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EL «PÉSAME NO es PERITAJE: AMÉRICO NO SALIÓ a DAR la CARA, SINO a VERLE la CARA a TAMAULIPAS TRAS ASESINATO de NIÑA, VIL y COBARDE de la GUARDIA ESTATAL»… disparar sin que te disparen es HOMICIDA.

Una niña de siete años murió por una herida de arma de fuego. Su madre resultó lesionada. Y el propio gobernador de Tamaulipas ,Americo Villarreal,en un acto de cinismo, mas que de sinceridad, reconoce que se investiga si el disparo provino de un helicóptero de la Guardia Estatal. Ese es el núcleo del comunicado: no…

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10–15 minutos

Una niña de siete años murió por una herida de arma de fuego. Su madre resultó lesionada. Y el propio gobernador de Tamaulipas ,Americo Villarreal,en un acto de cinismo, mas que de sinceridad, reconoce que se investiga si el disparo provino de un helicóptero de la Guardia Estatal. Ese es el núcleo del comunicado: no las condolencias, no la promesa de acompañamiento y mucho menos la firma al pie.

Aranza Aidely «P» fue la primera víctima de la jornada de violencia en Matamoros y la única por disparos de arma de fuego. Un tío de la menor contó que la familia transitaba por el ejido Las Rusias, localizado al oeste del municipio, cuando les dispararon desde el aire»…La Verdad de Juarez/

Ahora,una aeronave de la Guardia Estatal aparece como punible plataforma del disparo que terminó con la vida de la menor. La hipótesis no la inventaron los críticos: la reconoce el gobierno.

Pero Américo Villarreal ofrece un documento más abundante en sentimientos que en resultados verificables. Dice que se esclarecerán los hechos, que se determinarán responsabilidades y que no se encubrirá a nadie. Lo que no informa es si ya identificaron a quienes iban a bordo, si aseguraron las armas involucradas, si preservaron los registros del vuelo o si existe un informe que explique quién disparó, contra qué amenaza y bajo qué decisión operativa.

El comunicado no acredita esas diligencias; tampoco permite afirmar que no se hayan practicado. Precisamente por eso hay que exigir respuestas, no completar los huecos con fe gubernamental.

Porque aquí la palabra decisiva no es “pesar”. Es evidencia.

1. “Se investiga”: el verbo que necesita dejar huellas

Gobernador: “se investiga” no es una contraseña que obligue a la sociedad a guardar silencio. Es una afirmación que debe corresponder a actuaciones documentadas.

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza exige un reporte pormenorizado cada vez que los agentes utilizan la fuerza. Cuando emplean armas letales, ese reporte debe detallar las razones del uso, el número de disparos, las lesiones, los daños y, en su caso, las personas fallecidas. No estamos pidiendo una cortesía de transparencia: estamos preguntando por documentos que la ley ordena producir.

Entonces, las preguntas son elementales:

  • ¿Qué agentes integraban la tripulación del helicóptero y quiénes llevaban armas ?
  • ¿Quién reportó haber disparado y cuántas veces?
  • ¿Qué agresión concreta de una niña se pretendía repeler?
  • ¿Quién estaba al mando y qué instrucciones transmitió?
  • ¿Qué registros audiovisuales y de comunicaciones se preservaron?
  • ¿A qué autoridad investigadora se entregaron esos materiales?

Los artículos 30, 32 y 33 de esa ley regulan la identificación del mando, la coordinación operativa y los informes del uso de la fuerza. La explicación no puede reducirse a que había una emergencia: precisamente para actuar en una emergencia existen obligaciones de mando, registro y control.

Si esos informes existen, hay que confrontarlos con los indicios. Si faltan, hay que explicar por qué. Y si contienen falsedades, debe investigarse su posible relevancia penal o administrativa. Lo inadmisible es que el gobierno pretenda que su declaración de buenas intenciones haga las veces de expediente.

2. ¿Qué amenaza justificaba disparar?

La pregunta que desgarra el comunicado es brutal: ¿qué resistencia pudo ofrecer una niña de siete años?. La respuesta parece estar en el lugar que ocupa la policía de Américo en el podio del abuso nacional.

