me está yendo como agua entre las manos”.
El relato también remueve una experiencia anterior: su secuestro en 2010.
“Jamás pensé volver a vivir algo similar, y hoy estoy nuevamente secuestrado, pero por el gobierno de Tamaulipas”, acusa.
Es su manera de describir el encierro. También es una imputación que las autoridades tendrían que responder con algo más que silencio y membretes.
Un millón y medio para que la carpeta no caminara
Según el testimonio recogido, durante la campaña de 2024 recibió una llamada: existía una carpeta en su contra y, si entregaba 1.5 millones de pesos, no sería judicializada.
Garza asegura que respondió que no tenía dinero; que su secuestro le había costado casas, vehículos y ahorros. Añadió que tampoco había cometido delito alguno.
El relato vincula aquella exigencia con la posterior judicialización del caso. Esa presunta extorsión, así como la identidad y los vínculos de quienes la habrían planteado, requiere acreditarse. No es un detalle lateral: de comprobarse, hablaríamos de usar una investigación penal como caja de cobro.
El 17 de enero de 2025 lo detuvieron mientras atendía su carrito de elotes en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Cuenta que, al firmar el documento que le presentaron después de leerle sus derechos, asentó fecha y hora: 6:15 de la tarde. Después lo trasladaron a Ciudad Victoria.
Las despensas: dónde termina la compra y empieza la responsabilidad
El caso gira alrededor de la adquisición directa de despensas durante la pandemia.
Según la información proporcionada, Bienestar Social solicitó 2 millones 660 mil despensas, mientras que la Secretaría de Administración adjudicó el contrato y pagó 650 millones de pesos.
La distinción importa: solicitar bienes no equivale, por sí mismo, a adjudicar un contrato. Para atribuir responsabilidad penal hace falta precisar qué hizo cada servidor público, qué obligación incumplió y con qué pruebas se sostiene la acusación. El organigrama no puede convertirse en una licuadora de responsabilidades.
#cdmx #nuevolaredo #cdvictoria #reynosa «MUCHO BRAMIDO y NADA de LAZO: FISCAL DUCHO en DERECHO ELECTORAL BUSCA al FUGITIVO RIVAS y APRIETA con SALIVA el CERCO contra CABEZA de VACA»… no pelan un chango a nalgadas. https://t.co/z6VQnQtE2v
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) October 21, 2026
La defensa sostiene que las compras estaban amparadas por el artículo 65, fracción IX, de la legislación estatal de adquisiciones y por disposiciones extraordinarias emitidas durante la emergencia sanitaria.
También afirma que hubo estudio de mercado, que se eligió la oferta más económica y que las despensas se entregaron conforme al contrato. Según esa versión, no se ha acreditado desvío de recursos, beneficio personal ni incumplimiento en las entregas.
El relato señala, además, que la imputación inicial por peculado no prosperó y que después se le atribuyó uso indebido de funciones. Ese cambio necesita explicarse con las resoluciones en la mano, no con el entusiasmo de una conferencia de prensa.
La libertad, según denuncia, tiene un precio: señalar a Cabeza de Vaca
La parte más delicada del testimonio no está en el contrato, sino en la supuesta negociación alrededor de su encierro.
Garza asegura que le han propuesto firmar un escrito contra García Cabeza de Vaca o formular una acusación que permita proceder contra él.
“No lo voy a hacer porque quieren que mienta. Le haría lo mismo que ellos me están haciendo a mí, y eso no va con mis valores”.
También sostiene que el exgobernador nunca le pidió atender proveedores ni solicitar dinero.
Si esa presión se acredita, el asunto dejaría de ser únicamente una controversia sobre adquisiciones: sería una denuncia sobre fabricación de testimonios mediante el uso del encarcelamiento. Una fiscalía no puede convertir la libertad en premio por entregar el nombre que le interesa.
La ley no puede cambiar según el apellido
El texto original también señala compras realizadas por funcionarios de la administración de Américo Villarreal y plantea un posible trato desigual. Menciona a Verónica Aguirre, Jesús Lavín y Gerardo Illoldi.
La comparación exige revisar contratos, fechas, atribuciones y circunstancias equivalentes. Ni la militancia demuestra inocencia ni la cercanía con un gobierno acredita culpabilidad. Pero tampoco puede existir una legalidad para los propios y otra, con barrotes incluidos, para los adversarios.
#cdmx #cdvictoria #reynosa #tampico «¿VAN a CITAR a la DOCTORA?: EMPRESARIO ACUSA de EXTORSIÓN AGRAVADA a ESPOSA de AMÉRICO, su HIJO “AMERIQUITO” y al ESPOSO de TANIA CONTRERAS"… además de intimidación, amenazas y uso ilícito de atribuciones. https://t.co/mmOuOQ4yoe https://t.co/2wJ8sUpcAG
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) September 15, 2026
El material incorpora, además, una acusación de sobornos relacionada con una adjudicación al empresario Alejandro Valdez.
Garza resume su denuncia con una frase:
“La venganza política no es justicia”.
Su inocencia o responsabilidad debe determinarse con pruebas y respeto al debido proceso. Las condiciones de su reclusión y las presuntas presiones para incriminar a un tercero merecen investigarse por separado. El expediente debe acreditar un delito, no justificar el encierro hasta que el preso aprenda a decir lo que alguien quiere escuchar.
Con información: ELFINANCIERO/LOURDES MENDOZA/
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