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Albert Jones quiere contárselo al mundo. James y Madalynne Florville no pueden contar nada: fueron asesinados en su casa en 1993. Ese es el desequilibrio que atraviesa esta historia. Uno tiene voz para celebrar que dejará de estar condenado a muerte; los otros dependen de que alguien recuerde que existieron antes de convertirse en antecedentes penales de su asesino.

Jones fue condenado por ambos homicidios, aunque sostiene que es inocente y busca impugnar su condena. Conviene mantener esas dos cosas en su sitio: una sentencia condenatoria no desaparece porque el condenado la rechace, y una declaración de inocencia tampoco debe silenciarse porque resulte incómoda.

El gobernador Gavin Newsom anunció que busca sustituir las penas de muerte de 548 personas por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No es una absolución, no es una orden de liberación y tampoco elimina la pena capital de la legislación de California. Además, 382 de esas conmutaciones requieren la aprobación de la Corte Suprema estatal. Venderlo como una puerta de salida sería falsear la noticia: lo que cambia es la posibilidad de que el Estado los ejecute. La prisión permanece.

Desde las víctimas: que la compasión no vuelva a enterrarlas

James Florville tenía 82 años; Madalynne, 72. Según la sentencia confirmada por la Corte Suprema de California, fueron atados y asesinados a puñaladas durante un robo en su vivienda de Mead Valley. El expediente sitúa a Jones, entonces de 29 años, y a un adolescente de 15 en el ataque. No fue una tragedia sin responsables ni un accidente que se salió de control: la condena corresponde a dos asesinatos en primer grado.

Por eso, comenzar y terminar la historia con la alegría del preso tiene un problema de fondo: puede convertir a los asesinados en personajes secundarios del renacimiento emocional de quien fue condenado por matarlos. El vivo ofrece sorpresa, declaraciones y un futuro narrativo. Los muertos apenas consiguen unas líneas para explicar por qué él estaba allí.

La nota de La Opinion recoge que Rena MacNeil, nieta de la pareja, había defendido la condena con una frase tajante: «Creo en la ley del talión». No corresponde convertir esa declaración en la opinión de toda la familia.Sí permite identificar una exigencia concreta: para ella, la ejecución era un castigo merecido

Sería demasiado cómodo despacharla como una mujer sedienta de venganza. El dolor de una familia no es una molestia que deba apartarse para que luzca impecable el discurso humanitario. Pero tampoco puede convertirse, por devastador que sea, en la única medida del poder de castigar.

Ahí está el conflicto, sin maquillaje: los familiares no tienen obligación de perdonar; el Estado sí tiene obligación de justificar sus castigos. Son responsabilidades distintas. Exigirles a los primeros una lección pública de generosidad sería otra crueldad. Entregarles la decisión sobre quién debe morir tampoco resolvería qué límites debe tener la justicia.

La pregunta incómoda para el poder es esta: ¿cómo evitar que la decisión de no ejecutar se convierta, en su presentación pública, en otra forma de relegar a quienes fueron asesinados?

Desde el victimario condenado: conservar derechos no equivale a recuperar la inocencia

Jones reaccionó con sorpresa y alegría cuando un periodista le comunicó el anuncio. Según la nota, participa en actividades de mentoría y prepara bolsas con artículos básicos para otros presos. También espera que el cambio de sentencia permita condiciones menos restrictivas, aunque eso dependerá de su clasificación penitenciaria.

Nada de eso resucita a los Florville. La buena conducta no es una esponja para limpiar dos homicidios. Pero tampoco hace falta fingir que una persona queda congelada para siempre en el peor acto por el que fue condenada.

La distinción es esencial: reconocer humanidad no significa otorgar impunidad. Y negarse a ejecutar a alguien no exige declararlo admirable.

El caso tiene, además, una grieta judicial que una redacción puntillosa no debería barrer debajo de la alfombra. En 2011, la Corte Suprema de California confirmó la condena por cinco votos contra dos. Los magistrados disidentes cuestionaron la exclusión de posibles jurados negros y consideraron insuficiente el examen de las explicaciones de la fiscalía. La mayoría rechazó que esas exclusiones obedecieran a motivos raciales. Esa discrepancia no demuestra la inocencia de Jones; sí documenta una controversia sobre las garantías del proceso.

Por eso, defender su derecho a impugnar la condena no supone tomar partido contra las víctimas. Supone exigir que el Estado pruebe y sostenga su caso con todas las garantías, precisamente porque la gravedad del crimen no autoriza a rebajarlas.

También hace falta reventar el globo del final feliz. La conmutación anunciada sustituye la ejecución por prisión perpetua sin libertad condicional: no promete una segunda vida fuera de los muros. Newsom lo expresó sin adornos: morirán en prisión, pero no a manos del Estado. Hay alivio, sí; libertad, no.

El fondo: quién merece castigo y hasta dónde puede llegar el Estado

La conmutación no responde a la pregunta de si los asesinatos fueron atroces. Responde a otra: si el Estado debe ejecutar a quienes los cometieron. Newsom sostiene que matar con autorización estatal es incompatible con los valores que debe defender California. Esa es su justificación, no una conclusión que las familias estén obligadas a compartir.

El debate se empobrece cuando se plantea como un concurso de simpatías: o se acompaña a los deudos o se defiende al preso. Se puede reconocer la brutalidad de los asesinatos, exigir que no se borre a las víctimas y, al mismo tiempo, rechazar que el castigo incluya una ejecución.

También se puede cuestionar la puesta en escena política sin inventarle intenciones al gobernador. Su decisión conmuta penas existentes, pero deja vigente la posibilidad legal de nuevas condenas a muerte. El propio Newsom reconoce que derogar la pena capital corresponde a la Legislatura y a los votantes. La distancia entre el gesto y la transformación del sistema no es un detalle: es uno de los límites centrales de la medida.

El periodismo no tiene por qué escoger entre el sentimentalismo del preso que celebra y el automatismo de exigir otra muerte. Tiene una tarea más exigente: contar qué ocurrió, qué resolvieron los tribunales, qué sigue en disputa y qué cambia realmente.

Jones tiene derecho a contar su alegría. Quien publique esa alegría tiene la responsabilidad de no convertirla en una absolución narrativa. James y Madalynne Florville no son la letra pequeña del alivio de otro. Y una sociedad que decide no ejecutar tampoco debería necesitar que sus condenados parezcan santos para defender esa decisión.

Con informacion: LA OPINION/