Pero una acusación jurídicamente sólida debe ir más lejos que la indignación. No necesita inventar que los agentes identificaron a la menor y deliberadamente la eligieron como blanco. Necesita reconstruir contra quién dispararon, qué amenaza existía y por qué emplearon un medio que terminó alcanzando a una persona ajena a la intervención. Una actuación alejada del humanismo que predican y muy al estilo del gobierno de Cabeza de Vaca.

La proporcionalidad en el uso de la fuerza no se mide por el tamaño del operativo ni por la peligrosidad general del cártel perseguido. La ley exige relacionar la fuerza con la resistencia y el riesgo concretos. Además, establece absoluta necesidad, prevención y oportunidad: evitar actuaciones innecesarias cuando exista peligro evidente para personas ajenas a los hechos y reducir al máximo las afectaciones.

El artículo 13 dispone que la fuerza letal es el último recurso y obliga a los agentes a comprobar una agresión real, actual o inminente, sin derecho, que pusiera o pudiera poner en peligro la vida o integridad física, así como la insuficiencia de otros niveles de fuerza.

El artículo 8 exige atender expresamente la protección de niñas, niños y adolescentes.

Traducido sin uniforme: el caos no expide licencias para disparar.

Y alegar que se tiraba contra delincuentes tampoco resolvería, por sí solo, la legalidad del disparo. Habría que explicar la identificación del objetivo, las condiciones de visibilidad, la presencia de civiles, las alternativas disponibles y las precauciones adoptadas. La ley obliga a prevenir y minimizar el daño; no permite sustituir esa evaluación por la frase “estábamos atendiendo los acontecimientos”.

Un helicóptero no convierte cada disparo en ilegal por el solo hecho de estar en el aire. Pero tampoco convierte la altura en una zona de inmunidad.

3. Las fotografías abren preguntas; no sustituyen la balística

En las imágenes aportadas se observa a personal pericial y policial alrededor del vehículo, y a personas que parecen documentar su parte superior. Eso merece atención. Lo que no permite es declarar, únicamente por esas fotografías, una trayectoria descendente, identificar un arma o atribuir el disparo a un agente determinado. La cámara del periodista no reemplaza el dictamen del perito.

La exigencia debe ser más seria —y más incómoda para el poder— que una conclusión apresurada: ¿qué encontraron en el techo y en el resto de la carrocería?, ¿qué daños documentaron?, ¿cómo los relacionaron con las lesiones y con la ubicación de las víctimas?

La hipótesis del disparo desde una aeronave debe contrastarse mediante una investigación que integre, según los indicios disponibles:

  • La inspección completa del vehículo y la documentación de posibles impactos.
  • Los dictámenes médico-forenses y la recuperación de proyectiles o fragmentos, cuando sea posible.
  • El examen de las armas posiblemente involucradas y los cotejos balísticos pertinentes.
  • Los registros de vuelo, las posiciones de la aeronave, las comunicaciones y los videos disponibles.
  • Los testimonios, sin forzarlos para que encajen en la versión oficial como acostumbra la autoridad.

Nada de eso debe presentarse como realizado mientras no esté acreditado. Son diligencias cuya práctica y resultados deben exigirse, mas que peritajes que podamos fundar desde una fotografía.

Hay, además, una obligación especialmente pertinente: el artículo 17 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza exige a las instituciones una base de datos de las características que sus armas imprimen en los proyectiles, así como del armamento asignado a cada agente. La pregunta no es solamente si recuperaron una “ojiva”: es si preservaron material útil y cuentan con registros y armas para efectuar los cotejos que correspondan.

No se trata de pedirle al gobernador que haga balística. Se trata de impedir que haga relaciones públicas donde debe haber balística.

4. Asegurar las armas no es condenar a los policías

Si hay indicios que vinculan armamento oficial con una muerte, preservar y, cuando legalmente corresponda, asegurar esas armas para examinarlas no equivale a declarar culpable a su portador. Equivale a proteger la investigación.

