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¿LO VAN a RESOLVER en la QUINTA TRANSFORMACIÓN?: «En SINALOA CAMBIAN SEXENIOS, se ACUMULAN SOLDADOS y la PAZ NO APARECE»… Ahora se preguntan: ¿qué van a hacer cuando se vayan?

En Sinaloa, cada vez que la violencia del crimen organizado se desborda, el poder saca del cajón su solución de siempre: mandar traer al Ejército. Llegan los convoyes artillados, la tropa, los marinos y la promesa de que ahora sí. En esta temporada del mismo desastre, la novedad son los murciélagos de las Fuerzas Especiales…

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En Sinaloa, cada vez que la violencia del crimen organizado se desborda, el poder saca del cajón su solución de siempre: mandar traer al Ejército. Llegan los convoyes artillados, la tropa, los marinos y la promesa de que ahora sí. En esta temporada del mismo desastre, la novedad son los murciélagos de las Fuerzas Especiales y la recientemente creada Guardia Nacional. Cambia el elenco del despliegue; el fracaso transexenal conserva el papel principal.

La receta tiene medio siglo en circulación. En 1976, cuando el “pistolerismo” de los “gomeros” de la sierra se salió de control, se lanzó en Sinaloa la Operación Cóndor y llegaron, por primera vez, 10 mil militares. Desde entonces, el libreto parece escrito en piedra: cuando la violencia rebasa al Gobierno, se mandan más soldados. Y cuando los soldados no alcanzan para devolver la paz, se mandan todavía más.

Una cifra similar se anunció cuando comenzó la disputa Guzmán-Zambada, en septiembre de 2024. Después subimos a 13 mil efectivos, luego a 16 mil y, finalmente, a más de 22 mil, según la última cifra reconocida desde Mazatlán por el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla.

Más de 22 mil: casi la cuarta parte de todo el despliegue militar del país concentrada en un solo estado. El general Trevilla acompañó el dato con una declaración contundente: “No nos iremos de Sinaloa hasta que se restablezca la paz”.

La frase tiene firmeza. Lo que sigue sin tener es una realidad que la respalde.

Más de dos años después, la paz no llega. Sinaloa registra seis asesinatos al día y aporta casi el 15 por ciento de los homicidios dolosos de todo el país, aunque apenas concentra el 2 por ciento de la población nacional. A esa cuenta se suman cuatro personas privadas de la libertad diariamente; de ellas, más del 70 por ciento permanece desaparecida o no localizada.

Los feminicidios y los asesinatos de mujeres también registran récords históricos: superan ya en 40 por ciento todos los casos del año pasado.

Pero no vaya uno a incomodar al discurso oficial llamando a las cosas por su nombre. Esto es una crisis humanitaria. Una que nadie quiere nombrar y, mucho menos, enfrentar con una respuesta a la altura. Mientras tanto, los convoyes recorren las calles y las familias siguen contando muertos y buscando desaparecidos.

Entonces, ¿qué se hace cuando la militarización no alcanza? ¿Pedir otro convoy? ¿Anunciar otra cifra de efectivos? ¿Volver a prometer, con gesto solemne, que ahora sí se recuperará la tranquilidad?

La respuesta seria es bastante menos cómoda: no hay atajos, soluciones mágicas para mañana ni balas de plata. Tampoco basta con seguir engordando el despliegue militar mientras las instituciones locales permanecen flacas de recursos.

Porque en esta última disputa criminal no ha faltado una respuesta extraordinaria del Gobierno federal en forma de efectivos castrenses, vehículos y equipamiento. Lo que ha faltado es que el Gobierno estatal deje la omisión y la pasividad, y le ponga recursos extraordinarios a una guerra que, a todas luces, también es extraordinaria.

La “coordinación” se ha convertido en un escondite demasiado confortable. Bajo ese argumento, seguimos sin ver una voluntad real del Gobierno estatal, encabezado ahora por Graciela Domínguez, ni del Congreso local para colocar la pacificación en el centro del presupuesto. No en el centro del discurso: en el presupuesto, donde las prioridades dejan de ser frases y se convierten —o no— en decisiones.

La “atención a las causas” y la reconstrucción del “tejido social” importan. Lo que no se vale es usarlas como coartada para dejar pendiente el fortalecimiento de la seguridad y la justicia. Hay que hacer las dos cosas. Atender las causas no cancela la obligación de reducir la violencia y la impunidad; tampoco sustituye a las policías y a una fiscalía con recursos para cumplir su trabajo.

El rezago presupuestal en seguridad y justicia —lo que se conoce como la dimensión “negativa” de la paz— urge subsanarse. De lo contrario, podemos terminar saliendo de esta crisis más por inercia que por los resultados de una estrategia, y con corporaciones policiales todavía más débiles que las que ya tenemos. Menudo saldo: sobrevivir a la emergencia mientras se deterioran las instituciones que tendrían que impedir la siguiente.

Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa, ha mostrado una sensibilidad que Rocha no tuvo: reconocer que enfrenta un problema de una complejidad mayor y que la pacificación no se ha logrado. No es poca cosa frente a la costumbre de administrar el desastre como si admitirlo fuera más grave que padecerlo.

Pero el reconocimiento necesita presupuesto. De lo contrario, corre el riesgo de quedarse en una versión más amable de la misma insuficiencia.

Lo congruente sería proponer, desde ahora, un presupuesto audaz que fortalezca a nuestras policías y a la fiscalía. Sin esperar a que el calendario electoral dé permiso ni a que las coyunturas políticas vuelvan conveniente lo que la emergencia ya volvió indispensable.

Porque los sexenios cambian, los despliegues aumentan y Sinaloa sigue atrapado en la misma receta: más uniformes para contener una violencia que las instituciones civiles no tienen la fortaleza suficiente para enfrentar.

Y si ya sabemos que la estrategia militarizada no ha bastado, la pregunta más difícil no es cuántos soldados más van a mandar.

Es qué vamos a hacer cuando se vayan.

Con informacion: NOROESTE/

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