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«ENTONCES PROCESEN a la DOCTORA: PRIETO HABLA de la JUSTICIA Vs PANISTAS en TAMAULIPAS SIN HABLAR de HIJO y ESPOSA de AMERICO ACUSADOS por EMPRESARIO»…que pide eso,Justicia.

Al afirmar que cualquier investigación por presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos debe desarrollarse conforme a derecho, sin distinciones políticas, Humberto Prieto Herrera fijó su postura sobre el proceso que enfrenta Yahleel Abdala Carmona, exsecretaria de Bienestar Social bajo el gobierno panista De Francisco Javier García Cabeza de Vaca,a quien solo identifica como YAC, citando:…

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8–11 minutos

Al afirmar que cualquier investigación por presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos debe desarrollarse conforme a derecho, sin distinciones políticas, Humberto Prieto Herrera fijó su postura sobre el proceso que enfrenta Yahleel Abdala Carmona, exsecretaria de Bienestar Social bajo el gobierno panista De Francisco Javier García Cabeza de Vaca,a quien solo identifica como YAC, citando: “si hay delito que se pague”, y a la vez descartó que se trate de una persecución política.

El contraste brutal es este: mientras el expanista neomorenista,Humberto Armando Prieto Herrera ,lider de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas dominado por Morena, pero dominados por el gobernador, posa de apóstol de la legalidad, la red de moches, extorsiones y favores alrededor del hijo prodigo del Gobernante apodado el “Ameriquito” y compañía sigue intocada, blindada por la esposa del mandatario María de la Luz Santiago Diez de Bonilla, el mismo sistema que él dice combatir.

El discurso hipócrita de Humberto Prieto

Cuando Prieto dice “si hay delito, que se pague”, no está hablando de justicia: está leyendo el guion del gobernador acusado por EE.UU de diversos delitos, desde «delitos por Huachicol hasta corrupcion».

Aquí Prieto, como su conciencia,trata de salvar la cara del Congreso sometido a Morena y a la voluntad de Américo Villarreal. La frase suena muy bonita mientras se dirige a un caso donde el aparato ya decidió a quién cargarle todo el peso del Estado; es justicia selectiva, con destinatario previo.

El Presidente de la Junta de Gobierno vende la idea de que la ley es pareja, pero la propia historia reciente de Tamaulipas lo contradice: hay denuncias, nombres, montos, operadores y hasta modus operandi documentados… y nadie de ese círculo está siendo llevado a audiencia ni a imputación formal.

Es la clásica doble moral institucional: golpean al criticado y protegen al que reparte despensas, contratos y moches.

La red de moches que el Congreso finge no ver

El empresario Israel Valdez ha relatado, en entrevistas nacionales, que el operador financiero de “Ameriquito”, Felipe Salinas Mansur, le exigió un “moche” de 110 millones de pesos para poder participar en un contrato de 541 millones por despensas. De esos 110 millones, según su testimonio, 80 se quedarían para el hijo del gobernador y 30 en efectivo para los operadores, incluyendo lo que se describe como estructura morenista.

Tras negarse a pagar, el aparato estatal se activó no para investigar la extorsión, sino para inventarle un proceso, acusarlo de falsificación y daño al erario, y ponerlo frente a una pena de hasta 17 años de cárcel con una multa de 162 millones. Es decir: el mensaje para los empresarios es claro, si no aceptas el moche, la Fiscalía Anticorrupción y el poder judicial se convierten en garrote político, como cita también Hector de Mauleon para EL UNIVERSAL.

En otro video, el mas reciente publicado por el empresario,se sintetiza esa radiografía: “el operador de su hijo Felipe Salinas Mansur me pidió 110 millones de pesos de moche, al no prestarme armaron todo este caso”, y remata preguntando si su proceso lo manejan Salinas y Jorge Veas, ambos señalados en múltiples notas por corrupción. No es un pleito de grilla: es una denuncia frontal de captura de instituciones por una red de intereses económicos.

La intervención de la esposa del gobernador

La primera dama de Tamaulipas, María de la Luz Santiago de Villarreal, no aparece solo en la foto oficial: aparece incriminada en las historias de presión, soborno y “arreglo” fuera de la ley. El empresario la señala que lo buscó directamente para convencerlo de desistir, ofreciendo contratos como moneda de cambio.

Esa intervención, lejos de ser un gesto institucional, es la fotografía de la impunidad: la esposa del gobernador jugando a mediadora en una trama donde el hijo está señalado por extorsión y sus operadores aparecen como cobradores de moches en todas las dependencias del gobierno. Si la Fiscalía Anticorrupción admite que investiga al empresario y no a la red que lo habría extorsionado, lo que tenemos no es combate a la corrupción, sino persecución del denunciante.

El contraste con el discurso de Prieto es brutal: mientras él suelta frases de “que se pague el delito” en abstracto contra una panista de otro gobierno rival politico pero enemigo de facto, el entorno más cercano del gobernador –esposa, hijo y operadores– navegan sin siquiera ser citados a declarar por las acusaciones directas y detalladas que se han hecho en medios nacionales.