La cadena de custodia existe para controlar y registrar los indicios desde su localización hasta que la autoridad competente determine su conclusión: identidad, estado original, recolección, preservación, empaque, traslado y personas que tuvieron contacto con ellos. Eso establece el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por eso deben responder: ¿qué armas quedaron identificadas?, ¿cuáles fueron puestas a disposición de la autoridad investigadora?, ¿cuándo?, ¿con qué registros?, ¿quién tuvo acceso a ellas ?

Respetar el debido proceso tampoco significa dejar las pruebas a la buena voluntad de quienes pudieran resultar involucrados.

La mano de hierro sirve para sostener la prueba, no para torcerla.

5. La cadena de mando no termina en el gatillo

Si se acredita un disparo ilícito desde la aeronave, la investigación no puede detenerse por comodidad en el último dedo de la cadena.

Hay que examinar quién disparó, pero también quién ordenó, quién coordinó, qué conocían los superiores y qué hicieron para impedir o denunciar una utilización ilegal de la fuerza.

El artículo 32 establece responsabilidad de superiores cuando deban tener o tengan conocimiento del empleo ilícito de la fuerza por sus subordinados y no lo impidan o denuncien. El artículo 42 les impone verificar que la actuación se ajuste a la ley.

Aunque eso no convierte automáticamente al gobernador en autor penal de un homicidio. Su responsabilidad penal se podria acreditar con otras conductas que presumen su colusión con el Cartel el Golfo.

Americo NO puede presentarse como un espectador compungido de una institución ajena. La hipótesis que reconoce su comunicado involucra a la Guardia Estatal y exige revisar decisiones, controles y mandos, no solamente identificar un arma.

La estrategia no aprieta físicamente un gatillo. Sus responsables sí toman decisiones sobre despliegue, coordinación, armamento y protección de civiles. Esas decisiones deben examinarse con documentos, no absolverse con una firma o un comunicado hipocrita.

6. Seis muertes no caben en una sola explicación

El comunicado agrupa seis vidas perdidas, pero distingue mecanismos distintos: cinco personas fallecidas en dos choques contra vehículos incendiados que obstruían las vías y una niña muerta por arma de fuego.

Llamar “accidentes” a los choques describe el mecanismo inmediato; no resuelve quién creó el obstáculo ni quién pudo tener un deber concreto y una posibilidad real de reducir el peligro.

La muerte de la niña exige una línea particularmente incómoda para el gobierno tradicionalmente cómplice: determinar si el peligro letal vino de quienes debían protegerla.

El crimen organizado no queda exculpado porque se investigue a policías. Y los policías no quedan exculpados porque hubiera crimen organizado. La responsabilidad de unos no sirve de detergente para los otros que aun y sin disparar tienen responsabilidades a la luz de otras evidencias.

7. “No difundan rumores” tampoco responde quién disparó

El gobernador pide calma, rechaza rumores que el mismo difunde y remite a los canales oficiales. También informa que las vías quedaron transitables y que el despliegue fue reforzado con 450 elementos y dos helicópteros del Ejército. Son datos sobre movilidad y despliegue; no respuestas sobre el disparo que mató a la menor.

Exigir que se preserven armas, registros de vuelo, comunicaciones e indicios no es fabricar noticias falsas. Preguntar por el informe del uso de la fuerza no es sembrar caos. Pedir una investigación capaz de alcanzar al tirador y a los mandos que pudieran resultar responsables no es atacar a las instituciones: es negarse a que el uniforme funcione como coartada.

“No encubriremos a nadie” es una promesa repetida y todas las veces incumplida, no una acreditación de que nadie esté siendo encubierto. Su valor dependerá de diligencias oportunas, pruebas preservadas y responsabilidades sustentadas.

La familia no necesita un gobernador que se declare profundamente dolido y deje las actuaciones fuera de cuadro. Necesita saber qué ocurrió, quién intervino y qué hará la justicia.

Porque una niña de siete años no puede terminar reducida a un párrafo de condolencias entre el recuento de los bloqueos y el anuncio de las vialidades abiertas.

Gobernador: el pésame lleva su firma. La investigación tiene que llevar registros, peritajes y responsables identificados. Lo primero cabe en un comunicado. Lo segundo es lo que todavía tiene que demostrar.

Con información: ELNORTE/ LA VERDAD DE JUAREZ/

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