La FGR finalmente movió una ficha del tablero: detuvo a Fausto Corrales, personaje clave en la historia del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y señalado también por el presunto encubrimiento del asesinato de Héctor Cuén. El detalle incómodo es el calendario: los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2024 y la autoridad apenas parece haber encontrado el camino hacia una captura.

La FGR parece trabajar con un método infalible: dejar que pase el tiempo, que se enfríe el expediente y, cuando el escándalo ya acumuló polvo suficiente, anunciar una detención como si acabara de descubrir América.

Ayer miércoles fue arrestado Fausto Corrales en Ciudad de México. No se trata de un personaje periférico: era quien manejaba la camioneta que llevó a Héctor Cuén al encuentro donde también estaban Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, el 25 de julio de 2024. Es decir, una pieza central de una trama que mezcla secuestro, asesinato, poder universitario y crimen organizado.

La FGR lo acusa de presunta participación en el secuestro de Zambada, encubrimiento del homicidio de Cuén y falso testimonio. Pero la pregunta no es sólo qué hizo Corrales, sino qué hizo —o dejó de hacer— la Fiscalía durante más de dos años mientras uno de los testigos más relevantes del caso seguía fuera de prisión.

En México, la justicia no siempre llega tarde: a veces se toma su tiempo, da varias vueltas, pide permiso, revisa el retrovisor y aparece cuando ya nadie espera que lo haga.

La detención de Corrales puede ser un avance, sí, pero también exhibe la parsimonia de una Fiscalía que reacciona cuando el caso ya se convirtió en símbolo de impunidad y no cuando las pruebas y los protagonistas estaban a la vista.

El hambre de Rocha Moya y su familia narrado por el muerto antes de morir:

Con información : DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN/MARCOS VIZCARRA/

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