ValorTamaulipeco

¿En qué país del mundo un senador señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico —con una solicitud de detención con fines de extradición desde Estados Unidos y una carpeta abierta en la Fiscalía General de la República— puede reaparecer en su escaño como si hubiese vuelto de un retiro espiritual ? En México, donde el fuero puede terminar pareciéndose menos a una garantía constitucional y más a un búnker político.

Enrique Inzunza regresó al Senado ayer lunes, 124 días después de evaporarse de la vida pública. Volvió sin Rubén Rocha Moya en la gubernatura de Sinaloa, fuera de la bancada de Morena y bajo investigación de la FGR.

Pero no volvió para rendir cuentas, pedir licencia o facilitar el esclarecimiento de las acusaciones: volvió con la espada desenvainada, a repartir culpas, denunciar una “embestida mediática” y declararse “constitucional y verídicamente inocente”. Una fórmula peculiar: la inocencia se presume; la “inocencia constitucional”, en cambio, parece ser el nuevo blindaje retórico para no responder por el fondo.

Nadie está obligado a probar su inocencia ante los micrófonos, ni una acusación equivale a una condena. Eso es elemental en cualquier Estado de derecho serio. Pero también debería ser elemental que un senador bajo una investigación tan grave no use su investidura, su fuero ni la lentitud institucional que caracteriza al partido en el gobierno y que encabeza Claudia Sheinbaum, como parapeto para seguir ejerciendo poder público mientras exige, con prisa selectiva, que la Fiscalía concluya un expediente que lleva apenas cuatro meses abierto.

Inzunza reclama que la FGR “deslinde responsabilidades”, como si fuera una víctima de la tardanza burocrática y no un funcionario de alto nivel alcanzado por una investigación que incluye a nueve exfuncionarios y funcionarios sinaloenses, además del entonces gobernador, por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. Su exigencia de celeridad sería impecable si estuviera acompañada de una renuncia temporal al blindaje institucional. Pero no: pide que lo investiguen rápido, siempre y cuando él permanezca cómodamente sentado en el Senado.

Y ahí está la obscenidad política: separarse de la bancada de Morena no equivale a apartarse del poder. Abandonar el grupo parlamentario puede servir para administrar el costo partidista, para fingir distancia, para limpiar la fotografía de familia; no sirve para despejar sospechas ni para restituir credibilidad. El senador se va de la bancada, pero no de Morena; rompe con el grupo, pero conserva el escaño; rechaza los señalamientos, pero no renuncia a la protección que le brinda el cargo. Una independencia cuidadosamente calculada: sin partido parlamentario, pero con fuero; sin bancada, pero con tribuna; sin responsabilidades políticas, pero con todos los privilegios del puesto.

Morena, por su parte, ha marcado distancia demasiado tarde. Claudia Sheinbaum, Ariadna Montiel y sus propios correligionarios le han pedido licencia para que enfrente la investigación sin la protección del fuero, pero solo tras el desaguisado de Rocha Moya cuando la presidenta se cubrió de indignación en redes.

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“YA PA’ QUEJARSE está el PUEBLO: CONDENA TEATRERA de SHEINBAUM a ROCHA, SIN NOMBRARLO, NO le QUEDA a la PRESIDENTA…ahora resulta que es víctima y no parte de victimarios". https://t.co/5d8EjY23by

— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) August 22, 2026

Porque la pregunta no es solamente qué hará Inzunza, sino qué hará el sistema frente a un legislador que se niega a separarse del cargo mientras pesa sobre él una investigación de esta naturaleza. ¿Basta con que el partido lo invite a irse ? ¿El Senado no tiene más respuesta que observar, incomodarse y seguir con el orden del día?

El Estado de derecho no se atropella únicamente cuando se encarcela sin pruebas o se condena sin juicio. También se degrada cuando quienes deben responder ante la justicia pueden volver al recinto legislativo, ofrecer conferencias de prensa, desacreditar a la prensa y convertir una pesquisa penal en una campaña de victimización.

El estado de derecho se degrada cuando la presunción de inocencia se invoca como salvoconducto para eludir la responsabilidad política. Y se pudre cuando la ley parece exigir decencia a los ciudadanos comunes, pero admite excepciones para quienes tienen curul, fuero y relaciones de poder.

Que la Fiscalía investigue con rigor, sin consignas, sin montajes y sin dilaciones como nos tiene acostumbrados. Que presente pruebas o cierre el caso, según corresponda. Pero mientras eso ocurre, Inzunza debería pedir licencia. No porque ya haya sido declarado culpable —no lo ha sido—, sino porque el Senado no puede convertirse en refugio de funcionarios bajo investigación por presuntos nexos con el crimen organizado.

La verdadera pregunta no es si Enrique Inzunza es “narcolegislador”, como él rechaza airadamente. La pregunta es más incómoda: ¿qué clase de República permite que un senador investigado por acusaciones de tal magnitud se aferre al cargo, invoque el fuero como escudo y se presente como perseguido, mientras las instituciones encargadas de hacer valer la ley avanzan a paso de tortuga?

En un país con instituciones firmes, el cargo no sería coartada. En México, demasiadas veces, parece ser la mejor defensa.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELIA CASTILLO/