La estrategia federal, con su componente militarizado, no está pacificando Sinaloa. La sangre salpica a la vista: están pacificando el conteo de muertos. Y eso no es una política de seguridad; es contabilidad funeraria al servicio de la propaganda mañanera, recurrentemente argüendera.

Mientras el discurso oficial presume una reducción de homicidios, las fosas clandestinas siguen devolviendo lo que el Estado prefiere no registrar: cuerpos, restos, nombres y familias condenadas a buscar por cuenta propia. En Sinaloa, la muerte no desaparece porque una autoridad deje de sumarla; sólo se vuelve más cómoda para quien presenta cifras desde una grafiquita manipulada,la especialidad de Omar García Harfuch.

La investigación de Noroeste exhibe una diferencia brutal: entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, la Fiscalía de Sinaloa reconoció 89 hallazgos de restos humanos, cuerpos y osamentas en fosas clandestinas; el registro periodístico documentó 223 en el mismo periodo. No es un desfase menor, ni una diferencia metodológica inocente: son 134 hallazgos que la versión oficial deja fuera. Muertos que no caben en el boletín.

La perversidad del maquillaje está en el mecanismo: una persona desaparecida no siempre incrementa el conteo de homicidios; unos restos sin identificar tampoco. Así, la violencia puede mantenerse intacta —o empeorar— mientras la estadística oficial aparenta una mejoría. El cadáver sin carpeta concluida, sin identidad, sin clasificación final, es una cifra que el gobierno puede aplazar. Para la familia, en cambio, no hay aplazamiento posible.

Desde septiembre de 2024 hasta julio de 2026 se reportaron 310 hallazgos de restos y osamentas en Sinaloa, prácticamente uno cada tres días. La mayoría fue localizada por colectivos de buscadoras, no por un aparato estatal que presume control territorial y capacidad investigativa. Son las madres, hermanas e hijas quienes caminan bajo el sol, escarban tierra y encuentran la evidencia que después el poder administra con pinzas.

El caso de Concordia lo retrata con una claridad obscena. Diez mineros y un ingeniero fueron privados de la libertad; posteriormente hubo cuerpos localizados e identificados mediante ADN. Aun así, colectivos encontraron otros cinco cuerpos en fosas cercanas que, según reportó Noroeste, la Fiscalía estatal no contabilizó. No se trata sólo de una falla burocrática: es el tipo de omisión que convierte el dolor humano en una variable inconveniente.

También están las desapariciones: 4 mil 269 denuncias por privación ilegal de la libertad entre septiembre de 2024 y julio de 2026, un promedio de 6.2 cada día, tres veces por encima del promedio previo al choque entre las facciones de Guzmán y Zambada. En 2025 se registraron 2 mil 247 denuncias, el máximo histórico estatal. Pero el gobierno parece haber encontrado una salida narrativa: si no aparecen, no se cuentan como asesinados; si aparecen despedazados, se retrasan en la estadística; si nadie los identifica, se vuelven expediente y no persona.

Ese es el núcleo del engaño: no pueden garantizar la vida, no pueden frenar las desapariciones, no pueden impedir que los colectivos encuentren fosas una tras otra. Pero sí pueden alterar la fotografía pública de la crisis reduciendo el universo de lo que deciden reconocer.

Un gobierno que necesita esconder muertos para presumir resultados no combate la violencia: administra su encubrimiento. Y un Estado que deja a las familias la tarea de buscar, identificar y llorar a las víctimas no merece crédito por bajar una cifra; merece ser tratado como lo que demuestra ser: un gobierno que miente, o que ha renunciado tan profundamente a su deber que ya no distingue entre ambas cosas.

Con información; NOROESTE/

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