El gobierno llevó el discurso de siempre: que los jóvenes no consuman drogas. Un estudiante les regresó una pregunta bastante menos cómoda: ¿y quién permite que se las vendan?

Frente a Jesús Romero López, secretario de Gobierno de Oaxaca, el alumno denunció la colusión entre Morena y el narcotráfico y puso de cabeza el libreto de una jornada de prevención de adicciones. Habían preparado una lección para los muchachos; terminaron recibiendo un reclamo sobre las responsabilidades de los adultos que gobiernan.

“No podemos hablar de prevención sin hablar de quién deja que la droga llegue”, planteó el joven. No estaba pidiendo otro cartel con pulmones marchitos ni una conferencia sobre decisiones saludables: estaba cuestionando la congruencia de un poder que exige responsabilidad individual mientras enfrenta señalamientos de protección política a quienes hacen negocio con las drogas.

Oaxaca: el micrófono salió respondón

El estudiante puso sobre la mesa el caso de Miguel Sánchez Altamirano, entonces alcalde morenista de Juchitán, detenido y posteriormente vinculado a proceso por extorsión agravada.

Las investigaciones lo relacionan presuntamente con Los Cromos, organización identificada por las autoridades como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad.

También recordó denuncias sobre supuestos sobres de 80 mil pesos y casi dos mil aviadores en la nómina municipal. Su reclamo fue perfectamente reconocible: no basta con pedirles a los estudiantes que se alejen del negocio criminal si las autoridades no aclaran quién lo tolera, quién lo protege y quién podría beneficiarse de él.

Romero respondió después que reconoce el derecho de los jóvenes a cuestionar a los funcionarios, sostuvo que “no se protege a nadie”.

Tamaulipas: mismo nivel de despacho, otros señalamientos

Lo ocurrido en Oaxaca parece asomarse a un mal que no respeta fronteras estatales: gobiernos que hablan de combatir al crimen mientras integrantes de sus propias estructuras enfrentan acusaciones sobre presuntos vínculos con sus negocios.

En Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, conocido como “El Calabazo”, ocupa la Secretaría General de Gobierno en la administración del tambien multiacusado Américo Villarreal.

Es decir, una responsabilidad equivalente a la de Romero en la conducción política interna del estado. Y su nombre también aparece bajo señalamientos públicos relacionados no solo con el crimen organizado ,tambien con el entorno del huachicol,como cita reciente reportaje de NMAS+ Noticias de Televisa.

Villegas también ha enfrentado acusaciones del diputado federal Mario López sobre sus vínculos con el huachicol, que el secretario desestimó públicamente como una “pérdida de tiempo”, según la cobertura de esa respuesta. Pero los señalamientos sobre el ejercicio del poder no se aclaran con fastidio: se contestan con documentos, explicaciones comprobables y, cuando corresponda, investigaciones.

La prevención también debe entrar a los despachos

La comparación no consiste en declarar idénticos los casos de Oaxaca,aunque en Tamaulipas sea peor. Consiste en señalar una contradicción política: se exige a los ciudadanos que rompan con la economía criminal mientras quienes gobiernan deben responder por las sospechas que alcanzan a sus propias estructuras.

Las campañas de prevención tienen una tarea legítima. Lo que no pueden ser es una lavandería de imagen para gobiernos bajo cuestionamiento. Al estudiante le corresponde decidir no consumir; a las autoridades les corresponde investigar, perseguir delitos y explicar sus decisiones. No son obligaciones intercambiables.

El muchacho de Oaxaca no acreditó en unos minutos todas sus acusaciones. Hizo algo distinto: obligó a que una ceremonia oficial hablara de aquello que la propaganda oficial suele dejar fuera del encuadre con costo al contribuyente,como en Tamaulipas.

Porque pedirles a los jóvenes que digan “no a las drogas” es la parte fácil. La incómoda es demostrar, desde el gobierno, que también se le dice no al dinero, a la protección y a los favores del negocio criminal.

Con informacion: Monica Garza/ El Universal/

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