La escena es clara y muy repetida bajo el gobierno e Morena y Américo Villarreal: una estrategia caduca de “persecución” que como mala táctica dispara a todo lo que se mueve, mata a un menor de 17 años en Reynosa y luego se parapeta tras el eufemismo de “víctima colateral”,porque no es pariente del gobernador, ni era hijo del General Arturo Pancardo.
La persecución que se desentiende de la ley
De acuerdo con la informacion , elementos de la Guardia Estatal en Reynosa iban tras un vehículo gris y llevaron una persecución armada hasta una zona habitacional y comercial, alrededor de las 20:00 horas de ayer en las calles Querétaro y Campeche, pleno tianguis de Los Muros.
#reynosafollow,#tampico,#mtyfollow,#cdvictoria,#matamoros,#nuevolaredo “FUERON los GRITOS de su MADRE”: “PEDRITO ERA INOCENTE y 8 GUARDIAS ESTATALES ASESINOS de AMERICO lo MANDARON a la TUMBA como SICARIO”…reclamar,presionar y escandalizar es la formula.https://t.co/lmibrJioWM pic.twitter.com/0KzOhNnfdQ
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) November 7, 2024
Ahí caminaba el menor con su madre, su pareja y un bebé cuando quedó atrapado en medio del operativo y una bala lo mató en el lugar. Eso no es “mala suerte”, es un operativo que rompe el principio de máxima precaución hacia la población civil y revienta de frente el deber de no poner en riesgo a terceros en una acción de fuerza pública, eso es homicida y materialmente un acto asesino.
En términos legales, el cuadro mínimo a investigar es homicidio (doloso o, en el mejor de los casos para la autoridad, culposo) por uso desproporcionado de la fuerza en contexto urbano, abuso de autoridad y violación al deber de cuidado hacia civiles, además de posibles violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal protegidos constitucionalmente y por tratados de derechos humanos.
Aqui claramente se esta violentando la principal obligación legal de la Guardia Estatal,proteger a los ciudadanos en su integridad y bienes, en ese orden, incluso por encima de cualquier captura.
El expediente no se puede archivar en la carpeta mágica de “fue fuego cruzado” que en Tamaulipas y México es sinónimo de “nadie es responsable y el muerto se lo achacamos a la violencia en abstracto”.
Lo que aqui describe el resultado de la versión policial de “operar con hacha donde se necesita bisturí”, “remediar rasguños a plomazos con política de «disparales y luego viriguas» de tiempos de la revolución mexicana.
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— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) April 24, 2026
LA «CIFRA debería SACAR CHISPAS»: «SAN PEDRO de las EJECUCIONES el MAS SEGURO y REYNOSA donde SIEMPRE se PUEDE estar PEOR le GANA a CULIACAN como MAS INSEGURA»…o lo que es lo mismo; cuando el crimen organizado gobierna al gobierno.… pic.twitter.com/XOAXBCoOfk
Es la lógica de fuerza bruta y reactiva que sacrifica el deber de proteger a la población en nombre de una supuesta lucha contra el crimen que se va perdiendo en Tamaulipas,basta con voltear a ver las cifras de Reynosa en materia de percepción ciudadana de inseguridad.
Ni que decir de las cifras nacionales de brutalidad e impunidad policial, donde 99 de cada 100 agresiones quedan sin sanción, muestran que esto no es excepción sino patrón normalizado lo mismo en Tamaulipas o Veracruz,lo mismo la policia que el ejercito.
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— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) April 22, 2026
EL «INSTINTO ASESINO del GATILLO FACIL»: «POLICIA VERACRUZADA MATA por HORROR,VULGO a lo PENDEJO a MEDICA que JAMAS les DISPARÓ»…si no te asesina el narco,lo hace la policia,el ejercito o un zafarinfas en una pirámide.… pic.twitter.com/WsX8fsUmLK
Que debe hacer el Fiscal Govea
Después de un civil muerto en un operativo, el libreto de un fiscal serio arranca con algo muy concreto: asegurar la escena, identificar todos los tiradores, separar, recoger y resguardar las armas de los policías y peritos balísticos comparando casquillos, trayectorias y proyectil extraído del cuerpo si lo hubiera con cada arma de cargo. El objetivo es simple: determinar si alguna de esas armas es el arma homicida y si la trayectoria y distancia son compatibles con la versión policial o la desmienten.
Sin decomiso inmediato y cadena de custodia de las armas oficiales, la investigación nace muerta y la escena se convierte en un collage de comunicados autoexculpatorios. Cualquier fiscal mínimamente celoso debería pedir no sólo balística comparativa, sino también reconstrucción de hechos, georreferenciación de tiradores y líneas de fuego, análisis de cámaras, radios y GPS de las unidades para contrastar la narrativa oficial con la física elemental: desde dónde se disparó, hacia dónde, a qué altura y con qué resultado. Sin eso, lo que hay no es investigación, es coartada institucional que podria simplemente echarle la culpa al Cartel.
Violaciones legales que se asoman en el caso
La nota consigna que se acordonó la zona y llegaron peritos de la Fiscalía a hacer el levantamiento del cuerpo e iniciar diligencias. Lo que no se dice es si se aseguraron las armas de los agentes, si se les practicaron pruebas de radizonato de sodio, si se levantaron planos periciales de la balacera o si sólo se montó la típica escena de cinta amarilla y fotos sin consecuencias.
Estas son algunas violaciones previsibles que habría que perseguir como perro de casa, no como fiscal de escritorio:
- Uso desproporcionado de la fuerza en zona habitacional y comercial, sin evaluación de riesgo para terceros.
- Falta de medidas de contención y aislamiento del objetivo para no arrastrar la persecución hasta un entorno poblado, contrario a principios de actuación policial.
- Posible homicidio culposo por negligencia grave, al no evitar una situación donde el desenlace previsible era herir o matar civiles.
- Omisión de deber de protección: el Estado, a través de sus policías, produjo el riesgo letal que terminó con la vida de un adolescente que caminaba con su familia.
Si además no se decomisan las armas ni se establece con claridad la línea de fuego homicida, se suma un probable encubrimiento por favorecimiento, esta vez desde la propia investigación y el fiscal es corresponsable.
La víctima colateral como método de trabajo
Llamar “víctima colateral” al menor es la forma aséptica de decir: “nuestro modo habitual de operar incluye la posibilidad de matar gente inocente y seguir como si nada”. Ese lenguaje despersonaliza al adolescente, borra la responsabilidad concreta de quienes jalaban el gatillo y la traslada a una abstracción llamada “fuego cruzado”.
Si a esto se le suman antecedentes de Reynosa donde menores han muerto en contextos similares de fuego cruzado o presunto ataque de fuerzas de seguridad, el caso encaja en un patrón más amplio de operativos mal diseñados, que tratan las vialidades y colonias como campos de batalla y a las familias como ruido ambiental.
Con informacion: HoyTamaulipas/
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