Los números de violencia no mienten en Sinaloa, pero sí incomodan. Y cuando incomodan demasiado, se maquillan, se diluyen o se esconden detrás de eufemismos burocráticos. Pero esta vez ni eso alcanza. Las cifras de violencia en Sinaloa son tan escandalosas que ni el discurso oficial logra taparlas con el dedo.
El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) acaba de soltar lo evidente: el estado atraviesa niveles récord de delictividad. Traducido al español cotidiano: el crimen está desbordado, la autoridad rebasada y la estrategia de seguridad, si es que existe, está haciendo agua por todos lados.
Porque aquí el problema no es solo que haya más delitos. Es que hay más de todo: homicidios, robos, desapariciones… una especie de buffet criminal donde cada indicador compite por ver cuál exhibe mayor incapacidad institucional. Y mientras tanto, la narrativa oficial sigue atrapada en esa dimensión paralela donde “se avanza”, “se contienen los índices” y “hay coordinación”.
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"104 en 2025 y 6 en ABRIL ?": "NI HARFUCH,NI el EJERCITO HAN PODIDO ATAJAR al CHAMUCO MATAMUJERES en SINALOA"…la muerte sigue trabajando triple turno 24/7/365. https://t.co/yN4pmu8CVb pic.twitter.com/lSItqWDse8
¿Coordinación de qué exactamente?
Porque si uno rasca tantito, lo que aparece es un vacío. Un hueco operativo donde nadie parece estar realmente a cargo. La federación administrando su agenda, el estado tratando de no hacer olas y los municipios sobreviviendo como pueden. El resultado es un territorio donde el control no se disputa: simplemente no está claro quién lo ejerce.
El CESP, en un acto casi ingenuo de fe institucional, lanza recomendaciones: mejorar estrategias, fortalecer capacidades, coordinar esfuerzos. El clásico recetario técnico que parte de una premisa optimista: que alguien en el poder tiene intención —y margen— de implementar algo.
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"MAS de 3,000 MASACRES": "DOCUMENTAN MATAZÓN COMETIDA por los MALOS y TOLERADA por los BUENOS que NO HICIERON NADA"…en tiempos de la "cuatro-te". https://t.co/nSGaliHmUh pic.twitter.com/1GUiyyZ7w7
Pero la realidad sinaloense sugiere otra cosa. Aquí no estamos frente a un problema de diseño de política pública, sino de captura, tolerancia o, en el mejor de los casos, franca incapacidad. Porque cuando los delitos crecen de forma sostenida y generalizada, no es una falla puntual: es un síntoma estructural.
Y en ese contexto, las recomendaciones suenan más a protocolo que a solución. Como si el incendio se quisiera apagar con un manual de buenas prácticas.
Lo más revelador no es que haya cifras récord. Es que ya no sorprenden. La violencia en Sinaloa se ha normalizado a tal grado que los picos dejan de ser crisis para convertirse en rutina. Y ahí está el verdadero fracaso: cuando el desastre deja de escandalizar, es porque el Estado dejó de cumplir su función básica.
Así que no, no es solo un problema de números. Es un problema de poder, de control territorial y de voluntad política. Y mientras eso no se atienda —de verdad, no en conferencias ni boletines—, los reportes seguirán acumulándose… y la realidad seguirá desbordándose.
Porque en Sinaloa, hoy por hoy, el mensaje es brutalmente claro: el changarro no es que esté desatendido… es que nadie quiere —o puede— hacerse cargo.
Con informacion: REVISTA ESPEJO/
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