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SE “EQUIVOCA” FISCAL que ESTUVO en el TAMBO: GOVEA BUSCA COMBATIR el FEMINICIDIO con POPULISMO PENAL de 90 AÑOS… el Estado amenaza mucho, pero siempre alcanza poco.

El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco se equivoca cuando propone castigos de hasta 90 años por feminicidio como si el problema central fuera que al Código Penal le faltaran números grandes. El feminicidio no se combate inflando la pena en el micrófono: se combate investigando con perspectiva de género, preservando pruebas, protegiendo víctimas y logrando…

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El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco se equivoca cuando propone castigos de hasta 90 años por feminicidio como si el problema central fuera que al Código Penal le faltaran números grandes. El feminicidio no se combate inflando la pena en el micrófono: se combate investigando con perspectiva de género, preservando pruebas, protegiendo víctimas y logrando sentencias condenatorias que realmente se cumplan y desalienten al resto, pues conducta que se castiga,no se replica.

Resulta además incómodo —por no decir grotescamente irónico— que quien hoy se presenta como promotor de condenas monumentales sea un fiscal cuya trayectoria pública carga señalamientos graves, una detención, auto de formal prisión y siete meses en un penal federal antes de recuperar la libertad bajo reserva de ley , no fue absuelto. Eso no sustituye una sentencia ni autoriza una condena mediática, pero sí vuelve indispensable que el funcionario responda con precisión y transparencia, no con desdén.

La pena ya es alta

La legislación penal no carece de severidad. El problema jurídico y político consiste en que una pena, por más astronómica que sea, sólo opera después de una investigación eficaz y una sentencia firme. Entre el crimen y esos hipotéticos 90 años existe una cadena institucional que suele romperse mucho antes:

  • La denuncia que no se recibe o se minimiza.
  • La orden de protección que llega tarde o no se vigila.
  • La escena del crimen contaminada.
  • La necropsia sin protocolos adecuados.
  • La investigación que clasifica una muerte violenta como suicidio, accidente u homicidio simple.
  • La carpeta integrada con omisiones que permiten la absolución o la reclasificación.
  • La impunidad que enseña al agresor que el Estado amenaza mucho, pero alcanza poco.

El derecho penal no es un concurso de quién propone la cifra más aparatosa. La pena tiene sentido si es legal, proporcional, individualizada y ejecutable. Convertirla en eslogan equivale a confundir justicia con utilería punitiva.

El populismo de los 90 años

Hablar de 90 años suena contundente; jurídicamente, puede ser sólo pirotecnia. Una condena que supera ampliamente la expectativa de vida difícilmente añade capacidad investigadora, presupuesto forense, policías capacitadas o ministerios públicos capaces de sostener una teoría del caso ante un juez.

La disuasión depende mucho menos de la ferocidad abstracta del castigo que de la certeza razonable de ser investigado, detenido, procesado y sentenciado. Un agresor no hace cálculos finos entre 60, 70 o 90 años cuando sabe —o cree— que puede escapar de la investigación. La impunidad no se intimida con decimales penitenciarios.

Por eso es tramposo vender como política de protección a las mujeres una modificación legislativa que no toca el cuello de botella real: la eficacia estatal. Si la Fiscalía no logra acreditar razones de género, construir evidencia robusta y sostener acusaciones hasta la sentencia, los 90 años serán una lápida retórica sobre expedientes mal armados.

El fiscal debe perseguir, no posar

El propio fiscal dijo que la propuesta federal abriría la puerta a revisar la codificación local y que veía “pertinente endurecer las penas”; también habló de homologar criterios de investigación y combatir la impunidad. Ahí está precisamente la contradicción: si se reconoce que el objetivo es reducir la impunidad, el primer anuncio no debería ser una condena de fantasía, sino un plan verificable de persecución penal.

Que explique, por ejemplo:

  • Cuántas muertes violentas de mujeres fueron investigadas inicialmente como feminicidio.
  • Cuántas carpetas se judicializaron.
  • Cuántas obtuvieron sentencia condenatoria firme.
  • Cuánto tarda la Fiscalía en dictar y ejecutar medidas de protección.
  • Cuántos peritos especializados tiene y en qué municipios.
  • Cuántas reclasificaciones, archivos temporales y absoluciones obedecen a deficiencias ministeriales.

Eso sería una política criminal seria. Lo otro es el viejo reflejo del Estado que fracasa en lo complejo y compensa en lo simbólico: como no garantiza justicia, ofrece castigo desmesurado; como no acredita delitos, promete penas eternas.

La ironía final

El fiscal que estuvo en el tambo debería saber mejor que nadie que el poder punitivo no se mide por la longitud de una condena escrita en una iniciativa. Se mide por su apego al debido proceso, por la calidad de sus investigaciones y por su capacidad para castigar a los responsables con los que suelen aparecer retratado el gobernador, sin fabricar culpables ni abandonar víctimas.

Las mujeres de Tamaulipas no necesitan un fiscal que subaste años de prisión desde el atril. Necesitan una Fiscalía que llegue antes que el feminicida, que actúe antes que la tragedia y que, cuando el crimen ocurra, no pierda el caso antes de llegar a juicio.

Con información: HoyTamaulipas/

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