El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) destituyó e inhabilitó por un año al juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido por reducir las penas que la Fiscalía General de la República Para el tribunal disciplinario, aquello no fue interpretación judicial, sino un «error inexcusable».
Sigales, juez de Distrito especializado del Centro de Justicia Penal Federal en Colima y con 25 años de trayectoria en el Poder Judicial, fue sancionado por modificar a la baja las penas pactadas en asuntos por delitos contra la salud, portación y posesión de armas de fuego.
Según el TDJ, el juez no tenía facultades para cambiar lo convenido entre las partes e incurrió en notorio descuido. Dicho sin toga: el órgano disciplinario sostiene que se salió del carril y que el patinazo no tenía justificación.
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— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) November 4, 2026
Pero la resolución todavía no tiene la última palabra. Fue emitida por la Comisión de Disciplina, integrada por Rufino León Tovar, Celia Maya y Bernardo Bátiz, y puede ser revisada por el Pleno del propio TDJ. Ahí está el detalle: en ese Pleno participan los mismos tres magistrados, acompañados de otras dos magistradas. La revisión puede subir de piso, pero no cambia de edificio.
Además, el régimen disciplinario vigente ya no permite que jueces y magistrados impugnen estas sanciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa puerta quedó cerrada.
De la tijera a las penas al banquillo penal
El expediente no se quedó en quitarle el cargo. Sigales está suspendido desde el 30 de octubre de 2025 y, desde entonces, percibe únicamente la tercera parte de su salario.
El TDJ también lo denunció penalmente desde hace un año. La FGR ya obtuvo un citatorio para que comparezca el próximo 10 de diciembre ante una jueza de Control de Nayarit, donde está prevista la formulación de imputación por delitos contra la administración de justicia. Una cosa es la sanción disciplinaria y otra la acusación penal: esta última no equivale a una condena.
El choque venía de atrás. Desde 2023, la FGR y la Secretaría de Marina habían presentado quejas ante el hoy extinto Consejo de la Judicatura Federal por los criterios del juez en asuntos que el Gobierno considera de alto impacto.
El caso también pasó por el micrófono presidencial. En noviembre de 2025, Claudia Sheinbaum mencionó que Sigales había sido denunciado por liberar a delincuentes. Ese señalamiento público forma parte del contexto de la polémica; no sustituye la acreditación de responsabilidades en un expediente.
JUFED: una cosa es revisar sentencias y otra disciplinar el criterio a garrotazos
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) rechazó la decisión y advirtió que puede convertirse en un mensaje intimidatorio para quienes juzgan: interpretar con criterio propio podría terminar costándoles el puesto.
Para la asociación, el caso refleja el posible «ánimo represor» del órgano disciplinario surgido de la reforma judicial impulsada por Morena y amenaza la independencia judicial.
JUFED sostuvo que sancionar con esa severidad a personas juzgadoras de carrera puede generar «un clima de incertidumbre y zozobra». También subrayó que el procedimiento estuvo precedido por señalamientos y descalificaciones desde las conferencias matutinas de la presidenta, circunstancia que, a su juicio, «genera la sospecha de que el TDJ esté actuando por consigna política».
Eso es lo que denuncia la asociación: una sospecha de intervención política, no una consigna acreditada.
El desacuerdo de fondo está bien localizado. Para el TDJ, Sigales alteró penas que no podía modificar y cometió una falta inexcusable. Para JUFED, el juez tenía derecho a ejercer su criterio interpretativo durante aquellas audiencias y castigarlo por hacerlo amenaza la autonomía de la función judicial.
«Criminalizar o sancionar administrativamente con la máxima severidad la labor interpretativa, la sana crítica y el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional envía un mensaje intimidatorio a todas las personas juzgadoras federales del país y socava los cimientos de la independencia judicial», advirtió la organización.
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— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) November 5, 2026
La disputa, pues, no consiste solamente en cuántos años de prisión recortó un juez. Está en dónde termina una interpretación judicial discutible y dónde comienza una conducta sancionable. El TDJ dice que Sigales cruzó esa raya; JUFED denuncia que el castigo puede servir para que los demás jueces entiendan el recado sin necesidad de recibirlo por escrito.
Con informacion : ELNORTE/
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