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«SINALIVIO y MATAULIPAS: la JUSTICIA HACE CARPETAS, las VÍCTIMAS HACEN FILA y el REZAGO YA TIENE MEMBRETE OFICIAL»… hermanitos gemelos.

Una acumula más de 106 mil investigaciones sin concluir; la otra arrastra casi 36 mil procedimientos pendientes. Distintas dimensiones, una misma pregunta incómoda: ¿la Fiscalía investiga delitos o administra la espera? En Sinaloa, la justicia tiene una especialidad que no presume en las conferencias: amontonar pendientes. La Fiscalía General del Estado cerró 2025 con 106…

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Una acumula más de 106 mil investigaciones sin concluir; la otra arrastra casi 36 mil procedimientos pendientes. Distintas dimensiones, una misma pregunta incómoda: ¿la Fiscalía investiga delitos o administra la espera?

En Sinaloa, la justicia tiene una especialidad que no presume en las conferencias: amontonar pendientes. La Fiscalía General del Estado cerró 2025 con 106 mil 146 carpetas de investigación sin concluir, según los datos del censo del INEGI que recoge Ríodoce. No es una errata: son más de cien mil expedientes esperando que la procuración de justicia deje de conjugarse en futuro.

En Tamaulipas, el balance es semejante en mediocridad oficial, registra 35 mil 788 procedimientos pendientes. Las cantidades y las unidades estadísticas requieren sus reservas; la pregunta de banqueta, no: ¿para cuándo van a investigar lo que ya recibieron?

Sinaloa: el delito acelera y la Fiscalía mete otros cinco empleados

El rezago sinaloense pasó de 85 mil 875 carpetas al cierre de 2024 a 106 mil 146 en 2025: veinte mil expedientes adicionales y todavía sobran otros 271. Mientras tanto, la plantilla pasó de mil 896 a mil 901 trabajadores. Cinco personas más. Esa fue la diferencia de personal entre un año y otro frente a una montaña de asuntos que siguió creciendo.

Ríodoce sitúa ese aumento en el contexto de la violencia desatada desde septiembre de 2024 por la confrontación entre Chapitos y Mayos, con incrementos en homicidios dolosos, robos de vehículos y desapariciones, un segmento donde Tamaulipas es «campeón nacional de la barbarie» con la cifra oficial mas alta, bajo especulación de ser el doble.

El crimen multiplicó el trabajo; la institución prácticamente conservó el mismo tamaño. Para atender el universo de investigaciones, el reporte identifica 398 ministerios públicos, 232 peritos y 782 investigadores.

A ras de banqueta, el contraste se entiende sin diplomado: a la víctima le entregan un número de carpeta; a la Fiscalía le falta capacidad para que ese número se convierta en una respuesta.

“Resuelto” no significa culpable ante un juez

Aquí aparece el truco del lenguaje administrativo: una salida estadística puede sonar a justicia consumada aunque no lo sea.

Según Ríodoce, de las 33 mil 304 carpetas reportadas como resueltas durante 2025, alrededor de seis mil fueron judicializadas; 12 mil 296 terminaron en archivo temporal y en 10 mil 864 se decretó el no ejercicio de la acción penal. Es decir, el archivo temporal y el no ejercicio concentraron bastante más asuntos que la judicialización, una truculencia que también se repite y con eficiencia asombrosa en Tamaulipas.

La distinción importa: tramitar no es sinónimo de esclarecer, y bajar un expediente de una columna no explica, por sí solo, qué obtuvo la víctima.

Lo que sí corresponde es exigir el fundamento de esas determinaciones, su motivación y sus resultados. Porque una Fiscalía no puede pedir aplausos por limpiar su escritorio sin explicar qué pasó con la denuncia.

El membrete acredita quién expidió el documento. No acredita que se haya hecho justicia.

Tamaulipas: más aparato no equivale a mejor respuesta

Del otro lado, Tamaulipas ofrece una variante del mismo problema. Según las cifras que hemos reproducido en Valor Tamaulipeco, su Fiscalía contó en 2025 con 2 mil 527 personas servidoras públicas, 296 unidades, agencias o fiscalías del Ministerio Público y un presupuesto ejercido de mil 613.2 millones de pesos. Reportó 39 mil 923 carpetas abiertas y cerró el año con 35 mil 788 procedimientos pendientes de concluir.

Tiene oficinas, personal y presupuesto. Eso no demuestra que los recursos sean suficientes ni que estén bien distribuidos; sí obliga a preguntar qué producen, dónde se atoran las investigaciones y quién responde por los cuellos de botella.

El mismo reporte consigna mil 499 personas con formulación de imputación y mil 371 vinculadas a proceso. Son datos que merecen explicación institucional, no confeti propagandístico. Pero tampoco deben convertirse, mediante una división apresurada, en una supuesta tasa de impunidad: personas, carpetas, determinaciones y procedimientos no son unidades intercambiables ni necesariamente corresponden a los mismos casos

La crítica no necesita hacer trampa con la calculadora. El pendiente ya es suficientemente escandaloso.

En Sinaloa, el coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública plantea duplicar el presupuesto conjunto de las instituciones locales de seguridad y justicia, de cinco mil a diez mil millones de pesos. Ojo: habla del conjunto institucional, no únicamente de la Fiscalía. La insuficiencia de recursos merece atención; también merece controles para que más dinero no termine comprando una versión ampliada del mismo rezago.

Porque la víctima no denunció para convertirse en inventario. Denunció para que investigaran.

Y cuando la respuesta pública se reduce a “su carpeta sigue en trámite”, el Estado podrá tener razón en el vocabulario procesal, pero sigue debiendo lo esencial: explicar qué demonios está haciendo con ella.

Con información: RIODOCE/

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