La Fiscalía Anticorrupción como garrote selectivo

La llamada Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, en este entramado, aparece no como contrapeso, sino como brazo ejecutor de la estrategia de castigo contra quienes se niegan a entrar en el juego del moche. Testimonios y notas describen cómo, tras la negativa del empresario a pagar 110 millones, se activa una serie de investigaciones y medidas que lo arraigan y lo colocan bajo asedio institucional.

Al mismo tiempo, los señalamientos contra los operadores de Ameriquito –Felipe Salinas, Jorge Luis Beas, Francisco de Jesús Justiniani, y otros cercanos como Carlos Ernesto Orozco Morales– se acumulan: extorsión, intimidación, moches de sueldos, vínculos con cárteles y uso del aparato estatal para cobrar cuotas. Todo esto con denuncias, documentos y testimonios públicos, pero con una notable ausencia de imputaciones formales y medidas cautelares contra ellos.

Frente a esa radiografía, la frase de Prieto se vuelve profundamente cínica: “si hay delito, que se pague” sirve solo para los enemigos del sistema; los delitos que se describen dentro del círculo del gobernador se administran en la recámara política, no en los tribunales.

Por qué todos los señalados deben ser investigados y procesados,inlcuida la esposa del mandatario

  1. Felipe Salinas Mansur
    • Señalado como operador financiero de Ameriquito y como quien exige el “moche” de 110 millones al empresario para destrabar un contrato de despensas.
    • Su papel central en la negociación y posterior represalia configura indicios de extorsión, cohecho y posible asociación delictuosa, suficientes para abrir carpeta formal, cateos, aseguramiento de cuentas y citación como imputado, no como actor político protegido.
  2. Américo Villarreal Santiago (“Ameriquito”)
    • Hijo del gobernador, señalado no solo como beneficiario de los 80 millones del moche, sino como jefe de una estructura que recaudaba cuotas mediante contratos y cobros coordinados con dependencias estatales.
    • Al estar su nombre en denuncias públicas y entrevistas nacionales, y ligado a esquemas de extorsión y presuntos vínculos con cárteles vía operadores, la omisión de investigarlo mina la credibilidad de cualquier discurso de legalidad que salga del Congreso.
  3. Jorge Luis Beas
    • Referido como representante legal del gobierno y esposo de Tania Contreras, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, que se acercó “a negociar” tras la demanda del empresario en el Tribunal de Justicia Administrativa y el fallo favorable de este último.
    • Su rol en la transición del conflicto contractual a una persecución penal sugiere posible abuso de autoridad, tráfico de influencias y participación en una represalia institucional contra un denunciante, lo que amerita investigación autónoma y sin línea del Ejecutivo.
  4. Francisco de Jesús Justiniani y otros operadores
    • Nombrado entre los operadores de Ameriquito que participan en la red de intimidación y moches, junto con otros perfiles incrustados en el gobierno como intermediarios entre el cártel y la autoridad.
    • Por los señalamientos de extorsión sistemática y cobro de cuotas que tambien controla Ameriquito en áreas como COEPRIS y Auditoría de Comercio Exterior, deben ser sujetos de investigación integral: patrimonial, fiscal y penal, no solo “trascendidos” sin consecuencias.
  5. María de la Luz Santiago / Ma. Santiago de Villarreal
    • Señalada por buscar al empresario denunciante para “arreglar” el tema con contratos, lo que implica el uso de la posición de primera dama para favorecer intereses familiares y políticos.
    • En un Estado de derecho, esa intervención no se resuelve con silencio institucional: se requiere investigación por posible cohecho, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia, dado que el objetivo era frenar una acusación contra su hijo.
  6. Funcionarios cercanos como Carlos Ernesto Orozco Morales
    • Acusado de mochar sueldos de personal desde 2022, de operar como enlace con estructuras criminales y de coordinar mecanismos de extorsión desde la Secretaría General de Gobierno.
    • La suma de señalamientos —moches, vínculos con cárteles, protección política— hace inexcusable que continúe sin investigación sólida, mientras el Congreso presume combate a la corrupción y aplaude el discurso de “que se pague el delito”.

En todos los casos, hay elementos mínimos de probabilidad delictiva: denuncias públicas, montos, estructuras, contratos, nombres de dependencias y testimonios repetidos en distintos medios nacionales y locales. La no apertura de procesos formales contra ellos, frente al ensañamiento contra el empresario denunciante, confirma que la ley en Tamaulipas opera con dos pesas y dos medidas: dura con el que denuncia, blanda con el que reparte moches y controla el aparato.

Bajo este contexto, cada frase de Humberto Prieto funciona como un espejo invertido de este sistema: desnuda la hipocresía del discurso y contrasta su consigna de “que se pague el delito” con la lista de nombres, montos y mecanismos que siguen blindados por un poder político prostituido e inmoral, incluso por la propia esposa del gobernador.

Imposible con un Fiscal General de Justicia asi:

Con información: @Redes/ La Expresion/

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